La ofensiva republicana abre varios frentes contra la sanidad y la educación para los indocumentados

Varios Estados republicanos han escalado su persecución contra los inmigrantes que carecen de documentos legales para residir en Estados Unidos y amenazan con afectar a sus necesidades más básicas. Hasta ahora, los migrantes no tenían que declarar su estado migratorio para recibir asistencia médica en los hospitales ni para que los niños acudieran a las escuelas. La semana pasada, sin embargo, se han conocido dos propuestas de dos Estados gobernados por los republicanos que acabarían con ese anonimato.

En Texas, los hospitales tendrán que informar del estatus migratorio de los pacientes que asistan y, en Oklahoma, se estudia la forma de evaluar el coste que suponen los migrantes sin papeles para el sistema educativo, para lo que se prevé que el Gobierno obligue a los estudiantes a revelar si disponen o no de residencia legal. Aunque las medidas se justifican con otros argumentos, la ofensiva contra los migrantes sigue la estela del discurso republicano de poner fin a la inmigración irregular y de llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país, propuesta estrella del candidato presidencial del partido conservador, Donald Trump.

En Texas, el gobernador Greg Abbott ha firmado una orden ejecutiva que obligará a los hospitales a preguntar a los pacientes si son o no ciudadanos estadounidenses y si tienen permiso de residencia. Además, los centros sanitarios deberán informar a las autoridades de los costes que supone el internamiento de estos enfermos y los tratamientos médicos recibidos. Es la última envestida del gobernador republicano contra los migrantes, quien el 13 de agosto anunció la instalación de más alambradas en la zona fronteriza de Eagle Pass para impedir la llegada de nuevas personas.

“El aumento de gastos de los hospitales de Texas que prestan atención médica a personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos sobrecarga el sistema de atención médica del Estado”, declaró Abbott al anunciar la medida el 8 de agosto. El gasto que los migrantes suponen a las arcas públicas ha sido un argumento recurrente de los conservadores, a pesar de que las estadísticas muestran que es mayor el beneficio que aportan a la economía, entre otras razones por los empleos que ocupan y por los impuestos que pagan. Hay estudios que revelan que los migrantes indocumentados pagan a la Seguridad Social, a través de sus impuestos, más de lo que usan, pues acuden al médico menos que los estadounidenses.

Una vez que los hospitales informen, con una periodicidad anual, del gasto que supone la atención hospitalaria y de emergencia de esos migrantes, el Estado de Texas pedirá el reembolso al Gobierno federal. “Texas responsabilizará a la Administración Biden-Harris por las consecuencias de su política de fronteras abiertas, y lucharemos para garantizar que le paguen a Texas por sus costosas y peligrosas políticas”, justificó el gobernador.

En un país en el que la sanidad privada alcanza costes desorbitantes, el seguro médico, si no es a través de un empleador, es un lujo que pocos pueden pagar. Es el caso de muchos de los migrantes que se encuentran en situación irregular en el país, cuyo único recurso que tienen cuando se enferman es acudir a la sala de urgencias de los hospitales. Por ley, en estos centros no pueden negar a nadie la asistencia médica, sin importar si tienen o no papeles.

Así lo recordó la Asociación de Hospitales de Texas al conocer el decreto de Abbott. “Es un requisito nuevo y lo estamos revisando lo más rápido posible. En este momento, los hospitales no preguntan sobre el estatus migratorio del paciente como condición para el tratamiento. Están obligados por ley a brindar tratamientos que salven vidas a cualquier persona, independientemente de su capacidad de pago o su estatus”, afirmó en un comunicado.

La consecuencia más inmediata cuando la norma entre en vigor el 1 de noviembre, es que los enfermos no van a solicitar la asistencia médica que necesiten por miedo a las represalias que pueda suponer desvelar su condición de indocumentados. En teoría, los hospitales tendrán que informarles de que los datos no serán utilizados para ningún otro fin, pero es poco creíble en un Estado donde la llamada operación Lone Star contra la inmigración ha supuesto la detención de cientos de miles de ellos. El propio Abbott presumía este miércoles en su cuenta de X (antes Twitter) de que en dos años Texas ha detenido a 517.400 migrantes y enviado a 119.400 migrantes a ciudades santuario, donde las políticas contra los indocumentados son menos represivas.

“Dicen que la información no se va a utilizar contra ellos, pero eso crea temor en la comunidad, porque no se puede confiar en que el Gobierno de Texas no vaya a usar esa información contra ellos”, opina Adriel Orozco, consejero senior del American Immigration Council, una organización dedicada a la defensa de los migrantes. “La gente no va a recibir el cuidado médico que necesitan. En Florida ya pasaron una ley y muchos no han ido al hospital. En Texas va a pasar lo mismo”, augura.

El también republicano gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una legislación en 2023 que obliga a los hospitales a pedir a los pacientes su estatus migratorio. En teoría la norma solo se aplica en los hospitales que proveen Medicaid, pero la realidad es que se ha extendido a más centros y muchos enfermos no han querido recibir asistencia por miedo a ser detenidos y deportados.

Identificación para poder estudiar

Algo parecido y con el mismo espíritu antiinmigrante es lo que el superintendente de Instrucción Pública de Oklahoma, Ryan Walters, quiere hacer en su Estado. En la reunión mensual de la Junta Estatal de Educación, Walters anunció la semana pasada que planea pedir a los administradores escolares que ayuden a su oficina a calcular “el costo y la carga” de la inmigración ilegal en sus distritos. “El Gobierno federal no ha logrado asegurar nuestra frontera. Nuestras escuelas están sufriendo por ello”, dijo.

Walters, que ha sido muy polémico por su propuesta de imponer el estudio de la Biblia en las escuelas públicas, no detalló cuáles serán las medidas, pero todo apunta a que las escuelas tendrán que preguntar el estatus migratorio de sus estudiantes. Ello a pesar de que el derecho a la educación de primaria y secundaria está protegido por ley en Estados Unidos, sin discriminar entre ciudadanos o no ciudadanos e independientemente de sus papeles.

El Departamento de Educación del país recuerda que “un Estado no puede negar el acceso a la educación pública a ningún niño que resida en ese Estado, incluidos los niños que no son ciudadanos y no tienen documentación de inmigración. La Corte Suprema dejó esto claro hace casi cuarenta años en un caso llamado Plyler contra Doe”, recoge en su página web. Y, en ningún caso, se puede pedir que revelen si son o no residentes legales. “Los distritos escolares no pueden solicitar información sobre la ciudadanía o el estado migratorio de los estudiantes o sus familias con el propósito o resultado de negarles el acceso a oportunidades educativas”, se aclara.

Sin embargo, como ocurre en el caso de Texas, el hecho de tener que definirse como migrante sin permiso legal de residente ya apunta a una discriminación dentro de la comunidad de estudiantes. Los datos más recientes del Instituto de Política Migratoria, organización dedicada a estudiar la inmigración, estima que en 2022 había unos 90.000 migrantes indocumentados en Oklahoma. De ellos, 6.000 son menores de 17 años, de los que el 89% está matriculado en las escuelas.