Condenado a 21 años de prisión el exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía

La Corte Suprema ha condenado este miércoles al exgobernador vallecaucano Juan Carlos Abadía (2008-2010) a 21 años y siete meses de prisión. Lo ha encontrado culpable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, en un convenio firmado en 2010 para dotar 40 bibliotecas de 10 municipios del departamento. Aunque la decisión de una condena ya se conocía desde noviembre, este miércoles el alto tribunal ha establecido la pena en una sentencia que es de ejecución inmediata y que también incluye una multa de 914 millones de pesos (unos 230.000 dólares). El político, por su parte, tiene la posibilidad de apelar el fallo para su revisión en segunda instancia.

El caso refiere a la contratación de la Fundación Calimio por 1.000 millones de pesos (unos 500.000 dólares, al cambio de la época). No se realizó la licitación pública que correspondía, el presupuesto se hizo sin un estudio de mercado adecuado y el objeto social de la fundación era diferente al del convenio. A su vez, la organización beneficiada subcontrató la compra de libros a dos editoriales que cobraron montos más altos a los del mercado por encargarse de las adquisiciones. Según la Corte, al final se pagaron solo 182 millones de pesos por libros, lo cual implica sobrecostos de 817 millones —la diferencia con lo que Calimio recibió de la Gobernación—.

El alto tribunal consideró en su sentencia que el funcionario sabía de las irregularidades que produjeron sobrecostos de más del 500% y que todo estuvo “perfectamente calculado”. “Actuó con consciencia de su antijuridicidad. Es una persona adulta, con formación académica, que para la época de los hechos reportaba algo más de dos años al frente de la Gobernación del Valle del Cauca”, valoró la Corte. Para el magistrado Ariel Augusto Torres, el entonces funcionario “optó de manera voluntaria por apartarse” de las normas constitucionales con el fin de “obtener un provecho para terceros”.

Antes de su caída, Abadía había vivido un ascenso meteórico en la política. Fue electo a la Asamblea de su natal Valle del Cauca en 2001, con solo 22 años. Contó con el apoyo de su padre, Carlos Herney Abadía, un exsenador que había delegado las labores políticas en su hijo tras ser condenado por recibir dinero del cartel de Cali en los años noventa. Después, pasó al Concejo de Cali, la capital departamental, y dio el salto a la Gobernación en 2008. Era joven y parecía imparable. Pero la caída fue tan rápida como el ascenso. Un año y medio antes de terminar su mandato, la Procuraduría lo destituyó por haber participado de una reunión con un candidato a sucederlo en las elecciones locales de 2011.

El contrato irregular no es el único problema jurídico de Abadía, que mantuvo su influencia en la política departamental pese a una inhabilitación de varios años. Está imputado en el caso del cartel de la Toga, un entramado de corrupción en la Corte Suprema que consistía en desviar investigaciones a cambio de dinero. El exgobernador está acusado de presuntamente haberle pagado 400 millones de pesos al fiscal Luis Gustavo Moreno —ya condenado— para que evitara el avance de un proceso en su contra.

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