El Estado colombiano no pudo

Nada que le saque a uno más la piedra que la declaración de que los homicidios han disminuido en comparación con el año anterior mientras la inseguridad se dispara como nunca en ciudades y pueblos de Colombia. Llevamos 54 casos de sicariato. Personas asesinadas en lugares teóricamente bien protegidos. Robos masivos en restaurantes. “A sol de hoy”, dijo el editorial de El Espectador, “la Policía no puede garantizar la seguridad de las personas, lo que significa que todos estamos en riesgo”.

La extorsión ha aumentado un 47%, hay 236 casos de denuncias de secuestros simples. No sabemos cuántos de secuestro extorsivo. La policía aumenta, pero no parece estar preparada para enfrentar a las bandas profesionales. Los expertos advierten que las cámaras de seguridad no alejan a los asesinos porque se esconden en los cascos que cubren el rostro, y las motocicletas para usos delincuenciales tienen placas robadas.

Y, como si fuera poco lo anterior, se abre paso la posibilidad de armar a todos los civiles que lo deseen para defenderse de los ladrones y asesinos que se encuentran por doquier. El columnista Ramiro Bejarano asegura que “se equivocan los empresarios que propician la doctrina a sangre y fuego como único camino para repeler la delincuencia, porque no advierten que ese remedio letal no pacifica sino que multiplica las desgracias”. Algo así como el reconocimiento de que el Estado colapsó y les toca a los ciudadanos reemplazarlo. A los poderes del Estado les quedó grande el tema de la seguridad. Darles a los civiles salvoconductos para portar armas es volver a la época de la violencia en la que las diferencias se resolvían a tiros, muchas veces alentados por el alcohol.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez ha venido insistiendo reiteradamente en que todos los procesos de paz en Colombia han fracasado porque el Estado ha sido incapaz de llenar los espacios territoriales que ocupaba la guerrilla. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo señalan que hay presencia guerrillera en 22 departamentos y 212 municipios. El ELN está en Norte de Santander, Chocó, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y Nariño. En el Cauca la gente sacó a punta de bolillo al Ejército de la patria y en el Caquetá y el Chocó arengan a la población los voceros de las disidencias. Todo eso en medio de un cese al fuego de parte del Estado.

Los principios fundamentales consagrados en la Constitución de asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado, en particular de la Fuerza Pública, en todo el territorio y la prohibición de promover, instigar, organizar, instruir, apoyar, tolerar, encubrir, favorecer o financiar la creación de grupos civiles armados, quedaría en veremos. Un himno a la bandera.

Los alcaldes hacen esfuerzos por restablecer la credibilidad en el Estado ampliando el número de policías en su jurisdicción. En Bogotá el alcalde Galán ha puesto en marcha un esfuerzo de 800 policías que apoyan en diferentes horarios la lucha contra el hurto, el homicidio y el tráfico de estupefacientes. Como la gente se aburrió de denunciar porque les da temor o porque no creen que sea de utilidad alguna, las cifras de las estadísticas públicas son chimbas. La extorsión se hace vía telefónica, con víctimas adolescentes y menores de edad, y en muchos casos sin el empleo de armas; el solo miedo es suficiente para que la persona entregue sus pertenencias. Está claro que se necesita una estrategia nueva porque a punta de policías inexpertos no vamos a derrotar a las bandas de profesionales no principiantes, casi todos con antecedentes penales.

La tarea del Estado que no se cumple es proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.