Álvaro Leyva, de canciller caído en desgracia a agitador de la Constituyente

Álvaro Leyva no se queda quieto. Reivindica que ha estado involucrado en diversos esfuerzos de paz desde 1984, gesticula con las manos, revuelve papeles y muestra documentos de todo tipo frente a las cámaras. Relata que incluso guarda un radioteléfono –”una especie de teléfono rojo”– con el que se comunicaba con Casa Verde, el campamento que albergaba a la cúpula de la guerrilla de las FARC hasta que fue bombardeado por los militares en noviembre de 1990. Su interlocutor es el periodista Hollman Morris, el gerente de la estatal RTVC, otro de los más cercanos escuderos de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea. “Qué mejor que poner en marcha ese articulito”, afirma Leyva en esa inusual entrevista de más de una hora en el sistema de medios públicos, emitida el pasado lunes, al defender su rebatida tesis de que un párrafo del acuerdo de paz que habla de un “acuerdo político nacional” faculta a Petro para convocar una Asamblea Constituyente. “No hay que pasar por el Congreso”, insiste en algún momento de esa distendida charla entre amigos.

Leyva (Bogotá, 81 años), un veterano político de origen conservador, ha sido a lo largo del periodo de Petro, que se acerca a la mitad de su cuatrienio, una suerte de comisionado de paz en las sombras. El presidente se ha hecho eco en más de una ocasión de los planteamientos de su excanciller, caído en desgracia por cuenta de la enrevesada licitación para elaborar pasaportes que le valió una suspensión de la Procuraduría, y eventualmente su destitución. Pero la idea de que el acuerdo de paz sellado a finales de 2016 abre las puertas a una Constituyente por decreto ha sido ampliamente considerada un disparate, y desmentida por todos los demás negociadores que participaron en los diálogos de La Habana.

“Usar el Acuerdo de Paz con las FARC para convocar una Constituyente es un absurdo, esa fue precisamente una de las líneas rojas que mantuvimos en la negociación”, le salió al paso, lapidario, Juan Manuel Santos, el presidente que selló ese histórico pacto. El también Nobel de Paz fue un pasó más allá, y envió una carta al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, en la que advierte que esa interpretación es contraria al espíritu, objeto, alcance y finalidad de los acuerdos.

Una Asamblea Constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la carta política de 1991, han señalado en coro prácticamente todos los juristas. La única excepción es el exfiscal Eduardo Montealegre, quien ha coincidido con Leyva en defender que Petro puede convocarla por cuenta del acuerdo de paz, e incluso alargar su periodo o buscar la reelección. Una idea que ya ha sido derrotada en varias sentencias de la Corte Constitucional, como recordaba un análisis del portal político La Silla Vacía.

En su momento, las FARC sí querían incluir la Constituyente en el acuerdo, pero los negociadores del Gobierno siempre rechazaron esa idea, han refrendado desde Rodrigo Londoño, Timochenko, el máximo jefe de la extinta guerrilla, hasta el senador Humberto de la Calle, que fue el negociador jefe de Santos en La Habana, y el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, el otro gran arquitecto de aquel proceso. “Es una tesis absolutamente equivocada”, ha dicho De la Calle. “Leyva se inventa 7 años después de la firma del acuerdo una Constituyente supuestamente incorporada a su texto, que extrañamente los férreos opositores a la paz nunca vieron ni denunciaron en todo este tiempo”, lo ha secundado el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, otro de los negociadores, en un intercambio con Leyva en el que lamentó que “la memoria le esté fallando y confunda fechas y episodios”. Ningún otro negociador ha apoyado las versiones con las que el primer canciller de Petro ha defendido su postura, que se remontan hasta la propia redacción del histórico pacto.

El papel de Álvaro Leyva en La Habana

La tesis del destituido canciller, que ha estado muy activo en sus redes sociales desde que fue definitivamente relevado como jefe de la diplomacia por Luis Gilberto Murillo el mes pasado, ha hecho desempolvar los libros sobre la difícil negociación de paz con las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se extendió por cuatro años. En un momento dado, los diálogos de La Habana se estancaron en torno al espinoso punto de justicia. Las discusiones llegaron a un punto muerto. Las partes decidieron entonces crear un grupo de juristas para superar el impase, tres escogidos por el Gobierno y otros tres por las FARC.

Santos eligió a Manuel José Cepeda, Juan Carlos Henao –el rector del Externado de Colombia que falleció en enero– y, por sugerencia del enviado especial del gobierno estadounidense, a Douglas Cassel, experto en derechos humanos y derecho internacional humanitario. La guerrilla seleccionó al defensor de derechos humanos Diego Martínez, al abogado y político español Enrique Santiago y al propio Leyva. “Un camino riesgoso, porque quedó una brizna de ambigüedad en su mandato”, rememora De la Calle en su libro Revelaciones al final de una guerra (Debate, 2019). “De nuestro lado, entendimos que se trataba de un grupo encargado de brindar asesoría, sugerencias e iniciativas para que fueran consideradas en la Mesa de Negociación. Las FARC creyeron que, por el contrario, se trataba de un escenario de negociación pleno, autónomo”, relata en su detallado testimonio de las negociaciones. Sergio Jaramillo y Álvaro Leyva acabaron por redactar un documento de 10 puntos que contenía la médula central de la fórmula de justicia, y que después acabó por alumbrar la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia transicional.

El excomisionado Jaramillo recuerda el papel de Leyva como el de “un asesor de las FARC, muy cercano a Iván Márquez”, el jefe negociador de la guerrilla que acabó por incumplir los acuerdos, retomar las armas y ahora se prepara, como líder de la Segunda Marquetalia, para sentarse a dialogar con el Gobierno Petro en el marco de la política de paz total. Define a Leyva como un negociador en representación de las FARC en los temas de la JEP y también de la introducción del acuerdo.

El abogado Diego Martínez, que conformó junto a Leyva el grupo de juristas, observa que su posición sobre la Constituyente ha venido matizándose. “Puedo decir de manera clara que el acuerdo no convoca una Asamblea Nacional Constituyente”, afirma en diálogo con EL PAÍS. “Leyva ha jugado un papel muy importante, pero siento que este debate está minando la legitimidad de un acuerdo de paz que recoge todo un consenso nacional, inclusive de los sectores del No. Ya no nos corresponde discutirlo, sino implementarlo”.

El canciller de la paz total caído en desgracia

“El sindicato del pasado no nos va a quitar el futuro”, ha repetido esta semana Leyva, que a sus 81 años lo ha sido casi todo en la política colombiana. Desde que fue secretario privado del presidente Misael Pastrana en 1970, ha sido concejal de Bogotá, representante a la Cámara, senador, ministro de Minas de Belisario Betancur (1982-1986) y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la carta política de 1991, como parte de las listas de la Alianza Democrática M-19.

En su paso por la Cancillería, Leyva solía presentarse como ministro de Relaciones Exteriores y Paz de Colombia, un título que no es oficial. Desde que Petro llegó al poder puso la diplomacia colombiana al servicio de su proyecto de paz total, con el que se propone dialogar en simultáneo con múltiples grupos armados. “Colombia aportará al mundo todo su esfuerzo para superar la crisis climática y del mundo esperamos todo el esfuerzo para superar nuestra violencia endémica”, declaró cuando anunció que Leyva sería su canciller, antes de posesionarse.

Entre sus logros tempranos, Colombia restableció muy pronto las relaciones con el Gobierno chavista de Venezuela –rotas desde 2019– y las enderezó con Cuba –maltrechas ante la hostilidad diplomática del periodo de Iván Duque–. Tanto Caracas como La Habana se convirtieron en países garantes de las mesas con la guerrilla del ELN y las agrupaciones de disidencias de las FARC. La gestión de Leyva, sin embargo, fue muy criticada por privilegiar esa agenda de negociaciones por encima de los demás intereses diplomáticos de Colombia, y también por los nombramientos de políticos cuestionados en misiones diplomáticas.

Mucho antes de su teoría sobre la Constituyente, Leyva ya había causado desconcierto con sus ataques a la JEP, al tiempo que promovía que el tribunal aceptara a los antiguos jefes paramilitares que ya habían tenido su propio sistema de justicia. “Nos preocupa que la institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, (…) se esté descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo”, le dijo al Consejo de Seguridad de la ONU en octubre del año pasado durante la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación en Colombia. Fue apenas uno de varios dardos lanzados contra la JEP. El presidente Petro ha retomado esos reparos en más de una ocasión.

El tribunal de paz, que ha contado con un robusto y sostenido respaldo de la comunidad internacional, respondió en su día con un comunicado en el que reivindicó su independencia frente a los demás poderes públicos. “El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes”, señaló. “Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP”, apuntilló.

Con Leyva, la Cancillería organizó dos “encuentros por la verdad y la no repetición” con el protagonismo de antiguos jefes paramilitares. Uno en mayo de 2023 en Juan Frío, el lugar sobre la frontera con Venezuela donde las Autodefensas Unidas de Colombia instalaron por primera vez hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de sus víctimas, en el que participó Salvatore Mancuso con un video desde el centro de detención en que se encontraba en Estados Unidos. Y otro en agosto de ese año con Carlos Mario Jiménez, Macaco, en Bogotá. Tras un amplio debate, la JEP aceptó a finales de 2023 a Mancuso, que llegó al país en febrero después de casi 15 años en Estados Unidos.

Leyva también pidió a la ONU, en abril del 2023, investigar lo que tanto él como Petro calificaron de “entrampamiento” a la paz, que es en alguna medida el argumento con el que Iván Márquez habla de los incumplimientos que lo llevaron a rearmarse. El pasado marzo, la experta de la ONU Antonia Urrejola concluyó que sí hubo reiterados obstáculos a los acuerdos, aunque no calificó esos episodios como un “entrampamiento”.

Rodeado constantemente por la controversia, más allá de algunas salidas diplomáticas en falso, fue la millonaria licitación de pasaportes el episodio que lo puso contra las cuerdas, al punto de acabar enfrentado en los pasillos de la Casa de Nariño con la entonces directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, que defendía la conveniencia de conciliar con la firma Thomas Greg & Sons. “Usted no cuida al presidente”, la increpó Leyva, según la reconstrucción que hizo el periodista Daniel Coronell en W Radio. “A mí qué me importa que condenen al Estado. Con lo que se demora un proceso en Colombia. Notifíqueme en la tumba, cuando salga el resultado de ese pleito ya voy a estar muerto”, dijo el canciller a los gritos. En su día, Petro tomó partido por Leyva y dejó caer a Zamora. El lío de los pasaportes, en cualquier caso, provocó la suspensión que acabó por sacarlo del Palacio de San Carlos. Eso no necesariamente quiere decir que el presidente Petro haya dejado de escucharlo.

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