Rodrigo Chaves revuelve las aguas políticas de Costa Rica al expulsar del Gobierno a su posible ‘delfín’

El presidente Rodrigo Chaves revolvió más las aguas políticas de Costa Rica a sólo seis semanas de cumplir la mitad del mandato presidencial, al expulsar de manera sorpresiva de su Gabinete al ministro que se empezaba a perfilar como posible abanderado suyo en las elecciones del 2026. Una aparente anomalía en el contrato a favor de una poderosa constructora fue la justificación que dio el mandatario para destituir el martes al titular de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, pero las noticias de los días próximos sólo han agregado agitación y tintes de drama al ambiente político en el país centroamericano que mezcla su tradición de estabilidad democrática con un proceso de fuerte de reconfiguración de fuerzas.

Ahora se conoce que desde enero existía un expediente penal para investigar la cuestionada contratación a la trasnacional Meco en la reparación de la pista del aeropuerto en la turística provincia Guanacaste (noreste del país). Entre los investigados está Luis Amador, pero también el propio presidente Chaves, quien acumula más de 30 investigaciones penales en su contra desde que tomó el poder en 2022 como abanderado de la anticorrupción. Desde enero, la Fiscalía General de la República abrió el expediente para indagar si hubo delito en la utilización de un decreto firmado por Chaves y por su ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, que resultó en la desaplicación de controles previos al procesar un contrato por más de 42 millones de dólares.

Sin embargo, la destitución de Amador la decidió Chaves de manera intempestiva y se la anunció por teléfono mientras él estaba de viaje oficial en Canadá, el país donde trabajó por años y del que tiene nacionalidad. Este dato cobró importancia el jueves, cuando tras regresar a Costa Rica decidió grabar un video en que calificó como “políticas” las razones de su despido y anunció que se iría del país para cumplir un “exilio voluntario” con el objetivo de estar fuera del alcance de “los tentáculos del mal”, en aparente alusión a Chaves. Además, adelantó que volvería para la campaña presidencial del 2026. El viaje fue inmediato; el viernes por la mañana tomó el vuelo, pese al imprevisto de tener que entregar su teléfono móvil y computadora personal a policías judiciales que ahí lo esperaban.

“Absolutamente inexplicable, no sé qué falló, qué pasó, siento que don Rodrigo le perdió la confianza y por esa razón decidió sacarlo”, dijo la diputada jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, al periódico El Observador. Se refería a Amador, el ministro más conocido por la población a pesar de numerosos cuestionamientos a decisiones de su cartera, un ingeniero que llegó en 2022 a enlistarse como alto funcionario cuando Chaves armaba un gabinete sin conocer bien el entorno político, después del sorpresivo triunfo con un partido que debutaba en elecciones nacionales y del que se distanció poco después. Su verbo parecía imitar al de Chaves y siempre recibió su confianza, pero algo abrupto ocurrió y el contrato con la constructora no parece suficiente. Las hipótesis de analistas y la tesis que ha circulado en ambientes políticos y redes sociales es que a Chaves le incomodó esa sombra, que ahora cambió de “elegido” o que el ministro se conducía como si ya tuviera poder propio. El presidente, sin embargo, rehuyó la pregunta de un periodista que le pedía precisar cuál fue el detonante.

“El detonante es que hay que hacer lo que hay que hacer cuando se tiene que hacer”, respondió sin responder. Advirtió, eso sí, de que no fue por vanidades y que le dolió prescindir de él. “Destituir al ministro más popular… ¿Usted cree que es por gusto?”, añadió una jornada después de anunciar la destitución. En la semana siguiente no ha vuelto a hablar públicamente sobre ese caso, ni siquiera al conocerse que él también está involucrado en la investigación penal, tanto como otros jerarcas a quienes no ha destituido ni cuestionado.

Las preguntas abundan, pero hay una certeza: sin cumplirse la mitad del cuatrienio se ha desencadenado el tema de las elecciones de 2026 o de a quién intentará trasladar Chaves el apoyo que recibe de casi 50% de la población, según encuestas de enero. “La discusión electoral se ha precipitado”, advierte Ronald Alfaro, politólogo del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Se activan los cálculos y las interrogantes sobre quién puede tomar el relevo y de qué manera, máxime ante un tipo de liderazgo altamente personalista del mandatario, como lo calificó el especialista. La duda es mayor si se considera que el presidente carece de partido político, pues en 2023 rompió relaciones con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que lo postuló en 2022 como una carta de ruptura ante los partidos tradicionales.

El vacío es notorio, añade Alfaro al recordar que dirigentes afines a Chaves intentaron armar nuevos partidos para las elecciones municipales de febrero de este año y fracasaron. Este mismo fin de semana renunció el presidente de una de esas agrupaciones, un publicista llamado Federico Cruz que fue estratega electoral de Chaves y consejero suyo en el Gobierno actual, envuelto también en cuestionamientos por financiamiento electoral del 2022. En diciembre el Presidente dijo que él ya no es su asesor y que deberá responder por lo propio ante la Justicia. El Gobierno, por su parte, sigue ocupado ante la crisis de inseguridad y la presión de sectores diversos a pesar de favorables indicadores macroeconómicos.

En la Asamblea Legislativa cunden las críticas contra Amador y su decisión de abandonar el país sin dar explicaciones a la Justicia, pero la oposición también pide cuentas al gobierno de Chaves. Una comisión legislativa ha decidido abrir una investigación de tipo político y han llamado a comparecer a la ministra Díaz y a Amador. Además la bancada más grande, Liberación Nacional, ha decidido frenar el trámite de un presupuesto que ansía el Ejecutivo para utilizar un crédito por 700 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para obras de infraestructura, porque ahora sospechan de la forma en que se harán los contratos de empresas privadas.

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