Lula crea un ministerio de la reconstrucción y anuncia ayudas para 200.000 familias afectadas por las inundaciones

Ofensiva del Gobierno brasileño para marcar presencia en el estado de Rio Grande do Sul, que desde hace días lucha contra unas inundaciones históricas que ya dejaron 149 muertos y a cientos de miles de vecinos fuera de sus casas. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva acudió a la región el miércoles, en su tercer viaje a la zona en las últimas semanas, acompañado de varios ministros e hizo varios anuncios importantes. Entre ellos, está la creación de un ministerio específico para coordinar la reconstrucción y el reparto de ayudas para las familias más afectadas.

El llamado “Vale Reconstrucción” se inspira en las ayudas de emergencia que se pusieron en marcha durante la pandemia del covid-19. Tendrán un valor de 5.100 reales (casi 1.000 dólares) y beneficiarán a las 200.000 familias más afectadas. Dado el problema monumental al que se enfrenta la región, se priorizará a los residentes en las ciudades que decretaron el estado de calamidad y a los que tuvieron sus casas inundadas. La ayuda llegará directamente a sus cuentas bancarias, aunque el Gobierno no informó del plazo.

Para coordinar el flujo de recursos que se espera que llegue en los próximos meses desde Brasilia, el Gobierno decidió crear la Secretaría Extraordinaria de Apoyo a la Reconstrucción de Rio Grande do Sul, una especie de ministerio específico para lidiar con el desastre. Aunque algunos esperaban un perfil más técnico, ocupará el cargo un político veterano y hombre de confianza de Lula, el hasta ahora ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, natural del estado.

Reconstruir carreteras, puentes e incluso el aeropuerto internacional de Porto Alegre (inundado y cerrado al menos hasta septiembre) exigirá tiempo y montañas de dinero, pero este miércoles el Gobierno decidió centrarse en los casi 540.000 vecinos, según el recuento oficial más reciente, que todavía están fuera de sus casas. Cuando baje el agua, muchos de ellos no tendrán adónde volver. Como medidas de urgencia, el Gobierno pensó en tres formas de poner a disposición viviendas de la forma más rápida posible: comprando casas en las ciudades afectadas para las familias de rentas más bajas, repartiendo las casas que estaban en manos de bancos públicos y que iban a salir a subasta por impagos (unas 600) y reservando unas 14.000 viviendas que el sector privado ya estaba construyendo, de las cuales otras 600 ya están listas para entrar a vivir. “Bloquearemos esas casas, las compraremos y las entregaremos a las personas”, explicó el ministro de la Casa Civil, Rui Costa, que también abre la puerta a construir más vivienda pública del programa federal Mi Casa, Mi Vida, uno de los buques insignia de la política social del Partido de los Trabajadores.

Lula escuchaba atentamente cómo sus ministros detallaban las medidas desde un auditorio en São Leopoldo, una ciudad que, como muchas otras, todavía convive con barrios enteros por los que sólo se puede transitar en lancha. Poco antes había repartido abrazos a varios vecinos en un albergue provisional. Con su habitual vehemencia, pidió a los alcaldes de las ciudades afectadas y a su propio gabinete agilidad para resolver la situación. Citó el caso de las inundaciones que el mismo Estado brasileño, en la frontera con Uruguay y Argentina, sufrió en septiembre de 2023. Aquellas lluvias dejaron 54 muertos en el valle del río Taquari. También hubo promesas de reconstrucción que de momento no han visto la luz, lamentaba Lula.

“Hasta hoy no se han construido esas casas. ¿Qué implica eso? No puede ser, si es la burocracia tenemos que desmontar esa burocracia. No es posible […]. Tiene que funcionar; si no, perdemos la credibilidad y la gente pasa a desconfiar de las instituciones, de la democracia”, advirtió. También cargó contra la desinformación y las noticias falsas impulsadas por los círculos bolsonaristas en Internet, pidió unión más allá de las diferencias y exhibió sintonía con el gobernador de Rio Grande do Sul, un rival político, el conservador Eduardo Leite.

Antes de las medidas anunciadas el miércoles, el Gobierno ya había destinado más de 60.700 millones de reales (casi 12.000 millones de dólares) para Rio Grande do Sul y se había comprometido a aplazar el cobro de la deuda del estado durante tres años. En los últimos días también anunciaron recursos el banco de los BRICS, el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica y Caribe (CAF). En total, suman más de 3.000 millones de dólares. También mandaron ayuda desde los vecinos Argentina y Uruguay hasta Israel, el Reino Unido o Japón. La mayoría de donaciones del extranjero consisten en purificadores de agua y medicamentos. Desde Estados Unidos, el Gobierno de Joe Biden aseguró el fin de semana estar trabajando para “ofrecer la asistencia necesaria al pueblo brasileño”, pero hasta ahora no se han producido anuncios concretos.

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