El hoy de las personas con discapacidad en América Latina

Caminar por una acera en la ciudad de Asunción es un desafío. Baldosas desiguales, automóviles mal estacionados o falta de señalización son algunas de las dificultades con las que se encuentra cualquier transeúnte. En el caso de una persona con discapacidad es una experiencia de alto riesgo.

Si es una persona con discapacidad visual o un usuario de silla de ruedas, transitar por una acera en mal estado se vuelve casi imposible. Esto no es exclusivo de la capital paraguaya, se replica en gran parte de las grandes urbes latinoamericanas.

La creencia generalizada de que eliminar barreras es construir rampas en lugar de escalones, por ejemplo, impide ver que las barreras a las que se refiere la definición van mucho más allá de las estructuras físicas. El concepto de barreras incluye además las comunicacionales, instrumentales, actitudinales, entre otras, lo que habla de sistemas institucionalizados de exclusión.

Según un nuevo estudio del Banco Mundial, en la última década se han dado cambios legales e institucionales progresivos para los 85 millones de personas con discapacidad en Latinoamérica. Sin embargo, aún hay un largo camino entre los avances en la teoría y su implementación.

Los datos globales sugieren que la exclusión de las personas con discapacidad puede representar una caída de entre el 3% y el 7% del Producto Interno Bruto de un país. Llevado esto a la región de América Latina y el Caribe, donde 52 millones de hogares tienen al menos una persona con algún tipo de discapacidad, y donde el envejecimiento acelerado se traduce en más personas con discapacidad, la necesidad se vuelve inminente.

Vulnerabilidad y discapacidad en Latinoamérica

En 1 de cada 5 hogares latinoamericanos en situación de pobreza extrema (medido por ingresos diarios de 3,2 dólares) vive una persona con discapacidad. Su vulnerabilidad aumenta si vive en zonas rurales, si esta persona es una mujer o si pertenece a una minoría étnico-racial. Durante la pandemia de la covid-19, esa vulnerabilidad se acrecentó debido a la inaccesibilidad de las ciudades y a bajos servicios de calidad.

Los datos del informe son contundentes. Más allá de la pobreza y la pandemia, el acceso a servicios básicos como la educación formal desde la primera infancia y hasta la universidad se vuelve un reto para estas personas a lo largo de su vida. El 15% de los niños con discapacidad no va a la escuela y los que asisten tienen mayores probabilidades de abandonar los estudios. Esto se debe a la falta de infraestructura, materiales pedagógicos, formación docente, entre otros.

En el ámbito laboral, las personas con discapacidad tienen menor participación. En América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad de los trabajadores con discapacidad es, en promedio, 11 puntos porcentuales más alta, y en países como Costa Rica y México, estas personas ganan un 20% menos que los trabajadores sin discapacidad.

Dada la urgente necesidad de asegurar la inclusión de las personas con discapacidad a través de una participación igualitaria en todos los espacios, el informe recomienda considerar las siguientes acciones:

• Abordar la invisibilidad estadística ya que, si existen datos sobre las personas con discapacidad, no son lo suficientemente representativos y completos para poder atender sus necesidades.
• Ampliar la voz y participación de las personas con discapacidad, más allá de las áreas específicas relacionadas a la discapacidad.
• Cambiar los modelos mentales para reducir el estigma y la violencia, pues solo de esta manera las personas con discapacidad podrán tener una mejor calidad de vida y ser partícipes y protagonistas de su propia historia.
• Desarrollar políticas y prácticas que sean útiles y pertinentes a las realidades diferenciadas de cada persona.
• Identificar desafíos para la implementación de políticas progresivas.

“La pandemia ha enfatizado las múltiples brechas que enfrentan los grupos vulnerables, y entre estos, las personas con discapacidad. Ha sacado a la luz disparidades en acceso a servicios de salud de calidad, la brecha digital, las barreras al mercado laboral, entre otros”, afirma María Elena García Mora, especialista sénior en Desarrollo Social del Banco Mundial

“La reconstrucción nos da el espacio para fortalecer el compacto social y asegurar que nadie se quede atrás. La recuperación resiliente e inclusiva de nuestra región debe combatir las barreras que no permiten la participación efectiva de las personas con discapacidad”, agrega García Mora, quien también es una de las autoras del informe.

Finalmente, con avances más formales que reales a lo largo de la última década, el camino de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe debería tener menos obstáculos. Sin embargo, la exclusión sigue representando una oportunidad perdida en una región que requiere de todos sus actores para avanzar hacia una recuperación pospandemia más sostenible y duradera.

La inclusión de las personas con discapacidad fue el centro de este evento con referentes de la sociedad civil y el sector privado.