Atentado contra la AMIA en Argentina: 30 años de impunidad y corrupción

Una explosión terrible en el centro de la ciudad de Buenos Aires. En segundos, la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se había convertido en un montón de polvo y escombros que ocultaba a 85 muertos y más de 300 heridos. Fue el 18 de julio de 1994 y lo que siguió fueron tres décadas de impunidad para los responsables del atentado terrorista. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué lo hicieron? No se sabe. Los investigadores atendieron pistas falsas y desdeñaron otras posibles. Los poderes políticos locales e internacionales buscaron sacar rédito. El juez, los fiscales y agentes que debían desentrañar la verdad terminaron condenados por encubrirla. Y la causa judicial por el ataque —que apunta contra Irán y Hezbolá— continúa en trámite, un signo de interrogación abierto que no deja cerrar las heridas. Este jueves, cuando se cumpla un nuevo aniversario de la masacre, familiares y amigos de las víctimas, junto a representantes de la comunidad judía, funcionarios y referentes de distintos sectores políticos y sociales, volverán a manifestarse para exigir justicia.

“Ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos”, sentenció hace apenas algunas semanas la Corte Interamericana de Derechos Humanos al condenar al Estado argentino por no haber investigado ni prevenido el atentado a la AMIA. Las alertas no habían faltado: dos años antes, el 17 de marzo de 1992, un ataque similar, también con un coche bomba, había matado a 22 personas y herido a más de 200 en la voladura de la Embajada de Israel.

El desvío de la pesquisa

Durante la pesquisa inicial del atentado a la AMIA, a cargo del entonces juez Juan José Galeano, “el Estado utilizó su propia capacidad e institucionalidad para desviar la investigación a través de una serie de irregularidades” y “el abandono deliberado de algunas líneas de investigación”, en particular la llamada pista siria, según concluyó el tribunal internacional. Ya desde el primer momento no se protegió la escena del hecho, no se recolectaron ni se custodiaron adecuadamente las pruebas y se hicieron operaciones por fuera del expediente judicial. Como parte de esas maniobras, y para involucrar falsamente en el caso a un grupo de policías, funcionarios judiciales sobornaron con fondos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) al traficante de autos Carlos Telleldín —quien había vendido la furgoneta Renault Trafic que se habría usado como coche bomba—.

Alrededor de esos supuestos implicados en la conexión local se realizó el primer juicio sobre el atentado. Terminó con todos absueltos y afloró la trama de irregularidades que la había sembrado. A partir de allí se inició otra causa, centrada en el encubrimiento y el incumplimiento de sus deberes como funcionarios del juez Galeano, los fiscales del caso, autoridades de la SIDE, policías, representantes de la comunidad judía e incluso el expresidente Carlos Menem, hoy ya fallecido. Los magistrados y los funcionarios de inteligencia, entre otros, fueron condenados. Pero el fallo fue apelado y aún no está firme.

Dictamen y muerte

Después del estrepitoso fracaso del primer juicio, el Gobierno —entonces a cargo de Néstor Kirchner— creó en 2004 una unidad especial para investigar el ataque terrorista y puso al frente al fiscal Alberto Nisman. Su dictamen, conocido en 2006 y basado en informes de inteligencia argentinos, israelíes y estadounidenses, consideró que el atentado fue ejecutado por la organización libanesa Hezbolá, a instancias de las máximas autoridades de la República de Irán, en represalia por la suspensión de virtuales compromisos de proveer tecnología nuclear a ese país. Nisman pidió la captura de ocho exfuncionarios iraníes, incluido el expresidente Ali Akbar Hachemí Rafsanyaní, quien falleció en 2017.

Irán rechazó las acusaciones. Las capturas y extradiciones nunca se concretaron y el juicio no pudo avanzar. Con el objetivo declarado de superar esa traba y poder indagar a los imputados en su país, en 2013 el Gobierno de Cristina Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán. Ese acuerdo, que nunca llegó a instrumentarse, desató una nueva controversia y otro expediente judicial que aún perduran. El fiscal Nisman denunció que se trataba de un plan para encubrir a los iraníes y acusó a la entonces presidenta y otros funcionarios por traición a la patria. En enero de 2015, horas antes de presentar su denuncia ante el Congreso, Nisman apareció muerto en su departamento, víctima de un aparente suicidio. Después de dos peritajes contradictorios, la causa judicial investiga el caso como un homicidio y, a casi 10 años del hecho, continúa abierta y sin resultados. Como la causa por el atentado a la AMIA.

Los pasos judiciales

Ahora dirigida por el fiscal Sebastián Basso, la Unidad Fiscal AMIA sostiene la hipótesis de la responsabilidad de Hezbolá e Irán. Mientras siguen vigentes los pedidos de captura de ciudadanos iraníes, Basso solicitó la detención internacional de cuatro libaneses que hace 30 años estaban en Ciudad del Este —punto clave de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay—, donde habrían integrado una célula de Hézbola y habrían sido cómplices de Salman El Reda o Salman Raouf Salman, sindicado como posible coordinador del ataque. Mientras reclama acceder a los archivos clasificados de la SIDE, la fiscalía busca avanzar donde se pueda. El paso siguiente es que uno de esos libaneses, Faruk Omairi, sea juzgado el próximo año en Brasil, país del que también es ciudadano.

En ese contexto de la causa, y en consonancia con el 30 aniversario del atentado, el Gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto para habilitar los juicios en ausencia de acusados por delitos de lesa humanidad o terrorismo. “La regulación actual del proceso penal no admite arribar a una decisión definitiva si el imputado se encuentra ausente. Esto es particularmente problemático en casos de graves violaciones a los derechos humanos ante los cuales la sociedad tiene un interés legítimo e irrenunciable en conocer la verdad”, dicen los fundamentos del proyecto.

Milei participará del acto oficial que conmemorará a las víctimas del atentado, este jueves a las 9.30. También estarán los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Santiago Peña. Está previsto que los oradores sean el titular de la AMIA, Amos Linetzky, y familiares de víctimas. “No tenemos ni siquiera el consuelo de la justicia, no hay ni siquiera una persona respondiendo por estos crímenes de lesa humanidad”, lamentó Linetzky este martes.

El reclamo de los familiares

Por fuera de la actividad oficial, también se manifestarán distintas organizaciones de familiares de víctimas. Los integrantes de Memoria Activa lo harán frente al Palacio de Tribunales, en el centro porteño, también el jueves a las 9.30. “Pasaron 30 años y no logramos ninguna verdad sobre el atentado, es muy doloroso y frustrante. Lo que tenemos es la impunidad más absoluta”, dice Diana Wassner, miembro de esa organización. “En lo personal, ya no tengo ninguna esperanza. Todo ha sido tan manipulado por todos los gobiernos que es absurdo pensar que vamos a ver castigados a los responsables”, agrega Wassner, cuyo marido, el arquitecto Andrés Malamud, de 37 años, fue una de las víctimas del ataque terrorista. Ella tampoco cree que un juicio en ausencia pueda aportar algo: “El problema no son los instrumentos judiciales, sino la investigación que no se hizo desde el primer momento. Las pruebas que hay son informes de inteligencia, no sirven judicialmente”.

Otra de las organizaciones, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), convoca el jueves, a las seis de la tarde, al encuentro Abrir los archivos del Estado para terminar con el pacto de impunidad. Justamente, uno de los reclamos de esa entidad es “la apertura irrestricta de los archivos de inteligencia” y la conformación de una comisión investigadora independiente para analizarlos. “Todos los gobiernos durante estos años hicieron todo para negarnos la verdad”, dice Laura Ginsberg, integrante de Apemia. “Se construyó una historia oficial basada en los servicios de inteligencia extranjeros que no se puede demostrar con pruebas. Nuestra hipótesis es que la responsabilidad es del Estado argentino y que el crimen de la AMIA fue el resultado de una gran operación de inteligencia”, añade Ginsberg. Una de las 85 víctimas fatales del atentado fue su compañero, José Enrique Ginsberg. Tenía 43 años.

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