El PSC congela un frente catalán en Madrid en defensa de la autonomía

El PSC congeló el pasado mes de enero un frente común de todos los diputados y senadores catalanes en Madrid, excepto los del PP, en defensa de la autonomía catalana. El acuerdo había sido impulsado por el expresidente del Parlament Joan Rigol en octubre de 2011, antes de que se iniciara la campaña electoral de las generales, y se plasmó en un documento tras una reunión a la que asistieron Oriol Pujol (CDC), Miquel Iceta (PSC), Jaume Bosch (ICV-EUiA) y Oriol Junqueras (ERC).

El texto final, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue consensuado con las sugerencias de los asistentes, y compromete a los diputados y senadores de estos partidos a “actuar coordinadamente en la defensa de los hechos propios de la realidad nacional de Cataluña que están reconocidos en la Constitución y el Estatuto”. Estos hechos, especifica el documento, son la lengua y cultura catalanas, el derecho civil, la aplicación del sistema de financiación vigente y su ejecución en los presupuestos del Estado, así como “cualquier iniciativa” parlamentaria “que sea considerada una devaluación de las competencias estatutarias de la Generalitat”. No se alude al pacto fiscal en ningún apartado y se aclara que lo que se reclama está reconociddo en "el ordenamiento jurídico".

Se trataba de un acuerdo para la legislatura que se iba a iniciar tras las elecciones generales del 20 de noviembre. El texto dice que el pacto obligaba a los firmantes “por encima de cualquier otro compromiso político”, aunque se reconoce la capacidad de iniciativa de cada partido de obedecer a sus propias opciones.

Pere Navarro hizo saber a Rigol que congelaba su apoyo al acuerdo

Todos los presentes se avinieron a cumplir el pacto, aunque Miquel Iceta reclamó que se aplazara su aplicación hasta que pasara el congreso del PSC de diciembre. Después de esta fecha la nueva dirección liderada por Pere Navarro hizo saber a Rigol que congelaba su apoyo al acuerdo. Fuentes del PSC explicaron ayer que no se había modificado esa postura.

El documento especifica que en caso de desacuerdos sobre la interpretación jurídica de una iniciativa parlamentaria que pudiera devaluar las competencias del Estatuto se pediría un informe al Consejo de Garantías Estatutarias. En caso de discrepancias políticas entre los partidos, se aceptaría el arbitraje de un grupo de personas designadas por unanimidad. El quinto punto también expresa la voluntad de buscar las iniciativas parlamentarias que haga falta para “compensar en lo posible las restricciones” del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.

Precisamente, ayer, el Congreso rechazó una moción de ERC apoyada por CiU e ICV para transferir a la Generalitat la recaudación que se realiza en Cataluña del 0,7% del IRPF destinado a fines sociales. Los diputados del PSC, que en Cataluña habían defendido esa transferencia, se sumaron ayer a los del PSOE para votar en contra.