Escándalos poco saludables

Entre los numerosos efectos colaterales de la convocatoria anticipada de elecciones, hay uno con especial relevancia: la comisión de investigación prevista en el Parlament que debía investigar los escándalos sanitarios ha quedado abortada. Los parlamentarios (y la ciudadanía) se quedarán sin escuchar las comparecencias del consejero de Salud, Boi Ruiz, de su antecesora en el cargo, la socialista Marina Geli, o del diputado de CiU y ex alcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo. Todos los partidos, salvo CiU, votaron a favor de su creación. Todos, menos el partido de Artur Mas y el PSC —que sí la apoya— llevan en sus programas volver a instituirla.

De todos los casos de irregularidades destapados durante el último año, solo uno ha tenido consecuencias visibles: Josep Prat dimitió de la presidencia del Instituto Catalán de la Salud (ICS) el pasado junio tras conocerse numerosas irregularidades en su gestión al frente de Innova, empresa del Ayuntamiento de Reus, y que se había lucrado con un contrato con la Generalitat.

Otro caso, el Sant Pau, ha llegado a los tribunales, después de que una radióloga del centro presentase una querella en la que pone en tela de juicio varios grandes contratos y detalla un cúmulo de sobresueldos, pagos irregulares y favores políticos. La resolución se espera larga, tras la imputación de varios altos cargos del hospital.

El resto de irregularidades no han provocado por el momento reacciones contundentes por parte de los órganos de control ni de sus propios partidos. El caso más llamativo es el de Xavier Crespo, que cobró junto a su mujer más de 200.000 euros de forma irregular entre 2000 y 2005 y recibió un sueldo opaco mientras era alcalde de Lloret de Mar, según un informe elaborado por auditores de la Sindicatura de Cuentas en 2006. Crespo, que ha recibido en todo momento el apoyo público de su partido e incluso de altos cargos del PSC, repite en la lista de CiU para estas elecciones como número 4 por Girona.

Para Josep Vendrell, diputado de ICV, la suerte que corra la malograda comisión dependerá de los resultados electorales. “Si CiU obtiene mayoría absoluta, no renacerá”, afirma. Los convergentes han obviado este punto en las 148 páginas de su programa electoral, aunque sí proponen “una mayor transparencia” en la sanidad pública.

El PSC, el partido que impulsó la comisión de investigación, tampoco la menciona en su programa, aunque su portavoz, Jaume Collboni, asegura que la formación “volverá a plantear” la necesidad de que el Parlament investigue el cúmulo de escándalos. A esta petición se suman ERC, el PP e ICV, que sí se refieren directamente a la corrupción sanitaria. ERC habla de “falta de transparencia” y critica que “la voz y los intereses de las entidades proveedoras” prevalezcan ante los ciudadanos. Los republicanos se comprometen a exigir “responsabilidades políticas, económicas” e incluso penales.

ICV, por su parte, propone aprobar un código ético que asegure la transparencia y publicidad de todos los contratos del sector sanitario y que garantice una vigilancia estrecha del régimen de incompatibilidades.

La comisión generó expectativas entre amplios sectores sociales que esperaban una investigación profunda que pudiese derivar en la asunción de responsabilidades. Sin embargo, nadie ha respondido hasta ahora por los escándalos, salvo una pequeña revista local de la provincia de Girona, CafèAmbLlet, condenada a pagar 10.000 euros por faltar al honor de un gestor sanitario.