La Sindicatura detecta que el Parc Salut Mar adjudicó contratos a dedo
Las cuentas de 2011 auditadas por el ente fiscalizador revelan también incompatibilidad de cargos
La Sindicatura de Cuentas ha encontrado irregularidades en la gestión del consorcio del Parc Salut Mar de Barcelona (CPSMB), que gestiona el Hospital del Mar y el de La Esperanza. Al auditar las cuentas de 2011 de la empresa pública —propiedad del Ayuntamiento (60%) y la Generalitat (40%)—, el ente fiscalizador ha detectado, entre otras anomalías, adjudicaciones a dedo de contratos de obras y servicios. El consorcio adjudicó directamente varios contratos sin concurso abierto alegando motivos “técnicos” que la Sindicatura no ve suficientemente justificados. Este informe apoya y refuerza las evidencias recogidas hace unos meses por la Sindicatura en una auditoría específica sobre los consorcios sanitarios, que concluyó que estas empresas públicas incurren en irregularidades "recurrentes" como las detectadas también en el Parc Salut Mar.
El ente fiscalizador ha constatado que el consorcio auditado “no tenía ningún órgano de control económico y financiero interno para asistir a las mesas de contratación”. De hecho, numerosas irregularidades pasan precisamente por los procedimientos de licitación. En sus alegaciones, el CPSMB confirmó que había corregido esta observación y actualmente cuentan con un órgano de control de los contratos.
La Sindicatura ha detectado que la empresa pública adjudicó una decena de contratos (cuatro para el suministro de equipos asistenciales y otros seis para prestar servicios de asistencia técnica y mantenimiento informático) a través de procedimientos negociados sin publicidad —adjudicación directa— aduciendo razones de exclusividad técnica. Sin embargo, la Sindicatura concluye que estas motivaciones no estaban bien probadas. “No estaba suficientemente justificada la imposibilidad de promover la concurrencia de otros licitadores y fomentar la competencia efectiva”, reza el informe. Esto mismo sucedió con algunos contratos de médicos externos. El CPSMV alude a la alta tecnología de sus equipos técnicos para defender su actuación.
Irregularidades del Parc Salut Mar
Adjudicaciones a dedo. El informe ve injustificados
los motivos "técnicos" que alegó el CPSMB para adjudicar directamente, sin concurso, varios contratos a empresas externas.
Retrasos sin penalizar. El CPSMV no penalizó a una adjudicataria pese a sumar un retraso de cinco meses en la ejecución del contrato que se le adjudicó.
Facturas desfasadas. Algunos proveedores facturaron al consorcio importes superiores a los que rezaba su contrato.
Incompatibidad de cargos. La Sindicatura aprecia dos supuestos en el servicio de asesoría jurídica y en el de secretaría general, y también en sanitarios que dan clase en la universidad.
Sueldos de altos cargos. Los directivos pactaron con el CPSMB un aumento salarial anual cuando eso depende de la Ley de presupuestos.
Otro caso referido a la contratación de obras y servicios que cuestiona la Sindicatura está relacionado con las obras del Servicio de Neuroangiografía del Hospital de Mar. Según el informe, "no hay constancia" de qué procedimiento que se utilizó para adjudicar el proyecto a la empresa ganadora.
Retrasos no penalizados
Además, a esta compañía también se le encargó otros contratos menores que, dado el importe global de contratación, deberían haber requerido la convocatoria de unos procedimientos específicos, según la Sindicatura. Pese a haber retrasado la ejecución de las obras más de cinco meses según el calendario previsto en el contrato, el Parc Salut Mar tampoco aplicó a la adjudicataria las penalizaciones previstas en los pliegos.
El ente fiscalizador también revela que una veintena de proveedores facturaron al Parc Salut Mar importes superiores a los gastos que constaban en los contratos adjudicados. A la Sindicatura no le consta que se hayan tramitado los procedimientos de modificación de los contratos.
Aparte de las irregularidades en la contratación, la Sindicatura también ha detectado incompatibilidades de cargos en el servicio de asesoría jurídica y el de secretaría general, así como también en sanitarios que ejercían, además, de profesores asociados en la universidad. Por otra parte, los contratos de altos cargos incluían un aumento anual del sueldo “en función del acuerdo entre las partes” cuando, en realidad, este incremento debería someterse a la Ley de presupuestos.
El consorcio insistió ayer en que muchas de las irregularidades se han subsanado y otras se deben a “discrepancias técnicas” que aclararon en las alegaciones.
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