Los ‘programas gemelos’ de BComú, ERC y PSC

Los pactos postelectorales que acabarán con la vara de mando de Barcelona en manos de Ada Colau o de Ernest Maragall se fundamentarán o bien en un acuerdo entre Barcelona en Comy y Esquerra o en un gobierno de los comunes con el apoyo del PSC y el apoyo exterior de Manuel Valls o un gobierno en solitario de los republicanos como la lista más votada. Las coaliciones tendrán que acordar un plan de gobierno que, si dependiera únicamente de los programas electorales, no sería complicada.

Dejando a un lado las diferencias ideológicas producto del proceso independentista, los programas electorales en materia de seguridad, vivienda o turismo no son muy diferentes entre los tres partidos de izquierda con representación en el Ayuntamiento de Barcelona. El programa con el que, por ejemplo, se ha presentado Colau a los comicios apuesta por continuar con la transformación de la Guardia Urbana siguiendo los “principios de proximidad, territorio y transparencia”.

BComú quiere consolidar el modelo de policía de barrio, incrementar el número de mujeres en el cuerpo municipal (actualmente representan el 12%) y exige al Estado que permita ampliar la plantilla de agentes dado que la ciudad recibe “50 millones de turistas al año” y se encuentra en alerta terrorista. El programa de Colau se justifica denunciando que solo han podido convocar 600 plazas para agentes ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria lo impide. BComú se reivindica manteniendo que el actual Consistorio ha destinado 12 millones de euros anuales en horas extras en la Guardia Urbana. El programa de Colau critica que la Generalitat lleva desde 2009 sin destinar prácticamente mossos a Barcelona. Acto seguido asegura que si revalida la alcaldía exigirá al Estado que autorice ampliar la plantilla de la Guardia Urbana en 400 agentes y a la Generalitat que incorpore 600 mossos a la capital catalana.

El PSC en su programa exige 1.000 urbanos más y 400 mossos. Al igual que Colau, demandan a la Generalitat la construcción de la nueva sala conjunta de mando programada en el Palacio de Deportes. El programa de Collboni también apuesta por feminizar el cuerpo. La propuesta de incrementar la presencia de mujeres también aparece en el programa de ERC. Maragall suscribe una hoja de ruta conceptual donde mantiene que bajo su mandato se “recuperará la confianza y el prestigio del cuerpo”. Su plan solo habla de un “aumento de plantilla” y en Ciutat Vella propone la creación de “unidades de investigación específica coordinando los diversos cuerpos de seguridad de la ciudad”. Si ERC finalmente pacta con JxCat los posconvergentes pretenden llegar a 3.400 agentes de la urbana antes de 2.022, hoy la cifra es de 3.000. JxCat asegura que consensuará con la Generalitat “mayor número” de mossos.

En materia de turismo BComú apuesta por seguir luchando con inspecciones contra el alojamiento turístico ilegal. El programa de Colau asegura: “En un momento en que los retos de Barcelona como destinación turística no pasan por la atracción de más visitantes ni por la comercialización de productos turísticos el Consorcio de turismo de Barcelona debe redefinir su rol”. Bcomú apuesta por que el retorno de la tasa turística que recauda la Generalitat sea del 50% del impuesto (ahora es del 33%). El PSC exige que el retorno de esa tasa sea del 100% y también reivindica la tolerancia cero a los pisos turísticos ilegales. ERC se muestra más tibia en el programa: “Exigiremos a la Generalitat una mayor participación en la recaudación del impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos”. JxCat apuesta por doblar el precio de la tasa turística para ingresar en total 45 millones de euros gracias al turismo.

Bcomú pretende ampliar el parque público de vivienda en 1.500 pisos al año. Defiende que en algunos distritos como Ciutat Vella o Poblenou se debe incrementar del 30% al 50% el porcentaje de vivienda protegida de las nuevas promociones. Otras medidas abogan por proteger a los inquilinos frente a los grandes tenedores de inmuebles. El PSC apuesta por construir 1.000 viviendas al año. ERC asegura que el 25% de la inversión anual servirá para incrementar el parque público de vivienda y JxCat zanja su propuesta en una línea: “ampliar el parque de alquiler asequible” incluso expropiando suelo privado donde no se haya construido.