La declaración de una diputada oficialista por el ‘caso Convenios’ pone en el foco una vez más al Gobierno de Boric

Casi cinco meses después de que el 16 de junio se hiciera público el caso Convenios, una trama de corrupción –reconocida así por el propio oficialismo de izquierdas chileno–, la diputada Catalina Pérez, uno de los principales rostros del escándalo, ha abierto nuevamente las dudas respecto del momento en que el Gobierno del presidente Gabriel Boric se enteró de las irregularidades. Pérez, militante suspendida de Revolución Democrática (RD), parte del Frente Amplio, la coalición del mandatario, ha dicho en una entrevista al diario La Tercera que fue la primera semana de junio cuando le llegó la información, que puso al tanto de los hechos a las autoridades de RD —al hoy expresidente de la colectividad, el senador Juan Ignacio Latorre— y a la ahora exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, del mismo partido.

El partido RD en problemas

La de Pérez es una declaración que ha puesto nuevamente en el foco al ministro de Vivienda de Boric, el socialista Carlos Montes, de la izquierda moderada, una figura histórica del sector. Este lunes ha insistido en que no tuvo información previa del caso “hasta el 16 de junio”. Ese día fue cuando el medio regional Timeline de Antofagasta, una ciudad al norte de Chile ubicada a unos 1.300 kilómetros de Santiago, reveló que la Fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática, había recibido un millonario aporte desde una repartición del Gobierno para, supuestamente, realizar proyectos en apoyo a asentamientos precarios.

Pérez, que hasta el escándalo era vicepresidenta de la Cámara de Diputados, ha estado en el centro del caso, pues Democracia Viva es una fundación que dirigía Daniel Andrade, quien era su pareja. La entidad recibió unos 530 mil dólares provenientes de la secretaría de Vivienda de Antofagasta, organismo estatal que depende del Ministerio que encabeza Montes, y que era liderada por Carlos Contreras, quien antes había sido jefe de Gabinete de la parlamentaria electa por Antofagasta. Los tres, además, eran militantes de RD.

El caso Democracia Viva, por el que el Estado chileno se querelló, fue solo la punta de un iceberg, pues rápidamente se reveló que había decenas de fundaciones sin fines de lucro, la mayoría ligadas al oficialismo y a las que hoy investiga la Fiscalía chilena, que habían suscrito convenios, vía trato directo, de la misma naturaleza y sin que, muchas de ellas, tuvieran experiencia en trabajos en asentamientos precarios. Ha sido el mayor escándalo del Gobierno de Boric, pues no solo ha golpeado RD, uno de los principales partidos del Frente Amplio, sino que ha ensombrecido la promesa de honestidad de la joven generación de izquierdas que llegó al poder en 2022.

El foco en Carlos Montes

Catalina Pérez ha dado una entrevista tras cinco meses de silencio. Contó: fue “la primera semana de junio, cuando me llega la información (...) Inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de Gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego, esto se conoce públicamente la semana siguiente. Yo siempre lo comuniqué todo al partido, todo lo que yo iba sabiendo lo iba comunicando. Nunca guardé información para mí”.

Pérez se refiere a la denuncia, que fue la que publicó Timeline el 16 de junio, en que una asociación de funcionarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Antofagasta revelaba los lazos de Democracia Viva y la mencionaban. Y, según señaló en la entrevista, fue en ese momento en que informó de la situación al presidente de su partido (el senador Latorre) y a Tatiana Rojas, la subsecretaria de Vivienda. Boric pidió la renuncia a Rojas el 25 de junio, pues la propia subsecretaria admitió que el 2 de mayo recibió un correo de los trabajadores del Serviu, pero que “no alcanzó” a advertir al ministro Montes de las irregularidades hasta que estalló públicamente el escándalo.

Aunque la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, ha señalado este lunes sobre los dichos de Catalina Pérez que no entregó “ninguna información nueva respecto de la cronología de los hechos”, los detalles que abordó la diputada obligaron al ministro de Vivienda de Boric a volver a referirse al caso Convenios: “Información previa hasta el 16 de junio yo no tuve. Antecedentes previos, en algún momento se habló de que RD estaba contratando mucha gente allá en Antofagasta. Mucho antes de todo esto, mucho antes de que se supiera de Democracia Viva yo le pedí a la subsecretaria que lo investigara y me dijo que no era así”, dijo Montes. Y agregó: “Lo concreto es que se le informó a la subsecretaria y ella no actuó en los tiempos requeridos. Eso llevó a que perdiera el cargo”.

La caída del aliado de Boric

Tras el escándalo del caso Convenios, varias autoridades del oficialismo han debido renunciar. La oposición presionó especialmente al Gobierno para que dimitiera el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el principal aliado de Boric desde su época de dirigentes universitarios, por su responsabilidad política como fundador de RD: dejó el puesto el 11 de agosto.

Hoy, las palabras de la diputada Pérez han levantado nuevamente interrogantes sobre el momento en que el Gobierno tomó conocimiento del caso. También, han movilizado al Socialismo Democrático a respaldar al ministro de Vivienda, Carlos Montes, pues el experimentado secretario de Estado es parte de la principal fuerza política que hoy sostiene al Ejecutivo de Boric. Tras el caso Convenios, el mandatario debió hacer un ajuste de Gabinete y así como el Socialismo Democrático hoy ocupa puestos clave en el Gabinete, Revolución Democrática ha quedado reducido solo tener una de las 24 carteras: el Ministerio de Bienes Nacionales.

El factor Crispi

La entrevista de Pérez, además, ha ocurrido solo tres días después de que, el pasado jueves 9, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, asistió al Congreso a la comisión investigadora del caso Convenios y alertó, precisamente, sobre la evidente debilidad institucional y alta discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de los organismos regionales, junto con irregularidades en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, lo que reactivó en la oposición la presión para que Boric remueva a Montes.

Fue a esa misma comisión del Congreso a la que fue el 6 de noviembre el jefe de asesores de Boric, Miguel Crispi, de Revolución Democrática, que admitió ante los parlamentarios que el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que estallara el caso de Democracia Viva, supo “por un rumor” de los hechos que vinculaban a la fundación con Daniel Andrade, en esos días pareja de Catalina Pérez, y con Carlos Contreras, entonces secretario regional ministerial o seremi de Antofagasta (representante del ministerio en la región). Y, tal cual lo señaló el domingo la diputada Pérez, Crispi dijo haber derivado los antecedentes a la subsecretaria Rojas.

“El presidente se enteró el 16 de junio, como es de público conocimiento”, señaló Crispi. Y agregó: el 7 de junio “tomé conocimiento de un rumor, donde señalaban que había una situación en Antofagasta donde Daniel Andrade tenía una participación que tenía un vínculo con el seremi de vivienda”. Luego, añadió, llamó a la subsecretaria y le preguntó “si había escuchado hablar de esto”. “Le digo que tome el caso y lo investigue, y le digo que si esto se comprueba que se tomen la decisiones correspondientes”, añadió Crispi.

Según el jefe de asesores de Boric, no fue sino hasta el 7 de junio que supo sobre Democracia Viva: “Con el rumor que tuve en mis manos no lo catalogué como delito”. Agregó que, por su cargo, no tiene firma para mandar un oficio a un ministro o ministra. “Yo no mando oficios, no tengo firmas y menos podría hacer una investigación sumaria”.

A cinco semanas del plebiscito

Pese a que el caso Convenios no ha dejado golpear al oficialismo desde junio, y que el Gobierno pidió la disolución de Democracia Viva, su regreso de lleno a la agenda con el informe del contralor y los dichos de Catalina Pérez, han puesto una sombra sobre el buen momento que vive Boric tras los Juegos Panamericanos que se realizaron en Chile, pues tras el evento el presidente subió en cuatro puntos su aprobación, al 37%.

El alza en la aprobación al mandatario de izquierdas ha sido una inyección positiva en medio de un escenario complejo, pues la reactivación del escándalo de las fundaciones ocurre a cinco semanas del plebiscito del 17 de diciembre, en que Chile debe votar una nueva propuesta de Constitución, que contó solo con la aprobación de las derechas y que incomoda al oficialismo, cuyos partidos han resuelto llamar a votar por la opción En contra. El Gobierno, en tanto, públicamente ha decidido mantener la distancia.

De acuerdo a la encuesta Cadem del domingo, 32% aprueba el texto y un 50% lo rechaza. en este escenario, la derecha aprovecha el nuevo capítulo del caso Convenios para interpelar al oficialismo y, sobre todo, a La Moneda.