Homicidio, tráfico y pornografía: al menos 58 beneficiados por las pensiones de gracia otorgadas por el estallido tienen antecedentes penales

La Contraloría General de la República, el organismo que fiscaliza la administración del Estado, ha entregado este jueves un informe en el que indica que, de las 419 personas que han recibido una pensión de gracia por parte del Gobierno, por haber sido afectadas en el marco del estallido social de 2019, 58 tienen antecedentes penales. Entre los delitos se encuentran estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia lesiones en contexto de violencia intrafamiliar y, entre otros, homicidio. Algunos de los beneficiados -reciben dinero mensualmente con recursos del Estado- se han enfrentado a una decena de condenas, según el informe de la Contraloría. Por ello, aumentan las presiones para que el Ejecutivo de Gabriel Boric revoque el beneficio.

El informe se refiere, adicionalmente, a los antecedentes médicos presentados por los postulantes que finalmente recibieron la pensión. El beneficio estaba pensado, por ejemplo, para los afectados en forma permanente por la represión de las fuerzas policiales en el marco de las revueltas de hace cuatro años, como daños oculares.

“Se constató que 19 expedientes, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) al DAS (Departamento de Acción Social) para su evaluación, no presentaban antecedentes médicos, o bien, los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles, sin diagnóstico, con antecedentes contradictorios respecto del daño o con una fecha anterior a octubre de 2019″, indica la Contraloría. En los expedientes de postulación se debía indicar el nivel de gravedad de los daños de cada postulante, con lesiones de leves a gravísimas. En uno de ellos, con lesiones catalogadas de gravísimas, se indica, por ejemplo: “Sin antecedentes médicos, solo hay una fotografía que no permite concluir la pérdida de visión”. En otro caso se señala: “Sin antecedentes médicos. Solo hay una declaración del afectado en la Fiscalía de Puerto Varas”. La Contraloría detectó que documentos presentados en uno de los casos, del Hospital Luis Tisné, son de una cirugía de 2016, tres años antes del estallido social: “El único dato de atención de urgencia legible no permite corroborar el resumen del caso registrado en el expediente”.

Desde el Gobierno, el que primero reaccionó fue el subsecretario del Interior, el socialista Manuel Monsalve. “Nunca debieron haberse entregado pensiones de gracia a personas con antecedentes penales y que no tenían lesiones permanentes. Por lo tanto, es un hecho grave. Pero si ocurrió fue porque se cumplieron rigurosamente los requisitos del procedimiento establecidos para entregar estas pensiones”, dijo Monsalve, en referencia al procedimiento que rige desde el 4 de febrero de 2022 -cuando esta Administración aún no asumía- y que, según aseguró, no establecía el requisito de pedir los antecedentes penales. “Fue un error, pero no dicté ese procedimiento”, dijo Monsalve, que recordó que esas reglas han sido modificadas y que hoy sí se pide la hoja de vida de los postulantes a pensiones de gracia.

Sobre los antecedentes médicos, Monsalve dijo que los antiguos requisitos no exigían un diagnóstico, sino solo que se hubiese determinado “la afectación” grave en el marco del estallido social, presentada a través de un certificado ante el INDH. Indicó que el Gobierno tiene hasta el 8 de marzo para complementar la información pedida por la Contraloría respecto de 10 de estos casos, cuyos documentos no están legibles. Monsalve recordó que el presidente Boric tomó la decisión de revocar las pensiones de gracia para las personas con antecedentes penales, haciendo uso de su facultad, y que la comisión que revisó los antecedentes deberá proponer al mandatario a qué beneficiario quitárselo. De acuerdo a la información del Gobierno, dijo el subsecretario, son 69 personas las que tienen antecedentes penales y recibieron la pensión.

Tohá: “No fue nuestro Gobierno”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió la tarde de este jueves al informe de la Contraloría. “Por supuesto que aquí hay un procedimiento que no estaba bien pensado, no solo con respecto a las pensiones del estallido. Estamos analizando las pensiones de gracia hacia atrás”, dijo desde una gira en el sur del país. Ju to con informar que en Chile existen unas 18.000 pensiones de gracias por distintos motivos, aseguró que el presidente Boric, antes de irse de vacaciones hace unos días, revocó a pensión de gracia del beneficiado con antecedentes de producción de pornografía infantil.

En la misma línea que Monsalve, achacó responsabilidad al Gobierno anterior, de Sebastián Piñera (2018-2022): “La ley dice claramente quién califica a las víctimas y quién debe otorgar las pensiones. No es necesario abrir polémicas en cosas que están claras y que no lo definió este Gobierno, lo definió el Parlamento. Estas cosas se votaron en el Parlamento, se votaron de esta manera y las reguló en su detalle en un oficio el Gobierno anterior”, dijo Tohá, que precisó nuevamente la cifra de beneficiados con antecedentes. Dijo que son 61.

El que era subsecretario del Interior en la anterior Administración, Juan Francisco Galli, refutó a las actuales autoridades y aseguró que “el procedimiento establecido para el otorgamiento de pensiones de gracia establecía que necesariamente debían entregarse todos los antecedentes médicos para su otorgamiento”.

Esta tarde, además, por 50 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones, los diputados votaron un informe emitido por la Comisión Especial Investigadora encargada de reunir antecedentes esta polémica y que determinó que hubo irregularidades en la entrega de pensiones de gracia.

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