El programa nuclear y la política exterior

El Plan Energético Nacional (PEN), publicado a principios de 1975 previó acelerar un programa nuclear cuya estructuración había comenzado con anterioridad a la llamada crisis del petróleo; con él se esperaba tener instalados en 1985 unos 22.000 MW de potencia eléctrica nuclear.El optimismo que rodeaba por aquel entonces el desarrollo de esa energía era general. Prueba de ello es, por ejemplo, el famoso informe de la OCDE titulado «Perspectivas energéticas al año 1985», realizado y publicado al mismo tiempo que el PEN. Los resultados previstos en el citado informe para el conjunto de los países de la OCDE venían de alguna forma a respaldar la opción que presentaba el Plan español, pues compaginaba seguridad en los suministros y coste «razonable».

A finales de 1974 se firmó el Tratado del Programa Internacional de la Energía (PIE), uno de cuyos fines era la promoción de los usos pacíficos de la energía nuclear. España firmó ese Tratado y se convirtió en miembro de pleno derecho de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organismo encargado de la ejecución del PIE.

Desde entonces, muchas cosas han pasado y casi todas han contribuido a enfriar aquel optimismo inicial. Un segundo informe de la OCDE («Perspectivas energéticas mundiales») publicado en París en enero de este año, rebaja considerablemente las previsiones de la contribución nuclear al abastecimiento energético de los países industrializados en 1985.

Ha habido, por un lado, una marcada oposición de ciertos sectores de la opinión pública que se ha traducido en mayores plazos de construcción y mayores costes de capital. Sería interesante observar la evolución del coste esperado por KW instalado en centrales térmicas nucleares desde 1974 y comparado con la evolución de un índice significativo de incremento de precios de la energía primaria.

Por otra parte, serios cambios en la política nuclear de algunos de los más importantes productores de mineral de uranio y de equipos obliga a cuestionar el nivel de seguridad de los suministros de energía nuclear. El PEN consideraba, en línea con la CEE, que toda la energía nuclear era «nacional» y, por ello, de suministro asegurado. Desde enero pasado tres factores nuevos han puesto en entredicho esa clasificación.

1. La nueva política de exportaciones canadienses reserva al Gobierno las decisiones de política nuclear y, condiciona por tanto las adquisiciones de cualquier país que importe mineral de uranio o equipos nucleares canadienses. Tal sometimiento es especialmente importante en las exportaciones de tecnología nuclear que el país importador pueda a su vez desarrollaren el futuro.

2. El giro radical de la política nuclear estadounidense, que pretende dejar abierto el ciclo del combustible, evitando con ello el desarrollo de la segunda generación de centrales. Con ello se ejercerán nuevas presiones sobre los mercados de mineral y servicios de enriquecimiento, lo que ha de traducirse necesariamente en aumento de los costes de combustible a medio plazo, en un sector con conocidas tendencias a la cartelización.

3. La publicación del informe Fox en Australia que sugiere el embargo de mineral a todos aquellos países que no hayan ratificado el Tratado de «No Proliferación» de Armas Nucleares (TNP).

El PEN de 1975, contemplaba la construcción de una planta de reprocesamiento del combustible irradiado en la segunda mitad de los años 80. A la vista de la oposición norteamericana tales planes aparecen como dudosos.

Se ha insistido con frecuencia en. la necesidad de coordinación entre la política energética y la política, económica a medio plazo, de la que es elemento esencial. De lo que no se habla tanto es de articular la política energética con la política exterior. Cabría preguntarse, por ejemplo, cual ha sido, o cuál va a ser la respuesta diplomática a las nuevas condiciones señaladas más arriba; hasta qué punto se ha utilizado el foro de la Agencia Internacional de la Energía, para poner de manifiesto la contradicción entre las nuevas líneas de actuación y el Tratado del PIE, del que Canadá y EEUU son signatarios. ¿Cómo se inscriben las dificultades posibles de suministros nucleares a España en el Tratado de Cooperación firmado el pasado año?

La política nuclear norteamericana parece no estar totalmente definida y ahora es el momento de actuar. Sin entrar en los méritos o deméritos ecológicos de la energía nuclear, lo que parece evidente es la necesidad de reforzar nuestra actividad diplomática en la nueva situación internacional. Durante cuarenta años el Gobierno español ha realizado una política exterior de «gibraltares». «reservas espirituales» y «balones fuera». La situación no puede continuar así. Es cierto que una «soberanía total» puede parecer inalcanzable, pero no es menos cierto que una política exterior mas vigorosa puede ampliar los márgenes estrechos de nuestra política energética.

Los partidos políticos deben, a su vez, definir su actitud ante el problema nuclear. Hace unos días un alto representante del sector eléctrico afirmaba que los partidos no se oponían a las centrales nucleares. Quizá la afirmación necesite ciertas aclaraciones. Muy pocos partidos se han planteado problemas de detalles en sus programas electorales, necesariamente globales. Obviamente AP está a favor, UCD ha seguido su política energética con más detalle que otros grupos pero el énfasis de su programa se pone en el sector de hidrocarburos. Probablemente sus directrices quedarán reflejadas en la revisión del Plan, de próxima aparición (esperarnos), y del cual van a ser políticamente responsables.

A la Izquierda la situación es más confusa. El PCE no parece oponerse a los programas nucleares aunque la nueva escena internacional puede inducirle a modificar en parte su actitud. Por el lado del PSOE no hay Indicaciones claras. Las referencias a política energética en su Programa de Transición no son (no podían ser) sino marginales. Ha habido, sin embargo, algún artículo sobre el tema en su órgano oficial que toca el tema con excesiva ligereza.

Se espera la publicación de la revisión del PEN. Su análisis permitirá observar como se traduce su coste a las nuevas circunstancias del mercado nuclear. Esperemos, además, que el debate necesariamente ha de producirnos ayuda a fijar las posiciones de todos los partidos de las nuevas Cortes con respecto a los programas nucleares.