Tenemos presupuesto

A LAS, cinco y cuarto de la madrugada del 1 de diciembre, el presidente del Congreso levantaba la sesión en la que quedaba aprobada la ley de Presupuestos Generales del Estado. Por fin puede decirse que el Gobierno ha cumplido sus deberes enviando el proyecto de Presupuestos en el plazo estipulado, y el Congreso, por su parte, ha apretado el paso para que los ciudadanos conozcan con un mes de antelación la cuenta exacta de las intenciones del Estado sobre sus gastos y sus ingresos para el año próximo. Los Presupuestos han sido ampliamente debatidos, como corresponde a un país democrático, y finalmente, el Gobierno, que representa al partido mayoritario, ha mantenido básicamente sus opciones. Y merece la pena señalar este hecho porque inaugura, de la mano del actual ministro de Hacienda, una manera de hacer las cosas plena de respeto a los modos democráticos y a las necesidades del país.En 1980, el Estado, que representa aproximadamente el 50% del sector público (Seguridad Social, organismos autónomos administrativos y corporaciones locales), programa gastarse 2,284 billones de pesetas, y asimismo estima recaudar 1,994 billones. En consecuencia, aparece un déficit presupuestario de 290.000 millones de pesetas. El déficit en sí mismo no resulta escandaloso, incluso es aceptable, pero también es, casi seguro, superior al que ha de registrarse al final del actual ejercicio presupuestario. En efecto: como resultado de los mayores ingresos recaudados y de la parsimonia o dificultades técnicas o burocráticas, durante la recesión de 1979, la Administración española está siendo incapaz de efectuar los gastos de inversiones previstos en el presupuesto para este año que acaba.

El problema con el déficit de 1980 no es, por eso, su cuantía, sino su naturaleza: de nuevo son los gastos corrientes (personal y material) para los que se estima un aumento de seis puntos por encima del crecimiento del PIB (producto interior bruto: cantidad total de bienes y servicios producidos al año por el país), mientras que los gastos de inversión continúan siendo la cenicienta de la actividad del Estado. Se da además la lamentable circunstancia de que durante la realización de los dos últimos ejercicios la ejecución de las inversiones públicas que corresponde realizar al Estado han quedado por debajo de los créditos inicialmente presupuestados. He aquí uno de los aspectos donde la crítica de los diputados ha brillado por su ausencia, y no lo comprendemos. En definitiva: una vez que la ley presupuestaria es votada por el Parlamento, el legislativo debe velar por su exacto cumplimiento e investigar las razones por las que no se realizan en su totalidad las inversiones públicas por parte de la Administración del Estado.

En períodos de recesión y paro, es una vieja máxima económica que el Estado debe tratar de sostener la actividad, provocando la reactivación a través de un aumento de: los gastos de inversión pública, sobre todo si han sido previamente aprobados. A la altura del mes de octubre de 19,79, los gastos de inversión ordenados, de hecho, sólo representan el 55% de los créditos presupuestados, y según todos los indicios, en el tercer trimestre del año la caída del turismo y de la actividad industrial no se ha visto compensada con una aceleración de los gastos de inver sión por parte del Estado.

En estos días, empresarios y trabajadores negocian un acuerdo marco sobre las subidas salariales del año próximo. Quizá un presupuesto que hubiese puesto más énfasis en la inversión pública podría haber sido un excelente apoyo para que los empresarios contemplasen sus «futuros programas» de inversión con algo más de confianza y, al mismo tiempo, los sindicatos pudiesen haber ofrecido a sus bases un mayor optimismo respecto al comportamiento de la economía y del empleo durante el próximo año. Si hemos señalado el paso adelante que significa que el Gobierno lleve en tiempo a las Cortes el Presupuesto, y que éste sea verdaderamente debatido en ellas, merece la pena también decir lo que nos parece su principal defecto: el Presupuesto se sigue concibiendo y elaborando sin incorporarlo activamente a la actividad económica del País. Es así, básicamente, la cuenta de los pagos y los ingresos de la Administración del Estado. Pero ésta, por desgracia, continúa muy alejada de las necesidades reales de los contribuyentes, sean empresarios o trabajadores.