Los afectados de Promocisa inician una campaña de reivindicación pública de sus derechos

Los afectados por la presunta estafa de Promocisa -una inmobiliaria que cobró, pero no entregó viviendas en Móstoles, Torrejón de Ardoz y Villalba- han decidido iniciar una amplia campaña de presión pública en reclamación de sus derechos, una vez que la Administración del Estado, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, se haya desentendido del tema.

Entre las medidas de presión que los compradores afectados van a tomar, acordadas en una asamblea celebrada el 26 de abril pasado, destacan la presentación masiva de querellas criminales contra los responsables de Promocisa, la convocatoria de una manifestación, a celebrar el próximo día 27, y la realización de una campaña de Prensa, mediante la publicación de anuncios pagados, en la que se advierte a futuros compradores de pisos de los riesgos que conlleva la aplicación de la ley 57 de 1968, que, en teoría, debe servir para que las inmobiliarias garanticen -mediante la apertura de cuentas bancarias especiales o la contratación de un seguro de afianzamiento- las cantidades entregadas a cuenta por los adquirentes de nuevas viviendas.En el convenio que había sido firmado a finales de enero pasado, con intervención de la Administración, se contemplaba una fórmula para que el Estado prestara su aval a la financiación necesaria para concluir las viviendas en fase de construcción o todavía no iniciadas. Sin embargo, una vez que Luis Ortiz sustituyera a Jesús Sancho Rof al frente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, después del golpe de Estado del 23 de febrero, el citado departamento se desentendió totalmente del tema y no quiso asumir los compromisos anteriores.

Los compradores aceptaron, incluso, una prórroga del convenio, para dar tiempo a que la Administración estudiara su situación. Sin embargo, al concluir, el 14 de abril, el plazo dado sin que se produjera una respuesta ministerial, los compradores escribieron al ministro reclamándole su intervención.