Los gastos de personal de las Cortes, excluidos los sueldos de los parlamentarios, se incrementan en un 67%

Mientras los gastos de personal del total de los funcionarios de la Administración española crecen este año en torno al 14%, los del personal de las Cortes -excluidas las retribuciones de los parlamentarios- se incrementan en un 67,5%. Las altas instituciones del Estado (Cortes Generales, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial), que entre otras misiones tienen las de controlar el gasto de las Administraciones públicas, se han amparado en su soberanía respecto al Ejecutivo para confeccionar sus propios presupuestos e incluir en ellos cuantiosos incrementos de gastos que no están en consonancia con la política de contención del déficit propugnada por el Gobierno.

La negativa de alguna de estas instituciones a detallar el desglose de sus presupuestos a las autoridades de Hacienda, según medios parlamentarios socialistas, puede esconder situaciones de privilegio y de falta de solidaridad injustificables. Los citados medios parlamentarios temen que esta actitud de las. máximas instituciones reste credibilidad al sistema democrático y afecte a la imagen del propio partido socialista, dado que el presidente de las Cortes pertenece a este partido, y se encuentran indignados por lo que denominan "silencio cómplice" de su propio Grupo Parlamentario. Éste decidió no presentar ninguna enmienda al proyecto de ley de Presupuestos del Estado sobre estos organismos, a pesar de que tal posibilidad llegó a plantearse.El silencio de Peces-Barba

Los presupuestos de las Cortes Generales crecen en 1983 en un 70% (los Presupuestos del Estado tan sólo lo hacen en un 28%) y no existe un detalle suficiente para poder conocer las razones y el destino de estos incrementos. Frente a este aumento, departamentos de gran contenido social en una época de crisis y desempleo restringen su crecimiento presupuestario: Trabajo y Seguridad Social (19,92%), Industria y Energía (15,64%), Educación y Ciencia (15,14%), Obras Públicas y Urbanismo (10,31%), Clases Pasivas (11,99%) y Seguridad Social, Desempleo y Acciones Compensatorias (un 33,71%). Otros, como Presidencia del Gobierno incluso, han reducido sus dotaciones presupuestarias (-10,49%).

El gasto de personal en las Cortes crece un 67,5%, excluidas las retribuciones de diputados y senadores. Existe la creencia generalizada de que las retribuciones de las Cortes son muy superiores a las de cualquier persona del sector público; pero el documento presupuestario elaborado por el citado organismo no contiene información para que estas percepciones se conozcan.

Pero no sólo son las retribuciones, según las citadas fuentes parlamentarias. La discriminación es aún mayor, ya que los letrados de las Cortes no están sometidos a las exigencias de incompatibilidades que se pretende aplicar al resto de los funcionarios y su estatuto lo fija la Mesa de las Cortes.

Otras instituciones

El Tribunal de Cuentas incrementa su presupuesto en un 275%, aunque sobre el papel en este organismo pueden suponerse mayores necesidades de ampliación de plantilla y actividades que en las Cortes. El crecimiento de las retribuciones complementarias no viene minorado en el presupuesto del Tribunal de Cuentas, como ocurre en el resto de la Administración, con los mayores crecimientos de las retribuciones básicas sobre el 12% de incremento medio pactado.

El Consejo General del Poder Judicial incrementa su presupuesto en un 44% (el Ministerio de Justicia aumenta sus dotaciones sólo en un 19,65%), y los costes de personal, en un 35%.

Por último, en el Tribunal Constitucional crecen los gastos de personal en un 26,5% y se han fijado retribuciones superiores a las que percibe el presidente del Gobierno, Felipe González, para el presidente, Manuel García Pelayo, el vicepresidente y los magistrados de la citada institución. El secretario general del Tribunal Constitucional tiene retribuciones superiores a las de un subsecretario y los letrados cobran más que los directores generales de la Administración. Esto último resulta aún más sorprendente, según las citadas fuentes, ya que, según la ley orgánica del Tribunal de Cuentas, los letrados son cuerpos de funcionarios y sus retribuciones no tienen más respaldo legal que las correspondientes a éstos, a los que se les ha subido un 9%.