Los terroristas 'arrepentidos.' podrán ser absueltos si cooperan con la justicia

Los terroristas arrepentidos podrán ver notablemente atenuadas sus penas, pudiéndose llegar, incluso, hasta la absolución, en función de su cooperación con la justicia. Así lo prevé el proyecto de ley orgánica "contra las actuaciones de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución", popularmente conocido como de medidas antiterroristas, aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y que hoy será enviado a las Cortes para su tramitación por el procedimiento de urgencia. Entre otras novedades, las nuevas medidas prevén la extraterritorialidad, la posibilidad de disolver asociaciones "políticas, culturales y sociales" y se facilita el cierre de medios informativos que, en opinión del juez, practiquen una continuada apología del terrorismo.

El texto de estas medidas endurece también notablemente las penas contra quienes atenten, o cooperen de alguna manera en atentados, contra miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Municipal, y agiliza los procedimientos penales, proclamando que no podrá exceder de 60 días el plazo transcurrido entre el auto de procesamiento y la celebración del juicio oral. Gran parte de los artículos de este anteproyecto tienen un horizonte temporal de dos años, pero no ocurre lo mismo con el agravamiento de las penas para delitos conectados con el terrorismo, que será definitivo.El anteproyecto prevé que los delitos contenidos en este texto cometidos por españoles serán juzgados por tribunales nacionales, aunque hayan sido perpetrados en el extranjero, e incluso aunque el autor o autores hayan sido condenados fuera de España a una pena menor que la que prevén las nuevas medidas. Este supuesto de aplicación de la extraterritorialidad se orienta fundamentalmente contra quienes, desde territorio extranjero, cobran impuestos revolucionarios a cíudadanos españoles.

El ámbito de aplicación de esta ley es muy amplio: alcanza a las personas que, presuntamente integradas o relacionadas con actividades terroristas o con bandas armadas que incidan gravemente en la seguridad ciudadana, planeen, organicen y ejecuten una variada gama de delitos contra la vida y la integridad física, detenciones ilegales bajo rescate, asaltos a establecimientos públicos y privados o apología de cualquiera de estos delitos.

Respecto de este último punto, el artículo 5º del anteproyecto ayer aprobado por el Consejo de Ministros prevé que un tribunal podrá acordar, previa declaración de ilicitud, la disolución de asociaciones y otras personas jurídicas o centros colectivos dedicados a una actividad política, cultural o social cuyos miembros fuesen condena dos por delitos conectados con el terrorismo, siempre que su vinculación a estas entidades sea "causalmente relevante" en la comision de los hechos delictivos. Ello significaría, de acuerdo con medios jurídicos, una mayor facilidad para que los jueces actúen contrá asociaciones de hecho, como las llamadas gestoras pro amnistía existentes en el País Vasco, siempre que se considere que tales asociaciones mantienen una vinculación con ETA. Pasa a la página 17

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