No hay garantías de que España esté desnuclearizada

Expertos de la Administración consultados por este periódico reconocen que no existen garantías absolutas de la desnuclearización de España, especialmente en lo que afecta a los barcos de guerra extranjeros anclados en los puertos españoles o que transitan por las aguas jurisdiccionales, que no pueden ser examinados por las autoridades. Esta falta de garantías absolutas se extiende a todo tipo de barcos, tanto a los que tienen banderas de países de la Alianza Atlántica como a los que son de naciones ajenas a la OTAN.

En teoría, el territorio español no alberga armas nucleares desde que, en 1979, abandonaron la base de Rota los últimos submarinos Polaris, como estaba previsto en los acuerdos hispano-norteamericanos firmados dos años antes. Quedaba pendiente la posibilidad del sobrevuelo de aviones militares con armamento nuclear. La solución era complicada, porque la misma lógica nuclear impide señalar cuáles son los aviones que van dotados de este tipo de armas y cuáles no. Como salida a esta incógnita, los Gobiernos de España y Estados Unidos -mediante el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, y del entonces embajador norteamericano en Madrid, Terence Todman- intercambiaron cartas el 2 de julio de 1982.En ese cruce de notas, Pérez-Llorca informaba que "es política del Gobierno español que no sobrevuelen España aeronaves con armamento y material nuclear a bordo, y que cualquier cambio en esta práctica exige el consentimiento del Gobierno de España". Todman, por su parte, respondía que "los Estados Unidos toman nota de la declaración política ( ... ) expresada [en la carta de Pérez Llorca] y tienen el gusto de informar al Gobierno de España que los Estados Unidos respetan completamente la política del Gobierno español".

Estas cartas quedaban anexas al Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación firmado ese mismo día, 2 de julio de 1982, entre España y Estados Unidos. En el artículo 4 de ese convenio ambos países habían acordado que "el almacenamiento e instalación en territorio español de armas nucleares o no convencionales -o de sus componentes quedará supeditado al acuerdo del Gobierno español".

La voluntad desnuclearizadora de España fue incluida, un año antes, en la autorización que las Cortes dieron al Gobierno, el 29 de octubre de 1981, para ingresar en la OTAN. A iniciativa del presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, se incluyó un párrafo en el que se afirmaba que "en el proceso de negociación posterior a la adhesión, encaminado a articular a España dentro del esquema defensivo de la Alianza, el Gobierno no aceptará compromisos que impliquen el almacenamiento o instalación de armas nucleares de la Alianza en nuestro territorio". "En todo caso", se agregaba, "cualquier decisión ulterior sobre esta materia requerirá la previa autorización de las Cortes Generales".

Documento impreciso

Este documento queda desautorizado de hecho por el artículo 4 del convenio hispano-norteamericano, que se refiere no al permiso de las Cortes Generales, sino al simple "acuerdo del Gobierno español". Pero, sobre todo, el documento de las Cortes es completamente impreciso, ya que somete el propósito desnuelearizador al "proceso posterior a la adhesión, encaminado a articular a España dentro del esquema defensivo de la Alianza" y alude a las "armas nucleares de la Alianza" cuando éstas noexisten como tales, ya que la Alianza no tiene armas nucleares, sino que las poseen tres de sus países miembros: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. La declaración, además, olvida los "componentes" necesarios para fabricar este tipo de armas, cuya prohibición sí queda expresada en el artículo 4 del convenio.

Además de los problemas técnicos del documento desnuclearizador de las Cortes, éste también plantea dudas jurídicas, ya que no tiene rango de ley y su cumplimiento sólo obligaba al Gobierno que entonces administraba España. A pesar de todos sus fallos, la declaración del Parlamento del 29 de octubre de 1981 sigue siendo dada por buena por el actual Gobierno. De hecho, en el segundo punto de la decisión del Gobierno que será sometida a referéndum el próximo 12 de marzo se alude implícitamente a aquel documento de las Cortes al, afirmar que "se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español".

Una cuestión que ha despertado preocupación - entre diversos países- desde Estados Unidos a la URSS, pasando por Holandaha sido el hecho de que España no se decidiera a firmar el Tratado de No Proliferación. Nuclear (TNP), en el cual los países signatarios se comprometen a no construir armas nucleares y a no divulgar la tecnología y componentes que hagan posible su fabricación. En su programa electoral de 1982, el PSOE parecía inclinarse por la firma, al declarar su intención de "estudiar favorablemente" el TNP. Sin embargo, según fue avanzando la legislatura, la postura del Gobierno pareció irse haciendo contraria. El 7 de enero de 1985 Felipe González declaró a TVE, que el TNP "es una de las mayores hipocresías del mundo, un tratado que imponen los países que tienen armas nucleares a los que no las tienen. Yo no tengo intención de fabricar armas nucleares", concluyó, "pero tampoco acepto que me humillen".

Además de estas razones, la diplomacia española ha insistido en su tesis tradicional de que el TNP "hipotecaría" el futuro tecnológico de España. La incógnita sobre sí España se decidirá o no a firmar el TNP sigue pendiente. En la comunicación que el Gobierno hizo a las Cortes en vísperas del debate sobre seguridad del 4 y 5 de febrero éste afirmaba que "se propone considerar la adhesión de España al TNP, pese a sus indudables carencias y al desequilibrio de sus preceptos, sobre todo en lo que se refiere al desarme nuclear".