Los fabricantes de armas acusan al Gobierno de graves perjuicios al sector por restringir las exportaciones

España exportó en 1986 armas valoradas en unos 100.000 millones de pesetas, lo que supone 30.000 millones menos que el año anterior. Las tres empresas más importantes -Santa Bárbara, Bazán y Construcciones Aeronáuticas- acumularon el año pasado pérdidas superiores a los 20.000 millones. Para la Asociación de Fabricantes de Armamento de España (Afarmade), el sector está en crisis sobre todo por las fuertes restricciones para exportar. "Vender armas es una actitud legal y legítima. ¿Por qué se nos maltrata?" se pregunta Félix Alonso-Majagranzas, presidente de Afarmade.

En 1985, las empresas de Afarmade, que agrupa a 51 firmas que constituyen el 95% del volumen real del sector, facturaron entre 225.000 y 230.000 millones de pesetas. Cerca de 125.000 millones correspondieron a exportaciones, y 90.000 millones a ventas realizadas al Ministerio de Defensa. El resto corresponde a "producciones varías". La mayoría de las ventas a Defensa partieron de empresas integradas en el Instituto Nacional de Industria (INI), mientras las empresas privadas dedicaron mayor esfuerzo comercial a la exportación. Las cifras oficiales correspondientes a 1986 aún no han sido publicadas.España no tiene una reglamentación concreta para determinar a qué países se puede o no exportar armas. La única legislación existente es la relativa al funcionamiento de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior, encargada de conceder o denegar licencias de exportación de armas, en cuyo decreto de creación se dice que las restricciones son fijadas con arreglo a criterios políticos no especificados.

Oficialmente, el Gobierno, a través de la junta, no concede hoy licencias de exportación a países en guerra -como Irán o Irak-, naciones que ostensiblemente no respetan los derechos humanos -como Chile -o Paraguay-, estados con embargos decretados por la ONU -como Suráfrica-, y países a los que España se comprometió internacionalmente a no vender armas -como Libia o Siria. Además, el Gobierno asegura que no se venden armas a los países del Pacto de Varsovia, Vietnam, Albania, Mongolia, Taiwan y Corea del Norte.

A pesar de ello, el propio Ejecutivo ha reconocido oficialmente que en 1986 se vendieron a Irak repuestos para helicópteros contracarro BO-105 suministrados por CASA -pilotos. iraquíes se han entrenado en España en el manejo de esos helicópteros-, así como material bélico a Chile por valor de 356 millones de pesetas.

La política de concesión de licencias ha originado en los últimos años tensiones entre ministerios partidarios de una flexibilidad al respecto -como Economía, Defensa o Industria- o los defensores de fuertes restricciones políticas -como Asuntos Exteriores. En los últimos años, el Gobierno denegó licencias para vender camiones a Chile en 1985, realizar el mantenimiento de barcos iraníes en 1983, enviar piezas de ensamblaje de submarinos a Suráfrica en 1982, suministrar bombas a Argentina en 1982, participar en un concurso de venta d e morteros a Paraguay en 1986,vender cañones, patrulleras y ametralladoras a Chile en 1986...

Por el contrario, el Gobierno autorizó ventas de armas a países intermediarios, aun sabiendo que el destino final eran países embargados, como Irán, Irak, Suráfrica o Chile. También se han registrado extrañas actuaciones. En 1982, por ejemplo, también se permitió que la Empresa Nacional Bazán vendiera a Suráfrica repuestos franceses de armas y motores para submarinos, según un alto cargo de la compañía, a pesar de que el mayor beneficio de la operación era para Francia.

Los compradores

La posición del Gobierno en esté terreno es fuertemente criticada por los fabricantes de armas por tres razones: de un lado, esgrimen que, "si se quiere tener industria de defensa, hay que dejarle exportar, porque las ventas interiores no son suficientes"; agregan que todas las operaciones impedidas en España han sido realizadas finalmente por otros países occidentales -el Reino Unido ha vendido barcos a Chile; Grecia, Portugal y Argentina venden armas a Irán con certificados de último destino a este país; y, finalmente, afirman rotundamente que "sólo a países en guerra o con regímenes dictatoriales es a los que se les puede vender armas". "Ahora, el Gobierno nos ha cerrado los mercados". Ante esta situación, los fabricantes, asegura Alonso Majagranzas, exigen al Gobierno "coherencia y continuidad" en su política de exportación de armas y proponen que haya un consenso entre el Ejecutivo y la oposición en este terreno.

Para otros empresarios de firmas privadas, el Gobierno "se está cargando la industria de armamento". "Si no, que se modifique la Constitución y se diga que fabricar y vender armas es un delito", dicen. Precisan que, además de las restricciones exportadoras, ningún organismo estatal financia operaciones comerciales, mientras otros países, como Francia o el Reino Unido, financian hasta el 80%. Debido a ello, los exportadores españoles, según aseguran varios de ellos, recurren a trampas para superar las restricciones y a pagar elevadas comisiones.

En este sentido, distintas fuentes informantes comentan, por ejemplo, que Bazán pagó a la firma Alkántara -con un 25% de capital del magnate Adnan Khashoggi y otro tanto del INI- cerca de 10% de la venta a Egipto de dos corbetas en 1982; las operaciones con Indonesia -país con el que colabora CASA- tienen un sobrecargo del 2% para un fondo destinado a los militares jubilados en ese país, detalle que es calificado de "corruptela honesta" en España; en algunos países africanos, el presidente de la nación recibe hasta el 15% del valor de la venta; y que cualquier exportación tiene un sobrecargo total de un 25% o 30% en comisiones.