Ruptura de las negociaciones para la reforma de las oficinas de empleo

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Administración y la patronal CEOE rompieron ayer las negociaciones para la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) que se habían iniciado el pasado mes de junio. Las dos cuestiones que han impedido que se alcanzara un acuerdo han sido la negativa del Gobierno a que los sindicatos gestionen las prestaciones por desempleo y la aplicación de la voluntariedad en el registro de los demandantes de empleo.

La mesa en la que se abordaba la reforma de las oficinas de empleo es la cuarta en la que el Gobierno y los sindicatos mayoritarios no logran un acuerdo. Previamente, la negociación sobre cobertura del desempleo "se extinguió", según palabras del secretario general de Empleo, Alvaro Espina, y no tuvieron mejor suerte las mesas de funcionarios y pensiones. En estos dos casos, los representantes del Gobierno han firmado pactos con la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios y la Unión Democrática de Pensionistas, y sin. el apoyo de UGT y Comisiones Obreras.

Nueva mesa de empleo

Pese al fracaso de esas cuatro negociaciones, la intención del ministro de Trabajo, Manuel Chaves, es convocar en los próximos días una nueva mesa para discutir un plan de empleo. Según fuentes gubernamentales, esa es la última de las comprometidas por el jefe del Ejecutivo con UGT y Comisiones, aunque los sindicatos aseguran que, en sus reuniones con Felipe González, se habló también de iniciar otras dos discusiones sobre empresa pública y fondos de inversión.

Tras la ruptura de ayer, el Consejo General del Inem mantendrá una reunión meramente formal para conocer el resultado ole las conversaciones, y posteriormente el Gobierno procederá a aplicar la remodelación del instituto y de las oficinas de empleo, que tendrá un coste anual durante los tres próximos ejercicios de entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas.

Ayer la Administración llevó un tercer plan de reforma recogiendo algunas propuestas de los documentos de CEOE, UGT y CC OO, aunque ninguna de las tres organizaciones lo reconoce. El desacuerdo se ha producido fundamentalmente por la negativa del Gobierno a que los sindicatos gestionen las prestaciones de desempleo y por la aplicación de la voluntariedad en el registro El argumento utilizado por la Administración es que deben destinarse todos los recursos humanos y técnicos a los demandantes de empleo, a su reconversión y a encontrarles un puesto de trabajo. Álvaro Espina cree que "los funcionarios no pueden perder el tiempo con los trabajadores que llegan ya con una oferta nominativa de una empresa, y que suponen el 80% de las actuaciones". Sigue siendo obligatorio el registro de los contratos, pero no la inscripción previa del demandante y la solicitud del empresario.

Los sindicatos UGT y CC OO se oponen a la voluntariedad porque creen que se abre una vía a la privatización de los servicios de empleo, y coinciden en que el Gobierno ha recogido las propuestas de la CEOE. El representante ugetista, Emilio Castro, asegura que a partir de ahora el Inem no va a ser quien atienda a los parados; abandona su papel de intermediación, aunque no la tutela; se inhibe de responsabilidades, y se corre el peligro de volver "a la contratación en la plaza del pueblo".

Salce Elvira, de CC OO, entiende que el Inem estará "más descafeinado" y se limitará al registro de los parados que cobran subsidio. Ella reconoce que en el tercer documento de la Administración se amplía la participación sindical, pero a cambio de "un chantaje". "Nos dan más poder", afirma, "si admitimos que se sometan al libre mercado los tres millones de parados".

El representante de CEOE, Julio Sánchez Fierro, hace una valoración muy diferente y cree que el tercer documento de reforma se acerca a las propuestas de los sindicatos, introduce elementos intervencionistas e incrementa las trabas burocráticas. Álvaro Espina asegura que la reforma no obedece a un modelo liberal, como afirman las centrales, ni es intervencionista, como asegura la patronal.