El Gobierno quiere obligar a los parados a asistir a cursos de formación para cobrar el subsidio

El Gobierno entregó ayer a los grupos parlamentarios el documento íntegro de su pacto social de progreso, una propuesta "que no perjudica a nadie, que puede ser acogida favorablemente por la opinión pública, por los sindicatos y los empresarios, y, presumiblemente, por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario" según se dice textualmente. Aunque el Ejecutivo no ha concretado aún todos los elementos que se discutirán con los interlocutores sociales, sí adelanta que la reforma del Instituto Nacional de Empleo (Inem) es uno de los objetivos irrenunciables y que pretende obligar a los parados a asistir a cursos de formación profesional como condición para cobrar el subsidio de desempleo.

La participación sindical en las reforma estructurales y en la propia transformación del INEM es la principal contrapartida que ofrecerá el Ejecutivo a las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras en la mesa de negociación. A los empresarios les ofrece incentivos fiscales a la inversión y un mejor trato al ahorro a través de la modificación de la ley del impuesto sobre sociedades.El Gobierno dice en su plan que está dispuesto a aplicar un régimen fiscal transitorio durante el periodo de vigencia del pacto -entre 1992 y 1994- que incentive la creación de fondos empresariales para financiar programas de investigación y desarrollo, formación profesional y creación de redes comerciales en el extranjero. Estas inversiones -auténticos fondos de inversión en capital humano y tecnológico, según se afirma en el documento- se considerarán un gasto fiscal deducible en el impuesto sobre sociedades. Un trato fiscal favorable tendrán también los beneficios no distribuidos y que se reinviertan en la empresa.

Todas estas medidas persiguen incrementar la competitividad de las empresas españolas frente al reto del mercado único europeo de 1993. Para que los trabajadores alcancen también la preparación comunitaria el Gobierno propone la revisión de cuatro grandes áreas del mercado de trabajo: Formación profesional -ligada a la reforma del INEM-, protección del desempleo, mecanismos de contratación temporal y derogación de las ordenanzas laborales fran quistas.

En formación profesional prevé que la percepción del subsidio de desempleo esté ligada "irrevocablemente" a la participación en algún curso de reciclaje ocupacional. Además quiere limitar "las amplias posibilidades de renuncia a ofertas de trabajo" que, en opinión del Gobierno, ofrece el INEM en el actualidad. El objetivo es reforzar la formación profesional y paralelamente adoptar mecanismos estrictos de control en la percepción del subsidio.

La revisión de los sistemas de protección ante el desempleo se quiere ligar asimismo al nuevo sistema de formación profesional. Una reforma pendiente desde hace años y en la que no se ha conseguido mejorar ni la formación, reglada ni la ocupacional. Ahora el Gobierno subraya la importancia de tomar medidas y pretende seguir las líneas ensayadas por otros países europeos para adaptar la oferta a la demanda de las empresas.

Inversiones

El Ejecutivo justifica su insistencia en la mejora de la formación profesional y asegura que "no es una preocupación gratuita", porque "una buena parte de nuestras posibilidades de crecimiento futuro están ligadas al éxito o al fracaso del objetivo de aumentar la calidad de nuestro stock de capital físico y humano" y ello lo hará a través de inversiones públicas y privadas en educación, capacitación profesional, innovación y desarrollo tecnológico.El documento confirma que la reforma de las modalidades de contratación temporal se basará en los estudios realizados por la comisión de expertos formada por Julio Segura, Luis Toharia, Federico Durán y Samuel Bentolila. La idea básica es reducir de tres a dos años el tiempo máximo que un trabajador puede estar contratado eventualmente.

Asimismo, califica de "imprescindible" la sustitución de las ordenanzas laborales por una regulación más actual. En este punto el Gobierno se considera un mero impulsor que se limitará a fijar una fecha límite para la vigencia de la actual legislación y deja a la voluntad de los agentes sociales las negociaciones.