La úItima oportunidad

Desde que Argelia nació en 1962 como Estado independiente se podría decir que su dinámica política ha sido la de una permanente transición.Tanto por el arraigo de una política basada en los reflejos de "ruptura" y "exclusión" que la dialéctica colonial inculcó, como por la concepción patrimonial y clientelista que ha caracterizado al poder, Argelia se ha visto sometida a la constante del cambio según se sucedían sus respectivos jefes de Estado y dictaban las lógicas de la conquista del poder. Los periodos de Ben Bella, Bumedián y Benyedid fueron procesos cerrados que rompieron con las orientaciones precedentes y deslegitimaron sus gestiones.

En enero de 1992, los gobernantes argelinos volvían a interrumpir la acumulación histórica y política de este país cortando de forma radical con el periodo precedente y reiniciando una nueva transición de resultados inciertos.

El vacío institucional que provocó la ausencia de Parlamento (apresuradamente disuelto el 4 de enero de 1992) y la vacante de la jefatura del Estado (desde el 11 de enero de 1992) congelaron la Constitución y desembocaron en la creación de un directorio cívico-militar de cuatro miembros que, a falta de base constitucional, buscaba reunir en su seno todas las legitimidades históricas vinculadas a la lucha por la independencia y a la fundación del Estado argelino.

Dos constantes de la estructura política argelina se hacían patentes. De un lado, el Ejército continuará en su línea de comportamiento tradicional resistiéndose a militarizar el poder y prefiriendo gobernar por mandatario interpuesto. Por otro, el proceso de legitimación política seguirá desarrollándose en el estrecho interior de grupos relativamente restringidos en lucha por el poder y al margen de las masas, afirmando insistentemente unas fuentes de legitimidad histórica sobre las qué cabría preguntarse hasta que punto movilizan a una población argelina en la que el 60% de sus habitantes tiene menos de 20 años.

En realidad, el régimen argelino ha de afrontar la grave crisis de legitimación y eficacia que padece, y para ello todas las soluciones parecen pasar por la noción del consenso, dado que no existe una sola fuerza política o social capaz de hacer aceptar a todos un modelo de sociedad..

Por un lado, el carácter extraordinario de las actuales instituciones argelinas, sin base constitucional alguna, requiere que se modifique la situación política actual y que se creen las condiciones de un pacto democrático e institucional que reúna a todas las corrientes políticas, sin excluir a prior¡ al islamismo, y que sea fruto de un consenso nacional en el que se garanticen la libertad y la seguridad de los ciudadanos, y el funcionamiento del Estado.

Por otro lado, la recesión económica es imparable en tanto que la deuda exterior absorba lo esencial de los ingresos en divisas del país, y, por tanto, la necesaria política de austeridad difícilmente podrá realizarse sin un pacto social en el que participen todas las fuerzas vivas del país, dada la dificultad de lograr la adhesión de las clases más desfavorecidas, que ya han pagado la parte más dura de la crisis y que además son muy sensibles al lenguaje islamista. Frente a esto, la discontinuidad que han supuesto los sucesivos nombramientos de tres jefes de Gobierno, Sid Ahmad Gozali (22 de febrero de 1992-9 de septiembre de 1992), Abdessalam Belald (9 de septiembre de 1992-22 de agosto de 1993) y Reda Maled (desde el 22 de agosto de 1993), con programas políticos y económicos bien distintos, no sólo han desalentado a los ciudadanos y desconcertado a los operadores económicos del interior y del exterior, sino que también han puesto de manifiesto la ausencia de una estrategia política debidamente reflexionada.

Sin embargo, el sistema necesita generar un elevado índice de credibilidad para comenzar a afrontar problemas inextricables de la sociedad argelina relacionados con la crisis estructural del capitalismo burocrático, basado en la cooptación de las élites, y con el fenómeno de la corrupción.

Un primer paso a favor del consenso nacional fue la decisión del Alto Comité de Estado de abrir el 13 de marzo de este año "el diálogo político con los partidos y las asociaciones fin de consensuar el modelo político y social a adoptar en el futuro.

El anteproyecto de Plataforma de consenso nacional para periodo de transición, hecho público en junio pasado y fruto de los primeros encuentros, tiene el valor de constituir el embrión de lo que debería ser un futuro acuerdo más amplio, en el que "el ideal republicano, los principios del Estado de derecho y de la alternancia en el poder, la defensa de las libertades individuales y colectivas de los ciudadanos, la exclusión de la violencia y el terrorismo y la impulsión del debate y. la confrontación de ideas", que dicho texto consagra, sean el mínimo denominador común del consenso nacional que tanto necesita Argelia.

En la mesa de este primer diálogo estuvo ausente el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) de Ait Ahmed, cuando su participación en un consenso nacional es necesaria (en diciembre de 1991 fue la tercera fuerza política más votada), y la tendencia islamista estuvo representada por los partidos del Chayj Nalinali, Hamas, y de A. Yaballah, Al Nahda. Estos dos grupos, legalizados tras el triunfo del FIS en las elecciones municipales de junio de 1990 como táctica del Gobierno de Hamruche para privar al FIS del monopolio islamista, fracasaron rotundamente en las elecciones legislativas de diciembre de 1991, no obteniendo ningún escaño en la única vuelta electoral que se celebró. Lo que vino a mostrar que el éxito del FIS provino no tanto de su ideología como de su capacidad para monopolizar el discurso de oposición contra el desacreditado régimen del FLN y transmitir a parte de la población su aptitud para lograr el cambio político al que aspiraba.

La constitución, el pasado mes de octubre, de una Comisión Nacional para el Diálogo podría suponer un avance si se concreta en resultados efectivos y se ofrece verdadera carta de naturaleza a las diferentes fuerzas políticas del país. Por un lado está presente el verdadero árbitro de la situación, el Ejército (sus miembros son tres militares y cinco civiles). Por otro, tanto el Comité como el propio ministro de Defensa, Lamine Zeroual, se han pronunciado a favor de integrar al más amplio abanico de fuerzas políticas posible.

Sin duda, las firmes reticencias dentro del poder, y los comprensibles miedos por parte de sectores de la sociedad civil a integrar al islamismo en el diálogo, hacen muy dificil la tarea de la Comisión. Sin embargo, para que ésta sea efectiva quizá requiera, al menos, incluir a sectores políticos capaces de aproximarse a los sectores que pudieran estar dispuestos al diálogo dentro del FIS. Requisito aún más necesario cuando el consenso nacional ha de abrir un debate público y plural en torno a cuestiones que hoy separan dramáticamente a la sociedad argelina, como son la forma de Gobierno, la relación entre Estado y religión, el significado de la cultura árabe y del islam en la personalidad argelina, la primacía del ciudadano, etcétera.

Las dificultades y desafíos son muchos, pero quizá sea la última oportunidad de Argelia para no sumirse en una trágica guerra civil.