El ogro, la bella durmiente y los siete enanitos

En los urinarios del aeropuerto de Brasilia se congregan varios políticos que acaban de aterrizar en la capital en el vuelo procedente de Sáo Paulo y se disponen a cumplir con su semana de cuatro días como representantes del pueblo. Participan en el minicónclave cuatro diputados, entre ellos un ex candidato presidencial derrotado. Del animado cuchicheo sólo emerge de vez en cuando una palabra más alta que otras: "Cheques". Desde hace tres semanas, desde que el pasado 20 de octubre se constituyó la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para investigar las desviaciones de fondos en el presupuesto, varias docenas de diputados y senadores viven presa del pánico de que su nombre aparezca relacionado con el lodazal de corrupción que parece invadirlo todo en Brasilia.Todavía no han transcurrido ni siquiera 14 meses desde aquel 30 de septiembre, cuando el presidente Fernando Collor abandonó el palacio de Planalto por la rampa principal de entrada entre insultos de "¡ladrón, ladrón!". Hoy día, Collor vive recluido en la Casa da Dinda en Brasilia, la misma residencia particular que no tuvo reparo en reformar con un coste millonario en dólares, pagado con los dineros que su compinche Paulo César Faria conseguía de extorsionar a empresarios brasileños. Collor se prepara para trasladarse a Sáo Paulo e intentará desde allí reiniciar su carrera política si consigue levantar su sanción de ocho años de prohibición para intervenir en la vida pública.

Ha pasado poco más de un año, pero parece como si la película se repitiese en Brasil casi con el mismo guión, pero con otros actores. Como si de auténticos aprendices de brujo se tratase, parte de los mismos diputados que votaron contra Collor se ven ahora devorados por los espíritus que dejaron escapar de la botella al destituir al presidente.

Mafia presidencial

Antes de la caída de Collor era un secreto a voces en Brasil que la llamada "mafia de Alagoas", en torno al presidente que había ganado la elección en 1989 con la promesa de moralidad, rompía los moldes habituales por su voracidad a la hora de reclamar mordidas. Fue necesario que Pedro Collor, hermano del presidente, hablase, en mayo de 1992, en la revista Veja, para desencadenar el proceso que concluyó con la destitución de Collor.

Ahora todos sabían que el mecanismo de adjudicación de obras públicas era un foco de corrupción y negocios entre las empresas contratistas de obras públicas y los diputados y funcionarios encargados de elaborar el presupuesto nacional. No había pruebas hasta el día en que el economista José Carlos Alves dos Santos, un alto funcionario de 51 años, padre de tres hijos, acusado del homicidio de su mujer, posesión de dólares falsos y narcotráfico, tiró de la manta en unas declaraciones, cómo no, a la revista Veja y salió a relucir el papel de los "siete enanitos". Una vez más el tufo de la corrupción invadió Brasilia y se extendió por todo el país.

Dos Santos trabajó durante muchos años como asesor del Congreso en la Comisión de Presupuesto. La Constitución democrática de 1988 permitió a los congresistas introducir enmiendas al presupuesto, cosa que el régimen de los militares había reservado para el poder ejecutivo. Con la posibilidad de las enmiendas, un grupo de diputados sin escrúpulos descubrió el método para enriquecerse, a base de concesión de obras con sobreprecio, que cobraban de las empresas contratistas. Otro mecanismo aún más canallesco era el de conceder fondos para obras sociales a fundaciones, que con frecuencia no eran más que direcciones fantasmas en casa de familiares o empresas de los propios diputados. Estos desalmados se embolsaban así fuertes sumas, destinadas en principio a repartir comidas a famélicos habitantes del Noreste brasileño u otros fines sociales, pero que acababan en los bolsillos de una pandilla de diputados con el asesoramiento de Dos Santos.

Otro personaje clave en este negocio era Joáo Alves, de 74 años, separado y con seis hijos, que ocupa escaño en el Congreso desde hace más de 30 años, el diputado decano, sentado desde los tiempos del régimen militar en la Comisión de Presupuesto. Este individuo, de 1,62 de estatura, y otra pandilla de individuos, que, curiosa coincidencia, no medían mucho más, formaban la llamada "mafía de los siete enanitos". Se encargaban de la distribución de fondos que conseguían de los sobornos de las empresas contratistas y del saqueo del presupuesto de obras socia les. Alves llegó a mover 32 millones de dólares (unos 4.320 millones de pesetas) en sus cuentas en los últimos años y tuvo la desfachatez de declarar en la CPI que había ganado en la lotería. Parece que Alves llegó a jugar millones de dólares (más de 4.000 millones de pesetas) en la lo tería para ganar sólo nueve (unos 1.200 millones de pesetas), que que daban así blanqueados.

Todo hubiera seguido su curso normal y esto no se habría descubierto, de no ha ber mediado las desavenencias conyugales de Dos Santos. Este cincuentón, que fue seminarista, barbudo, con aspecto de progre de los sesenta, integrado en el sistema inició una relación con una antigua alumna de la universidad privada donde daba clases. Dos Santos se había casado en 1969 en Brasilia con Ana Elisabeth Lofrano, una pedagoga hija de un comisario de policía, a quien conoció en los tiempos de estudiante.

Elisabeth trabajaba en el Ministerio de Educación, pero mientras su marido desarrollaba el esquema de atraco al presupuesto, ella denunciaba el intento de comprar en su Ministerio un lote de ordenadores a un precio excesivo. Las aventuras extraconyugales de Dos Santos le llevaron en ocasiones a vivir fuera de casa y escaparse con su amante seguidas de momentos de reconciliación con su mujer. Estas desavenencias preocupaban a los siete enanitos, temerosos de que ella conociese toda la trama.

El 19 de noviembre del año pasado, tras una cena con su mujer en un restaurante de Brasilia, Dos Santos denunció haber sido asaItado y encerrado en el maletero del coche. Después declaró Dos Santos que consiguió escaparse, pero su mujer había desaparecido sin dejar huellas. La policía sospechó que Dos Santos la había matado, pero no le detuvo hasta el pasado 7 de octubre al encontrar en su casa 1,1 millones de dólares en efectivo (unos 150 millones de pesetas).

Tras haber sufrido torturas de la policía, Dos Santos no tuvo inconveniente en aparecer como el ogro que mató a su esposa, pero luego revocó su declaración y denunció la existencia de la mafia de diputados, para explicar la cantidad de dólares en efectivo que se encontraban en su casa. En las declaraciones a Veja, Dos Santos mencionó los nombres de casi dos docenas de diputados, tres gobernadores de Estados y dos ministros del actual Gabinete del presidente, Itamar Franco, como implicados en la mafia del presupuesto que manejaban los enanitos.

Acusaciones y dimisiones

Se formó inmediatamente una Comisión Parlamentaria de Investigación, que rompió el secreto bancario y ha empezado a investigar las cuentas de los diputados acusados y sus conexiones. Ya se han producido varias dimisiones, de uno de los ministros acusados y de varios diputados en los cargos que desempeñaban en la Cámara. Para los partidos de izquierda, sobre todo el Partido de los Trabajadores (PT) de Luis Inacio Lula da Silva, el candidato presidencial derrotado por Collor en 1990, las denuncias de Dos Santos vinieron como anillo al dedo para impedir la reforma de la Constitución de 1988, prevista para estas fechas.

La Constitución de 1988 contiene una serie de principios queridos por la izquierda, como una elevada dosis de planificación estatal y contenidos sociales. Una disposición transitoria impone su revisión al cumplirse ahora cinco años de su entrada en vigor. El Gobierno, los empresarios y la derecha quieren reformarla para introducir una serie de principios que hagan posible la liberalización de la economía brasileña, pero la izquierda se opone.

La comisión de investigación y el escándalo de corrupción han paralizado al Congreso y la reforma constitucional corre el riesgo de no salir adelante. Esto satisfaría a los partidos de izquierda. El PT argumenta que los corruptos no pueden participar en la reforma constitucional y anuncian para los próximos días que movilizarán a la opinión pública y las calles de todo Brasil se llenarán con manifestantes al grito de "¡El ladrón no toca la Constitución!".