Las presiones a los fiscales anticorrupción para favorecer a un aliado de Trump desatan una revuelta en el Departamento de Justicia

Hacerse amigo de Donald Trump trae mucha cuenta. Que se lo pregunten a Elon Musk, con permiso del presidente de Estados Unidos el hombre más poderoso de la Administración republicana; a Vladímir Putin, por el plan de la Casa Blanca para acabar con la guerra de Ucrania, que amenaza con beneficiar al Kremlin, o, en una escala inferior, pero muy significativa, al alcalde de Nueva York. El regidor, Eric Adams, que es demócrata, se ha congraciado tanto en los últimos meses con Trump que el martes el Departamento de Justicia pidió el sobreseimiento de los cinco cargos de corrupción que pesaban sobre él.

El caso puede parecer anecdótico —aunque Adams es el primer alcalde de Nueva York imputado en la historia moderna—, pero no lo es el terremoto que la injerencia para favorecer a Adams ha causado en el Departamento de Justicia: al menos siete dimisiones en 48 horas. Desde la fiscal en funciones del Distrito Sur de Nueva York —la fiscalía federal más prestigiosa del país—, que para colmo es una republicana del ala dura, a abogados y funcionarios del propio Departamento en Washington. Todos han denunciado en sus cartas de renuncia la presión política de la Casa Blanca sobre un poder teóricamente independiente.

Para Nicholas Grossman, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Illinois, “el hecho de que el presidente ordene el archivo de una sólida causa penal contra un alcalde a cambio de favores políticos y dimitan abogados del DOJ [siglas en inglés del Departamento de Justicia] es por sí solo uno de los mayores escándalos en la historia de EE UU [que] recuerda a la Masacre del Sábado Noche de Nixon”, apunta, en alusión a la tarde del 20 de octubre de 1973 en la que la fulminante destitución por el presidente del fiscal especial para el caso Watergate, a la postre la tumba política de Nixon, desencadenó una oleada de dimisiones. “Ahora este [el caso de Justicia] es solo uno entre muchos, pero valdría la pena recordar que EE UU solía tener normas”, añadía Grossman el jueves en la red social Bluesky.

El portal informativo Axios calificaba el viernes lo sucedido como “una guerra civil en el Departamento de Justicia”, instrumentalizado por Trump para indultar a sus amigos y simpatizantes, como los 1.500 procesados por el asalto al Capitolio, o a quienes le hacen favores, y cuando toca, en ariete para arremeter contra sus enemigos. Los favores de Adams, alcalde de una ciudad hasta ahora refugio para los migrantes, consisten en secundar la política migratoria de la Casa Blanca, plegarse al ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y, desde el viernes, facilitar a sus agentes la identificación y detención de migrantes en el interior de la ominosa cárcel de Rikers Island. El acceso pulveriza una protección en vigor desde los ochenta.

En septiembre, tras ser imputado por recibir dinero y otras prebendas de Turquía a cambio de dar luz verde al nuevo consultado turco en Manhattan pese a los fallos de seguridad detectados, Adams empezó a acercarse a Trump, primero asegurando abiertamente que ambos habían sido víctimas injustas de una persecución política (el mantra favorito del republicano durante su odisea judicial, a la que su victoria en las urnas puso fin). Luego, después de que Trump fuera elegido presidente, mostrando su disposición a colaborar con la campaña de deportaciones masivas de la nueva Administración, pese a las críticas de sus correligionarios demócratas. Adams, que el jueves recibió en Nueva York a Tom Homan, el llamado zar de la frontera del presidente, firmó pocas horas después del encuentro el decreto que da acceso a Rikers Island a la policía migratoria.

“La batalla más dramática”

Pero el escándalo va mucho más allá de Adams, que pretende presentarse a la reelección en noviembre pero cuyo crédito político está por los suelos pese al indulto. Para Axios, esta es probablemente “la batalla más dramática hasta ahora entre los leales a Trump que están tomando las riendas en Washington y los funcionarios que intentan mantener la firmeza contra extralimitaciones” de poder; es decir, los probos servidores públicos que en primera línea de fuego se erguirían como guardarraíles de la separación de poderes. Aquellos contrapesos a los que tanto se encomendaron muchos en el primer mandato de Trump y que hoy parecen dinamitados en una presidencia a cara descubierta.

La revuelta en el Departamento de Justicia llama aún más la atención si se tiene en cuenta la identidad de algunos de los dimisionarios (unos, motu proprio; otros han causado baja administrativa automática por negarse a obedecer). La fiscal en funciones del citado Distrito Sur de Nueva York, Danielle Sassoon, tenía una prometedora carrera por delante a sus 38 años hasta que el jueves rechazó la orden de desestimar la causa contra Adams. Republicana, en su día secretaria del juez y referente legal del conservadurismo Antonin Scalia, y miembro de la muy conservadora Sociedad Federalista, la fiscal se plantó ante Emil Bove, fiscal general adjunto en funciones de EE UU, que fue quien le dio la orden de olvidarse del caso Adams.

El Departamento de Justicia se ha convertido en una extensión del equipo de abogados de Trump; no en balde Bove fue en su día el principal letrado de la defensa en el caso Stormy Daniels, el juicio en el que el republicano fue condenado por los 34 delitos que se le imputaban por el pago de un soborno a esa actriz porno a cambio de su silencio, luego maquillado en las cuentas de su emporio. Pese a que arreciaban las dimisiones, Bove reunió en la mañana del viernes a los restantes fiscales anticorrupción del Departamento de Justicia y les dio una hora para encontrar a alguien que firmara el sobreseimiento de la causa contra Adams. Uno de ellos aceptó hacerlo para evitar que los demás fueran despedidos, según la agencia Reuters. Otras fuentes afirman que varios fiscales federales firmaron el indulto.

Para tratar de convencer a Sassoon de la conveniencia de retirar los cargos contra el alcalde, Bove argumentaba que ello permitiría a Adams secundar las políticas migratorias de Trump, es decir, casi una razón de Estado —ese Estado adelgazado a hachazos por Musk—, pero los modos utilizados están más cerca de la amenaza mafiosa que del argumento oficial. La republicana Sassoon ha aguantado la presión, aun a costa de su carrera, como han hecho otros destacados funcionarios, entre ellos Hagan Scotten, ayudante de la misma fiscalía, y el último dimisionario hasta el momento. “Cualquier asistente de un fiscal sabría que nuestras leyes y tradiciones no permiten usar el poder de la fiscalía para influir sobre otros ciudadanos, y mucho menos sobre un funcionario electo. Si no hay ningún abogado al alcance del presidente que le dé este consejo, espero que encuentre usted alguien suficientemente tonto, o suficientemente cobarde, para aceptar. Pero nunca voy a ser yo”, reza la carta de Scotten a Bove, que rápidamente se hizo viral.

El corolario del profesor Grossman a la reunión de Bove con los fiscales tampoco tiene desperdicio. “[El mensaje] A los principales agentes de la ley anticorrupción de Estados Unidos [es]: Dejen pasar los delitos de un político corrupto a pesar de las sólidas pruebas de su culpabilidad, porque hizo un trato corrupto para ayudar corruptamente a un presidente corrupto, o ese presidente corrupto les destituirá corruptamente y encontrará a alguien lo suficientemente corrupto para hacerlo”.