La ciudad nueva que surgió del lodo

El barro se hizo carne de ciudad. En las dos últimas décadas, 28 barrios madrileños han dejado atrás las chabolas y se han convertido en pisos dignos, escuelas, parques y centros culturales. La metamorfosis urbana, conocida como el Programa de Barrios en Remodelación, es, según los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la mayor operación europea de vivienda pública.Las cifras de este programa, iniciado en 1979 con la UCD y casi concluido, son gigantescas: 38.540 pisos, 150.000 personas realojadas y una inversión pública de unos 250.000 millones de pesetas. Ninguno de esos números hubiesen llegado a concretarse sin la participación de los vecinos, que consiguieron cambiar su suerte tras años de movilizaciones.

La historia de la remodelación comienza con el éxodo rural de la década de los cincuenta. El campo extremeño, andaluz y manchego sufren aún las consecuencias de la guerra civil, pero en Madrid empieza el desarrollo urbanístico. Hace falta mano de obra barata y una diáspora de labriegos y jornaleros llega al foro con una maleta llena de ilusiones como único patrimonio. Muchos son perdedores por partida doble porque, además de pobres, pertenecen al bando republicano.

Como no tienen medios y tampoco ha y viviendas disponibles en la ciudad se asientan en los caminos del arrabal. Se afincan cerca de las carreteras y vías de tren que les traen desde sus pueblos: en Orcasitas, los toledanos; en Fuencarral, los leoneses; en Vallecas, los andaluces. Buena parte de ellos compran a plazos un trozo de suelo, rústico y no edificable, a los antiguos propietarios agrícolas que ven en estos colonos un filón. Esos terratenientes enseñan unos planos donde han trazado algo que llaman calles.

Con ayuda de vecinos y familiares van levantando pequeñas casetas de ladrillo, teja y adobe que recuerdan a las viviendas de sus pueblos de origen. Carecen de agua corriente, luz y baño. A menudo, toda la familia duerme en la misma estancia. Lo principal es poner el techo y meter dentro a la familia para poner más difícil la demolición a las autoridades. Con los años, esquivando a los guardias, añaden más habitaciones o un baño en el corral.

"La Administración mantenía una actitud ambivalente de reprimir y tolerar; de vez en cuando derribaba alguna chabola, pero, en general, dejaba hacer porque éramos la mano de obra que precisaba la ciudad", explica Miguel Ángel Pascual, histórico líder vecinal de uno de estos barrios, el Pozo del Tío Raimundo, que de 1987 a 1992 llegó a ser gerente del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima). Funcionó el correveidile y los pioneros avisaban a los que quedaron en el pueblo: en 1954 había en el Pozo 70 chabolas, tres años después eran 1.714.

Un mar de precarias casas bajas llenó zonas del Puente de Vallecas como Entrevías, el Pozo y Palomeras; de Usera, como Orcasitas, y de Carabanchel, Latina y Fuencarral. En 1956, la Comisaría General de Ordenación Urbana elaboró un plan de erradicación del chabolismo y levantó poblados dirigidos, agrícolas y de absorción. "Pero no se consigue erradicar el problema", añade Pascual.

En 1964 se aprueba la Ley de Asociaciones y los vecinos de esos barrios empiezan a organizarse para conseguir luz, agua y alcantarillas. Nacen así, en 1968, las primeras asociaciones de vecinos. Palomeras es pionera; le siguen Orcasitas y el Pozo. La lucha por la mejora de las condiciones de vida se entreteje con las reivindicaciones políticas y el movimiento ciudadano da cobijo a los partidos, entonces ilegales.

Pero ese caldo de cultivo no estalla hasta que, en la década de los setenta, algunos de estos barrios empiezan a estar amenazados por planes urbanísticos que pasan sobre ellos sin tenerlos en cuenta. Los chabolistas sienten que se les va a echar sin miramientos de su terreno conquistado.

Félix López Rey, actual concejal de IU y dirigente vecinal de Orcasitas hasta 1979, recuerda que en este barrio la espoleta de las protestas fue un plan parcial promovido por los terratenientes que incluía la expropiación de las casetas y la construcción de pisos sobre ellas sin aclarar qué harían con los chabolistas. Y estos se movilizan: "De aquí no nos echan"; "vamos a por vivienda y aquí mismo". La palabra expropiación está en boca de todos los colonos. Ahí comenzó la pelea principal de toda la reforma: lograr casas para los chabolistas en el mismo barrio, no en una nueva periferia. Pero la lucha contra la Administración no estuvo exenta de fricciones entre los afectados.

"Los que vivían de alquiler en las chabolas querían conseguir viviendas nuevas y muchos pe- queños propietarios de casetas también, pero había quien se negaba de forma tajante a la expropiación; hubo asambleas muy tensas y el FRAP llegó a amenazarnos a algunos por aceptar las expropiaciones; creo que, al final, casi todos los afectados se han dado cuenta de que salimos ganando", añade López-Rey. Las asociaciones viven en continua asamblea y movilización. "Había asamblea los miércoles, jugase o no jugase Cruyff", recuerda jocoso José Manuel Bringas, economista y gestor de buena parte de la operación por encargo de los vecinos.

Comienzan a negociar con el Gobierno de UCI). Por fin, en 1979, el Gobierno dicta una orden comunicada que da carta de legalidad a la remodelación de28 barrios de la capital y a otro de Chinchón. Algunas obras ya habían comenzado tres años antes en Orcasitas. A los tradicionales asentamientos de casas bajas al plan de reforma se suman barriadas de promoción oficial que estaban ya en estado ruinoso.

Los vecinos consiguen algo inusitado hasta el momento: cogestionar la operación urbanística. Eligen a la mitad de los equipos técnicos, hacen el seguimiento de las obras y deciden sobre materiales y formas de construcción. Les asesoran equipos de arquitectos y abogados vinculados a la izquierda.

"El Gobierno era débil, tenía mala conciencia y miedo a la movilización vecinal, a los comunistas, como ellos pensaban; eso hizo que consiguiéramos lo que queríamos", explica Emilio Fernández, entonces dirigente vecinal de Orcasitas y vinculado desde hace años al Ivima. En Palomeras se crea OREVASA, una sociedad pública que se encarga de la remodelación y en la que participan instituciones y vecinos.

En 1982, cuando los socialistas llegan al poder, se ha iniciado ya el 66% de los pisos y sólo quedan por contratar las obras de 10.000. "La primera tentación del PSOE fue liquidar una operación tan costosa, tan favorable para los afectados pero tan poco solidaria con el resto", afirma Pascual. Pero el plan no tiene ya marcha atrás. Eso sí, hay muchos cabos que atar porque la orden comunicada no tenía fuerza legal suficiente.

Santiago de la Fuente, primer director provincial del Ministerio de Obras Públicas con los socialistas, recuerda que en 1982 la remodelación tenía muchos cabos sueltos. El primer cometido del nuevo Ejecutivo fue dictar un Real Decreto en 1984 que fijase el precio de los pisos y su tamaño, el censo de personas a realojar y la firma de los contratos de compraventa para los pisos ya entregados.

"Se suele decir que la Administración fue a remolque de todo el programa, pero creo que no fue así, aunque el motor de todo fue la protesta vecinal; existía voluntad política, y prueba de ello es que en 1983 la dirección tenía sólo un presupuesto de 1.500 millones, cuando necesitaba 45.000, y ese dinero se sacó", explica.

La operación se puede dar por finalizada. Sólo quedan flecos en La Ventilla y Valdeacederas, donde 1.400 familias, de las 2.344 a las que se les prometió una vivienda digna, aún están pendientes de realojamiento. Ochocientas hectáreas de infravivienda son ahora ciudad.