El interventor de Guadalajara advirtió sobre la contabilidad

José Villalgordo, interventor de la Diputación de Guadalajara, imputado junto a Francisco Tomey en un presunto delito de falsedad en documento público por la ocultación de un déficit de 3.500 millones en los presupuestos de la corporación, advirtió en varias ocasiones a los responsables del organismo que era conveniente cambiar los criterios de previsión de ingresos. Villagordo aconsejó dejar de incluir en los presupuestos partidas de dudoso cobro, según asegura su abogado, Pedro Martínez. "Pese a ésas advertencias, él nunca tuvo conciencia de estar cometiendo delito alguno", añade el letrado.Para la fiscal jefe de Guadalajara, Tomey y el interventor son responsables de la incorporación "ficticia" de 3.574 millones de pesetas en las liquidaciones de los presupuestos. El estado de Villalgordo, ingresado por enfermedad en una clínica madrileña, es muy grave. El funcionario prestó declaración ante la fiscal María Angeles García los pasados 16 de septiembre y 22 de diciembre. En ambas comparecencias defendió su inocencia y aseguró que "no ha existido perjuicio alguno para el contribuyente".

Defensa de Villalgordo

El escrito de defensa presentado por interventor, de 64 años, a la fiscal dice textualmente: "Es completamente erróneo que la existencia de estos restos por cobrar alteren los presupuestos porque en nada se relacionan con ellos. Sí afecta al resultado de la liquidación y al vencimiento de la tesorería que si no se utiliza para financiar nuevos gastos, tampoco producirá efectos de ningún tipo sobre el desarrollo de la actividad de la entidad ni frente a terceros".El interventor declaró a la fiscal que existen diferentes criterios en la elaboración de un capítulo de ingresos y que en el supuesto de que el criterio seguido en la Diputación de Guadalajara no sea el correcto podría adecuarse a lo que señala la ley. En este sentido destacó que la ley 13/96 da un plazo hasta el 31 de diciembre de 1998 para sanear los presupuestos y suprimir las partidas de dudoso cobro.

La diferencia entre la defensa de Villalgordo y el decreto de la fiscal radica en que esta última no habla de 3.500 millones de deudas díficiles de cobrar sino de deudas que, en su opinión, jamás existieron. Así, la fiscal señala en su acusación: "Se han ocultado mediante apuntes contables mendaces un déficit de más de 3.500 millones( ... ) Se han incorporado a la liquidación de los Presupuestos como pendientes de cobro créditos inexistentes o ficticios ( ... ) Es indudable que es de imposible cobro lo que no se debe".