Alerta en Macedonia

"Por supuesto que ayudaremos a nuestros hermanos en Kosovo", asegura contundente Ismaili Eitula, de 33 años, en su puesto de frutas del gran bazar de SIcopje. Para él es una cuestión de sangre. Eitula nació en la capital de la República de Macedonia, pero sobre todo se siente albanés. "Estoy dispuesto a luchar con ellos si es necesario y a aceptar refugiados en mi propia casa".Kosovo, cuyo reciente estallido de violencia se ha cobrado la vida de al menos 80 personas, se ha convertido en una auténtica obsesión para las autoridades de la vecina Macedonia, donde el 22,9% de la población es albanesa. El pasado viernes, más de 15.000 albaneses se manifestaron en el centro de Skopje para protestar contra la matanza de sus hermanos kosovares.

Este minúsculo país de menos de dos millones de habitantes, que proclamó su independencia en 1991, consiguió escapar de las guerras de Bosnia y Croacia y mantenerse protegido de la avalancha de refugiados tras el caos financiero de Albania del año pasado. El incremento de la violencia en la vecina Kosovo puede tener ahora consecuencias bien diferentes.

Si estalla la guerra, Macedonia será la primera afectada ante una eventual entrada masiva de refugiados que podría provocar un conflicto étnico en el país y su extensión, en un efecto dominó, al resto de, los Balcanes.

El Gobierno que preside Kiro Gligorov se ha mostrado partidario de cerrar la frontera con Serbia y establecer un corredor desde Kosovo al oeste del país, y desde allí reconducir a los refugiados a Albania. Un plan que ha sido recibido con hostilidad en Tetovo y Gostívar, las dos poblaciones de Macedonia con mayoría albanesa.

El portavoz del Gobierno macedonio, Zoran Ivanov, ha reclamado ayuda urgente de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea. "Nosotros no podemos aceptar más refugiados de lo que es nuestra capacidad, pero sería muy difícil ver a mujeres y niños atrapados en la frontera. No podemos dispararles o forzarlos a regresar".

La erupción de la violencia en Kosovo ha obligado a replantear la prolongación de las fuerzas de prevención de Naciones Unidas (Unpredep) desplegadas en Macedonia y cuyo mandato expira el 31 de agosto. El presidente de la ONU, Kofi Annan, ha manifestado que solicitará al Consejo de Seguridad la permanencia de los 750 hombres desplegados en la zona, 350 soldados estadounidenses en la frontera con Serbia y 400 escandinavos en la frontera con Kosovo y Albania.

El presidente Gligorov reclama además la presencia de las fuerzas de la OTAN, a la que se desea incorporar como solución a sus problemas de seguridad.

Estos deseos, sin embargo, encuentran algunos escollos. El último informe realizado por Unpredep el pasado mes de noviembre, aunque reconoce una mejora gradual en las relaciones con sus eternos rivales vecinos, Serbia, Grecia y Bulgaria, manifiesta que la situación interna es más que preocupante. "Las tensiones interétnicas y las dificultades socioeconómicas continúan afectando negativamente a la estabilidad del país".

El reproche se refiere a los 13 años de cárcel a los que fue condenado en septiembre el alcalde de Gostívar, Rufi Osmani, acusado de incitar al odio nacional, racial y religioso, y de organizar resistencia contra el Estado. El teniente alcalde de Gostívar, el alcalde de la cercana población de Tetovo y uno de sus concejales, también fueron condenados a penas de cárcel por acusaciones similares.

Los cuatro cargos municipales, pendientes de la resolución de recursos de apelación, lideraron una campaña de manifestaciones para pedir el establecimiento de una universidad albanesa en Tetovo. La protesta se saldó con la muerte de cuatro albaneses tras los graves enfrentamientos con la policía.

El Gobierno insiste en que se trata sólo de casos aislados y en que la integración de la minoría albanesa en la Administración es ya un hecho con la incorporación de cinco ministros y con la presencia de un partido albanés en la coalición gubernamental, el Partido por la Democracia y la Prosperidad (PDP). Sin embargo, esta minoría se siente todavía agraviada. "Teóricamente", afirma el diputado del PDP Abduladi Bejseli, "nos ampara la Constitución, pero en la práctica nos sentimos ciudadanos de segunda clase".