El Defensor del Pueblo cree que el Estado es responsable si no impide los malos tratos

Si el Estado no impide la violencia doméstica por culpa de que no funcionen los servicios públicos, deberá responsabilizarse por ello. Ésta es la conclusión del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que ayer presentó ante el Congreso un informe sobre los malos tratos, que en 1997 causaron la muerte a 91 españolas, a pesar de que 89 de ellas habían presentado denuncias contra sus agresores. Dotar de mayores recursos a los Ayuntamientos y Comunidades o crear una legislación específica para defender a las víctimas son algunas de sus 51 recomendaciones para atajar este problema.

Que la violencia doméstica preocupa a las Administraciones públicas queda claro en el informe que ayer entregó en el Congreso el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, y que ha elaborado la adjuntía primera de la institución, dirigida por Antonio Rovira: todas las comunidades autónomas han emprendido campañas de sensibilización y cuentan con servicios de información y asistencia a la víctima, algo que también hace el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a través del Instituto de la Mujer.No están tan desarrollados, sin embargo, los servicios sociales destinados a acoger a estas mujeres y ayudarlas con un trabajo. Ahí es donde ponen el acento nueve recomendaciones del informe: en la creación de una red de casas de acogida, primer albergue de muchas de estas mujeres cuando deciden abandonar a su agresor después de años de convivencia, y en facilitar el acceso a viviendas alternativas y a un trabajo.

En toda España existen 129 de casas de acogida, 83 más que en 1991, pero están aún muy lejos de la tasa que recomendó el Parlamento Europeo en una resolución del año pasado: una por cada 10.000 habitantes (en España hay una por cada 302.000 habitantes). Su distribución territorial se halla además muy desequilibrada, según el informe. De las 17 comunidades, sólo Castilla y León recibe el cumplido de que destina los recursos necesarios para paliar los efectos de la violencia doméstica.

Divorcio automático

El informe reconoce los avances legislativos que se han dado sobre el tema -el anteproyecto de reforma del Código Penal está prácticamente listo-, pero cree que aún son pocos. Así, pide una normativa específica no sólo penal, sino también civil para proteger a estas víctimas. Por ejemplo, que la pareja obtenga automáticamente el divorcio (sin tener que esperar a que pasen los plazos previstos en la ley) cuando se verifiquen malos tratos.Y, sobre todo, pide a la Administración pública que se haga responsable de la protección de estas mujeres. De las 91 que murieron a manos de sus maridos, compañeros o amantes el año pasado, 89 habían presentado denuncias, en algunos casos varias, contra sus agresores. Por eso el informe, recogiendo las ideas de diversos colectivos que trabajan con mujeres maltratadas, pide al Ministerio de Justicia que lleve a cabo las reformas necesarias para que el Estado se haga responsable cuando "existe un funcionamiento anormal de los servicios públicos".

Otras recomendaciones a este ministerio van desde garantizar que a una mujer maltratada que huye de casa no se le pueda luego denunciar por abandono de familia o secuestro de los hijos hasta que se creen órganos jurisdiccionales específicos para estos casos. Así como que se recoja el maltrato psíquico en el Código Penal, algo que está incluido en el proyecto de reforma, cuyas denuncias han aumentado un 20,12% entre 1990 y 1996, según el informe.

Pero el gran problema para enfrentarse a la violencia doméstica, según reconoció el propio Álvarez de Miranda ayer, es la falta de datos fiables sobre el alcance que tiene en España. Y da una pista: los datos suministrados por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior no concuerdan.

Las organizaciones humanitarias que trabajan en este campo aseguran que sólo entre un 5% y un 10% de los casos acaban en los juzgados. El año pasado se presentaron 17.583 denuncias por malos tratos domésticos, pero en esta cifra sólo están recogidos los delitos -lesiones, coacciones o agresiones sexuales-, no las faltas (por ejemplo las amenazas). Las comunidades que registraron mayor número de denuncias en 1997 fueron Andalucía (3.642), Cataluña (2.483) y Valencia (1.691). Por eso una de las recomendaciones del Defensor al Ministerio del Interior consiste en que incluya en sus estadísticas todos los casos de violencia doméstica denunciados, no sólo los que son delito. Y al Consejo General de la Abogacía, que implante un turno de oficio específico para que las mujeres maltratadas puedan recibir asesoramiento desde el momento en el que ponen la denuncia.

El informe ofrece además un perfil tanto de la víctima de malos tratos (baja autoestima, dependencia y culpabilidad) como de su agresor (alguien que crece en un entorno violento). Estos datos ya fueron adelantados por Álvarez de Miranda hace unos meses (véase El PAÍS del 4 de marzo). Según este perfil, el entorno violento aumenta las probabilidades de que un niño se convierta, al llegar a adulto, en agresor. Y es ese origen el que lleva al Defensor a pedir que se elaboren contenidos educativos no discriminatorios y que se implanten programas de tratamiento para los agresores.