Huelgas y disturbios sacuden con violencia la frágil democracia de Nicaragua

Nicaragua superó, con dificultades y elevado coste social, las violentas huelgas laborales y estudiantiles, las trifulcas políticas y cruentos disturbios callejeros de las últimas semanas. El presidente, Arnoldo Alemán, cuya popularidad sufre un bajonazo parecido al encajado por el líder de la oposición, el sandinista Daniel Ortega, ha padecido la mayor crisis de sus 28 meses de mandato. Las protestas y los males exhibidos durante su desarrollo y la prolongada parálisis del Congreso demostraron que Nicaragua dista de haber encontrado la senda de normalización.

"¡Por favor, paren el paro!", imploraban los comerciantes en las emisoras de radio cuando el diálogo era sofocado por los gases lacrimógenos, las porras, los disparos, las pedradas o el duelo por las dos personas muertas durante las revueltas. La huelga del transporte que a lo largo de seis alarmantes días paralizó Nicaragua causó pérdidas económicas y también un deterioro de la imagen de un país necesitado de inversiones extranjeras después de haberse quedado en los huesos tras dos guerras civiles, una sucesión de desastres naturales y el vicio todavía presente en buena parte del territorio latinoamericano: la corrupción y la fragilidad institucionales.El próximo día 26, en la reunión de Estocolmo con los países donantes, el Gobierno intentará incluir a Nicaragua en la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados, lo que facilitaría la condonación del 80% de su deuda, calculada en 6.100 millones de dólares. Sobran argumentos para ingresar en ese mendicante club: la pobreza afecta al 70% de los nicaragüenses, y el 53% de su población activa no encuentra trabajo. Sólo la movilización en el sector del transporte, concluida con un acuerdo por el cual el Gobierno retrasa la liberalización del transporte público y abarata de 1,42 a 1,28 dólares el galón (3,8 litros) de gasóleo, produjo 30 millones de dólares en pérdidas, mucho dinero para una sociedad entrampada.

Hasta mediados de semana no eran pocos los síntomas de desgobierno en el país, despedazado por la satrapía de los Somoza, la descomposición moral de algunos jefes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o el sofisticado robo a las arcas públicas atribuido a ejecutivos pertenecientes a gobiernos posteriores.

La paralización legislativa había arrancado el 9 de abril, después de que los hombres de Alemán y la oposición entraran en colisión frontal a propósito del contenido de la Ley de Presupuesto y de los gastos discrecionales negados al Gobierno.

Los sandinistas, derrotados electoralmente en 1990 por la agrupación dirigida por Violeta Chamorro (1990-1997), proponían 800 millones de dólares suplementarios para las administraciones municipales y aumentos salariales de maestros, funcionarios judiciales, empleados de la salud, policías o soldados.

Gobierno y oposición, estérilmente enzarzados en un hemiciclo después ignorado, acordaron reanudar los debates parlamentarios sobre el contenido de la ley.

La oficial Alianza Liberal, apoyada por formaciones minoritarias, cuenta con 53 de los 93 legisladores, pero el sandinismo es más activo en la calle.

Consecuencias del caos

En el fragor de las algaradas, Daniel Ortega, con poco para presumir y mucho de que rendir cuentas como gobernante, amenazó con "botar" del poder a Alemán, con cargos de aplicar reformas opuestas al interés de los más pobres.El alzamiento de los estudiantes terminó después de que el Gobierno acordara con las universidades estatales un presupuesto de 36 millones de dólares, dos millones superior a la dotación original, y la promesa de ayudarle ante la comunidad internacional para obtener recursos adicionales.

Otras consecuencias del caos son también visibles. La popularidad del conservador Alemán, a quien la Contraloría (instancia de fiscalización) ha pedido explicaciones acerca del supuesto aumento de su patrimonio personal en un 900% coincidiendo con su mandato presidencial, bajó entre ocho y diez puntos en los últimos cinco meses.

El 38% de la muestra, encuestada por la empresa CID-Gallup, le apoya, y el 41% le repudia. Ortega es más castigado: un 33% positivo contra un 46% negativo. El 78% dice que el presidente debe aclarar el origen de su fortuna.

En esa dirección se mueve el humor de la ciudadanía. Y, aunque hilvanados, algunos de los acuerdos, Nicaragua conjuró temporalmente la espiral de violencia que días atrás la colocó en la antesala de males mayores.