Los letrados de Intelhorce piden el traslado del caso a los tribunales de Madrid

El juicio del caso Intelhorce volvió a empezar ayer desde el principio en la Audiencia de Málaga después de que la jubilación del magistrado que presidía la vista obligase a designar un nuevo tribunal. El nuevo presidente de la sala, Federico Morales, se enfrentó en la primera sesión a la petición de varios de los letrados de que el caso se traslade a Madrid, al entender que los delitos más graves se cometieron allí.

El nuevo presidente de la sala está decidido a agilizar el desenlace de un proceso que ya está entre los más largos de la historia judicial española. Pero las cosas no son fáciles. La sesión de ayer empezó exactamente a la hora señalada, las 10.00, entre de las protestas de medio centenar de trabajadores de la antigua textil que aclamaban al magistrado que comenzó a juzgar la causa en octubre de 1998 y que, 10 meses después, sólo había llegado a dirimir las cuestiones previas y a interrogar a tres acusados.El nuevo tribunal, compuesto además por los magistrados Andrés Rodero y Joaquín Delgado, decidió omitir la lectura de los escritos de acusación por entender que era un trámite innecesario, ya que casi todos los letrados estaban presentes cuando se les dio lectura al comienzo del juicio anterior.

Competencia

Sin embargo, poco pudo hacer el tribunal por agilizar el resto de la sesión. Porque una de las cuestiones que más preocupan a las partes es si la Audiencia Provincial de Málaga es o no competente para juzgar el caso. Ésta fue, pues, la primera de las cuestiones previas en debatirse, y no hubo tiempo para escuchar a todas las partes, por lo que el mismo debate se retomará en la sesión de hoy.

El problema es que la mayoría de los abogados, y el mismo presidente de la sala, que ya se vio obligado a pronunciarse al respecto en el juicio anterior, consideran que el caso debe ser juzgado en los tribunales de Madrid, bien en la Audiencia Nacional, o bien en la Audiencia Provincial.

Siete de los nueve letrados que intervinieron ayer pidieron el traslado del caso a Madrid. Sin embargo, el abogado del principal imputado, el empresario italiano Giovanni Orefici, se mostró a favor de que el juicio siga adelante en la Audiencia Provincial de Málaga.

Los partidarios del traslado a Madrid argumentaron que el delito que comporta penas más elevadas entre todos los que se juzgan, el de malversación de caudales públicos, se consumó allí, ya que las cantidades aportadas por el Estado en concepto de ayudas para la privatización de la textil Intelhorce se ingresaron en cuentas del Banco Exterior domiciliadas en Madrid.

Pero no fue éste el único argumento. Parte de los letrados considera que el juicio no sólo debe celebrarse en Madrid, sino que el tribunal competente es la Audiencia Nacional, porque los perjudicados por la descapitalización de Intelhorce son más de un millar de familias, porque los hechos delictivos se cometieron en varias ciudades y por la elevada cuantía de la estafa (más de 6.000 millones, según las acusaciones).

Retirada de acusaciones

Sin embargo, no todos los letrados están a favor del traslado del caso. El abogado de Adapi, la Asociación de Damnificados por Intelhorce, comunicó al tribunal al inicio de la sesión la retirada de su acusación por malversación contra el ex presidente de Intelhorce, Diego García Morales, y el abogado del Estado Miguel Crespo. Según explicó después, esta maniobra estaba encaminada a evitar el traslado del caso a Madrid, ya que si desaparece la acusación por malversación, desaparece también el principal argumento de los que quieren el traslado.

Con la retirada de estos dos acusados, son 27 los que quedan en el banquillo. Originalmente había 43 acusados, pero algunos se han beneficiado de la prescripción de sus delitos y otros de la retirada de las acusaciones contra ellos.