Cardenal promoverá que la violencia callejera sea juzgada por la Audiencia Nacional

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, defendió ayer ante el Rey, en la solemne apertura del Año Judicial, que todos los casos de violencia callejera consistentes en la destrucción de bienes de uso común o lanzamiento de artefactos incendiarios contra edificios públicos o domicilios particulares se consideren delitos de terrorismo y se juzguen en la Audiencia Nacional. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado, demandó de las Cortes y del Gobierno las medidas necesarias para que el Poder Judicial pueda cumplir sus cometidos en un plazo razonable.

En el solemne acto de apertura del Año Judicial, celebrado en el Palacio del Tribunal Supremo y presidido por el rey Juan Carlos el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, significó que la batalla jurídica contra el terrorismo constituye uno de los objetivos preferentes de la Fiscalía, por lo que intentará llevar ante la Audiencia Nacional todas las formas de delincuencia callejera relacionadas con el terrorismo.Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Javier Delgado, incidió también en que el Estado de Derecho "prevalecerá siempre frente a quienes lo niegan desde la violencia y la irracionalidad".

Cardenal respaldó el anunciado plan de choque para la reforma de la Justicia elaborado por el ministro Ángel Acebes, presente en el acto, y se refirió a la necesidad de hacer frente a las nuevas formas de delincuencia, entre las que citó la invasión de la intimidad mediante el tratamiento automatizado de datos y la infracción de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, que tienen como escenario Internet, así como los daños ocasionados mediante la difusión de virus informáticos.

Otro de los asuntos que según dijo, le preocupan especialmente, es la inmigración. Cardenal especificó que, por un lado, al fiscal le incumbe combatir penalmente a las mafias organizadas que se lucran a costa de los inmigrantes clandestinos, y de, otro, participar directamente en el procedimiento de expulsión del extranjero al que se le imputa un delito.

Violencia inaceptable

Sobre las "inaceptables manifestaciones de violencia en el seno de la familia", Cardenal las consideró incompatibles con el nivel cultural y social que debiera ser propio de nuestra sociedad. "El uso de la fuerza o la coacción psíquica en el ámbito familiar hace retroceder al hombre a un atavismo que degrada los valores en que ha de apoyarse la convivencia", afirmó.El fiscal del Estado también reclamó medios materiales y personales ante la próxima entrada en vigor de la ley penal del menor, que calificó como un verdadero desafío institucional para el ministerio fiscal, ya que se confiere a los fiscales la instrucción del procedimiento y amplias posibilidades de solución extrajudicial.

Javier Delgado, presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, dedicó buena parte de su discurso a subrayar la "superioridad" del Tribunal Supremo "en todos los órganos jurisdiccionales y en toda España", cuya única salvedad está referida a lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.

En lo que se evidenció como una nueva reafirmación del papel del Tribunal Supremo frente al del Constitucional, Delgado, sin dejar de destacar la "excelente labor" de este último, recordó las "insuficiencias" de "la regulación legal del proceso querido por nuestra Constitución, para la tutela judicial de los derechos fundamentales". "Creo", dijo, "que una normativa que cubriese todos los supuestos de violación de aquellos derechos atribuible al juez, podría implicar para ellos la innecesariedad del amparo constitucional".

Recordó que durante la redacción del texto constitucional el senador Angulo Montes realizó una enmienda in voce que determinó una nueva redacción del artículo 161.1.b. "Si con anterioridad el texto establecía el recurso de amparo para 'cuando hubiese sido desestimada la reclamación ante los otros tribunales" con la nueva redacción se dejó ese deslinde de las vías judicial y constitucional para una futura ley orgánica.

Previamente, el presidente del Consejo del Poder Judicial estimó deseable "una permanencia de las leyes en el campo de la organización y funciones del Poder Judicial, al margen de los cambios de las mayorías", lo que, en su opinión se favorece "con acierto técnico y consenso".

También planteó una regulación del acceso de los asuntos al Tribunal Supremo, que, dijo, "no pueden ser excesivos". Delgado reconoció que la Justicia es lenta, a pesar de su calidad, lo que atribuyó a la "competencia y laboriosidad de nuestros jueces".

Tres años de trabajo

Para paliar tanto la "alarmante" situación de la Sala de lo Civil del Supremo, que ahora mismo tiene por delante el trabajo de tres años y medio, el presidente del Supremo consideró que "el remedio no es tanto el aumento del número de magistrados, como el de una cuidadosa regulación del acceso de los asuntos al Tribunal Supremo", sin olvidar la exigencia de "un cierto grado de experiencia" a los letrados que actúen ante el alto tribunal. Así mientras la Sala de lo Militar "no suscita problemas dado su escaso volumen de trabajo", en las salas segunda y tercera, de lo penal y de lo contencioso administrativo, respectivamente, "ha disminuido la pendencia" ha aumentado en cambio en la que entiende de los asuntos civiles y muy ligeramente en la que se ocupa de los casos de lo social.

Concretamente "la litigiosidad civil, continuando la tendencia de años anteriores, seguramente por la bonanza económica, ha disminuido en 1999, salvo en el ámbito de familia: de 34.000 separaciones en 1989 hemos pasado a 59.000 en 1999 y, en el mismo tiempo, los divorcios desde la cifra de 23.000 han llegado a la de 36.000".

Dado que han aumentado los recursos de casac ión los asuntos pendientes en la Sala Primera son 12.552, "lo que representa el trabajo de tres años y medio".