El delegado del Gobierno, imputado por relacionar al Ejecutivo vasco con ETA

El delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar, tendrá que declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, en calidad de imputado, a raíz de las declaraciones que realizó a CNN+ el 8 de junio pasado, en las que señalaba que el Ministerio del Interior no compartía datos de la lucha antiterrorista con la Ertzaintza, aunque debería hacerlo, porque el Gobierno vasco colaboraba con los asesinos a los que el Estado persigue. El Ejecutivo de Vitoria presentó una querella, admitida a trámite, por prevaricación y calumnias.

Audiencia Nacional

El juez Ruiz Polanco se desplazará el próximo 7 de noviembre a Vitoria para tomar declaración a Enrique Villar en su despacho, ya que, como autoridad, tiene esa prerrogativa.Enrique Villar declaró el 8 de junio a CNN+ que no existía la necesaria colaboración con la Ertzaintza en la lucha antiterrorista y explicó: "Nos es difícil compartir ciertos datos, aunque deberíamos hacerlo, con un Gobierno [el vasco] que colabora con los asesinos a los que perseguimos".

Sobre mojado

Las manifestaciones de Villar levantaron ampollas y una semana después, la vicepresidenta del Gobierno de Juan José Ibarretxe, Idoia Zenarruzabeitia, tras la reunión semanal del Gabinete, anunció la interposición de una querella criminal contra el delegado del Gobierno por delitos de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y calumnia.

El Ejecutivo vasco presentó en realidad dos querellas, ya que una se interpuso en Vitoria y otra en los Juzgados de Instrucción de Madrid, con el mismo contenido y los mismos delitos.El caso, sin embargo, pasó a la Audiencia Nacional por entender que ese tribunal es el competente para conocer del caso, ya que, de acuerdo con el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene encomendado el enjuiciamiento de los delitos contra altos organismos de la nación, y el Gobierno vasco constituye uno de ellos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional fue requerida para informar, y el fiscal Ignacio Gordillo, con el respaldo del fiscal jefe, Eduardo Fungairiño, dictaminó que, a su entender, los hechos serían competencia de la Audiencia Nacional al afectar al Gobierno de Vitoria, pero también estimó que las declaraciones de Enrique Villar no constituían delito alguno, por lo que, al mismo tiempo, solicitaba el archivo del caso.

Ayer, sin embargo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Guillermo Ruiz Polanco, admitió a trámite la querella por entender que los hechos pueden revestir características de delito y que deben ser investigados.

El magistrado realizará una serie de diligencias de prueba, entre las que la primera es tomar declaración a Enrique Villar para que confirme la autoría y el contenido de las declaraciones.

El Gobierno de Ibarretxe imputa delitos de prevaricación y calumnias por entender que Villar tiene la obligación de compartir los datos de la lucha antiterrorista y no lo hace. Con ello adopta, a juicio del querellante, una decisión injusta. Al mismo tiempo el Ejecutivo de Vitoria entiende que le han atribuido falsamente hechos delictivos.

Las manifestaciones de Villar ya llovían sobre mojado, pues poco antes había afirmado en Barcelona que el 99,9% de los detenidos por la violencia callejera en Euskadi tienen nombres en euskera y sugirió que las ikastolas son las fábricas donde se hacen los violentos.Villar tuvo que rectificar esas manifestaciones pocos días después y admitió que se equivocó. "Entiendo que no es una de las mejores frases que yo he dicho", precisó el delegado del Gobierno. "No hay ningún inconveniente en pedir disculpas por ello. Lo único que quería era dejar constancia de un hecho, pero si eso puede molestar a alguien porque sus hijos se llamen así, Dios me libre de querer molestar a nadie".