El Constitucional abronca al Supremo por rebajar una indemnización a Preysler

El Tribunal Constitucional ha declarado nula la sentencia del Tribunal Supremo que rebajó de 10 millones a 25.000 pesetas la indemnización a pagar por la revista Lecturas a Isabel Preysler, por intromisión en su derecho al honor. La sentencia del Constitucional critica con dureza la del Supremo por considerarla 'insuficientemente motivada' e incluso dos de sus magistrados, Vicente Conde y Guillermo Jiménez, la consideran como más propia de un juzgado de primera instancia que de un órgano de casación.

La sentencia pone punto final, al menos aparentemente, a una sorda disputa que hace años mantienen ambos tribunales a cuenta de la revocación de sentencias del Supremo por el Constitucional. En concreto, la sentencia ahora declarada nula era la primera en que el Supremo 'retocaba' otra anterior del Constitucional, en el sentido de reducir la indemnización a Preysler a una 'cantidad simbólica'.

En sus orígenes, la Audiencia de Barcelona condenó a Lecturas y a A. M. S., una empleada de hogar de Isabel Preysler, a indemnizar a ésta con 10 millones por vulnerar su derecho a la intimidad en una serie de reportajes en los que la empleada revelaba 'la cara oculta' de la vida de Preysler. El Supremo revocó esa sentencia -anulando por tanto la indemnización- y el Constitucional revocó después la del Supremo, dejando en principio latente el pago de los 10 millones.

Sin embargo, al ejecutar la sentencia, el Supremo aceptó la vulneración en la intimidad de Isabel Preysler establecida por el Constitucional, pero declaró también, por primera vez, que fijar la indemnización era competencia suya, y redujo los 10 millones a 25.000 pesetas.

Ahora, el Constitucional afirma que el Supremo ha 'lesionado de nuevo' el derecho a la intimidad de Preysler, por tomar como referencia para fijar la indemnización 'chismes de escasa entidad' tales como 'los granos en la cara', 'la agenda' o 'la ropa' de Preysler, cuando, según el Constitucional, los reportajes revelaron 'datos de su vida personal y familiar de mucha mayor entidad'. En suma, el Constitucional declara nula la segunda sentencia del Supremo y fija expresamente la indemnización en 10 millones.

Este último aspecto ha sido disentido por los jueces Conde y Jiménez, que creen que la sentencia debió ser devuelta al Supremo sin que el Constitucional se implicase en fijar la indemnización.