Lección digital italiana

La autoridad independiente italiana de defensa de la competencia ha puesto unas condiciones tan duras a la compra de la deficitaria Stream por Vivendi-Telepiù que ésta considera que hacen inviable la operación. Es comprensible el objetivo expresado por la autoridad italiana de 'favorecer la entrada de nuevos operadores en el sector de la televisión de pago, el desarrollo de sistemas alternativos de retransmisión y la protección de los consumidores'. Pero el organismo italiano ha terminado por asfixiar un tipo de televisión cuyo desarrollo responde no sólo al interés de las empresas que la promueven y arriesgan inversiones, sino al interés general de los usuarios y ciudadanos. Al cabo, en vez de fusión o absorción, lo que puede producirse es la quiebra de Stream. Es un caso que entraña lecciones para lo que puedan hacer las autoridades españolas y de la UE ante la fusión de Sogecable y Vía Digital.

¿A quién corresponde pronunciarse sobre la operación española? A la luz del criterio de facturación de las empresas involucradas, parece que es a la Comisión Europea a quien corresponde el pronunciamiento definitivo, aunque es posible que no le falten razones al Gobierno cuando considera, como el italiano en su día, que al tratarse de un mercado esencialmente limitado a la geografía española, le corresponde a él la decisión y pide que Bruselas le remita el dossier.

Ni en Italia ni en España habrá, tras estas fusiones o adquisiciones, un monopolio en la televisión de pago. Para empezar, nada impide que surjan otros operadores, ya sea por satélite -lo que no requiere licencia gubernativa-, digital terrestre, por cable o por otros medios. Lo que no deberían hacer las autoridades de defensa de la competencia es cerrar vías de difusión de los canales y las plataformas. En Italia, la autoridad ha pretendido impedírselo a Telepiù, al obligarle a vender sus participaciones en televisión digital terrestre. No entra dentro de las competencias ni de las capacidades razonables de ninguna autoridad la anticipación sobre cuál va a ser el desarrollo tecnológico. Se parte, además, de una idea errónea de lo que es una plataforma digital: una suma de canales muy diversos. El propio éxito de la televisión digital por satélite no era previsible dos lustros atrás. Los mismos contenidos acabarán yendo por distintas vías. Más lógico resulta que obligue a no discriminar, al menos hasta 2010, a los clientes de Stream, y a vender sus paquetes de canales y programas a otras empresas que emitan por otros sistemas que el satélite.

La ley española ya abre a otros operadores la retransmisión de partidos de fútbol en televisión de pago. Pero las restricciones que se pretenden imponer en Italia -límite de dos años en los contratos, con derecho de revisión anual y de ruptura unilateral- van en detrimento de los propios clubes y de las televisiones. No es ajena la televisión de pago, y el dinero que ha aportado a este deporte, a la expansión del fútbol en España, con una de las mejores y más caras ligas de Europa. Las grandes inversiones necesarias en este terreno, como en el de adquisición de películas a las distribuidoras -contratos que también pretende forzar a abrir la autoridad antitrust italiana- necesitan de plazos estables y de horizontes serenos. Condiciones como las fijadas en Italia generan inestabilidad cuando el sector demanda lo contrario.

El mercado español, como el italiano, ha demostrado que no es suficientemente amplio para permitir la supervivencia de dos plataformas digitales de pago por satélite, y que las fusiones responden a una lógica empresarial, no política, en la industria de ocio y entretenimiento. ¿Preferirían las autoridades la quiebra de una o de todas las operadoras? Tampoco cabe aducir que un monopolio natural va necesariamente en detrimento de los usuarios, si mantiene precios razonables, como, por ejemplo, ha hecho Bill Gates en el terreno de los programas de ordenadores.

Los organismos de defensa de la competencia deben velar por el pluralismo, pero éste no está amenazado cuando la mayor audiencia la tienen las cadenas generalistas en abierto y cuando las dos plataformas programan prácticamente todos los canales, amén de una extensa oferta de informativos de otros países. Por lo demás, las acusaciones a PRISA de acumulación de poder cuando resulta que dicho grupo diluirá su actual participación en Sogecable y renunciará a la presidencia de la compañía, resultan simplemente ridículas. Las decisiones de las autoridades de la competencia deben guiarse por el interés general y éste pasa por introducir racionalidad en la televisión de pago por satélite, y en un modelo audiovisual que, hoy por hoy, es absolutamente caótico.