La Audiencia Nacional condena a De la Rosa y a Prado por apropiación indebida
La primera sentencia del 'caso Kio' multa al ex diplomático con 4.000 millones de pesetas
La Sala de lo Penal, sección primera, de la Audiencia Nacional comunicó ayer a las partes la sentencia de la primera operación del caso Kio. El tribunal ha condenado a los tres acusados, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal y Jorge Nuñez. El financiero De la Rosa ha recibido por apropiación indebida una pena de 4 años de prisión y 1 año y 6 meses por falsedad; Prado es condenado por apropiación indebida a 2 años y al pago de 12.020.242,09 euros más intereses (4.000 millones de pesetas en total) y Nuñez por falsedad a 1 año y 6 meses.
A finales de 2002 habrán pasado diez años desde que el grupo Torras, bajo control de Kuwait Investment Office (KIO), declarara la suspensión de pagos de 300.000 millones de pesetas, la más espectacular de la historia financiera española.
Ayer, después de haber celebrado juicio oral en los meses de julio, septiembre y noviembre, la sección primera de lo Penal -el Tribunal que juzgó el caso- condenó a los tres acusados de la primera operación de lo que va a ser la saga KIO por el desvío de 20 millones de dólares de la época a Suiza -unos 2.000 millones de pesetas- para su apropiación indebida.
Según la sentencia, se han considerado probados los hechos referidos a la llamada operaciónWardbase. Se trata de la primera de las piezas del puzzle, el caso KIO.
Los hechos se remontan a diciembre de 1988. Torras Hostench adquirió una participación mayoritaria de la empresa celulosa belga Celulose des Ardennes, que proyectaba construir una planta papelera en Bélgica. Torras primero y después su filial Torras Papel asumieron el compromiso y encargaron a una tercera empresa la tarea.
Javier de la Rosa, que había sido hombre fuerte de KIO en España, uno de los inversores más importantes del mundo, había caído en desgracia. Pero desde agosto de 1991 toda la situación de KIO estaba en el aire. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Kuwait había sido invadida por las tropas iraquíes de Sadam Husein. La guerra de George Bush padre, entonces presidente de Estados Unidos, estaba en marcha.
"Ante los cambios que se estaban desencadenando, con la guerra y posteriormente con las fracturas en el seno de la familia Al Sabah [que reina en Kuwait]", relata la sentencia, "Francisco Javier de la Rosa Martí decidió en 1992, antes de dimitir de su cargo, desviar fondos del grupo Torras, sacándolos al extranjero y dirigiéndolos a Manuel Prado y Colón de Carvajal, persona con la que en ese momento mantenía fuertes vínculos, personales y económicos. Así, tomó la decisión de servirse de aquella inversión en Bélgica, y de una sociedad que grupo Torras había adquirido en Londres, Wardbase Ltd., simulando la prestación de un servicio, que se llegare a abonar en las cuentas en Suiza de Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien aceptó recibir esos fondos, para después darles un destino que no se conoce".
La sentencia describe después la burda instrumentalización de un documento mercantil para consumar el delito. Jorge Nuñez, siguiendo instrucciones de De la Rosa, firmó en nombre de Torras Papel un contrato de arrendamiento de servicios con Wardbase, empresa que debía prestar asesoramiento para que la planta papelera de Bélgica pudiese entrar en funcionamiento. El precio de dicha asesoría: 2.000 millones de pesetas.
La sentencia narra que en mayo de 1992 -en medio del caos y la reconstrucción kuwaití producto de la retirada de las tropas iraquíes tras la guerra- De la Rosa hizo transferir los 2.000 millones desde Barcelona a Londres. Después de ingresar el dinero, a su vez, en una cuenta de Wardbase, en el Royal Bank of Scotland, se transfirieron 1.900 millones de pesetas al banco Sogenal de Ginebra, a la cuenta ADNHIL, sociedad vinculada a Manuel Prado, que recibió el dinero, conforme había pactado con De la Rosa.
La sentencia, además de las condenas citadas, impone a Prado el pago de unos 4.000 millones de pesetas (los 2.000 millones desviados a su cuenta y otros 2.000 millones en concepto de intereses durante estos diez años). La menor carga de prisión recae en el Jorge Nuñez. Los magistrados estiman que no se ha acreditado que Nuñez, que participó en la creación del contrato privado ficticio, conociera los planes de su jefe, Javier de la Rosa.
De embargos y adioses
En las últimas horas continuaron, según las resoluciones de la juez Teresa Palacios, los embargos de bienes de Manuel Prado y Colón de Carvajal. Abogados consultados por éste periódico dijeron ayer que la pieza de responsabilidad civil subsidiaria, la que registra las decisiones judiciales en materia de bienes de Prado, debe ser la más amplia de todo el sumario de la causa KIO-Wardbase.
Hasta el momento, según esas fuentes, se han decretado embargos de varias fincas en Andalucía, una casa en Sevilla, muebles antiguos, una colección de carruajes antiguos y cuadros. Se estima que el valor de lo embargado, según fuentes judiciales, alcanza los 4.000 millones de pesetas. Hay una finca en Extremadura que la policía judicial atribuye a la propiedad de Prado, que éste niega.
Si bien la sentencia de la Audiencia Nacional no es firme ya que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la pieza de responsabilidad civil puede ser ejecutada inmediatamente. Fuentes jurídicas han señalado que la juez Palacios ya ha señalado su disposición a proceder a ejecutar parte de los bienes embargados.
Prado, según la sentencia dada a conocer ayer, ha sido el beneficiario del desvío del dinero. Sus alegaciones, en el sentido de que no conocía el origen de los fondos y que su relación con Javier de la Rosa obedecía a negocios diferentes, nunca fue acreditada por el acusado.
En la investigación de este caso, que seguirá con nuevos juicios en los próximos meses -Icsa-Impacsa y Pincinco -, la Fiscalía Anticorrupción jugó un papel clave.
El fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo destacó al fiscal Salvador Viada al caso. Viada obtuvo ayer un importante éxito. Sin embargo, está a punto de dejar la Fiscalía para ingresar como fiscal en el Tribunal Penal Internacional de la ex Yugoslavia, con sede en la La Haya.
Viada fue propuesto para ser teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción el pasado 15 de mayo. El entonces ministro Ángel Acebes aparcó la propuesta de Jiménez Villarejo, apoyada por el fiscal general Jesús Cardenal. El ministro José María Michavila dio señales, a su vez, de que no quería a Viada.
Fue así que el fiscal se presentó a los exámenes para La Haya hace algunos meses. El pasado 9 de diciembre recibió una carta de la ONU. Un alto cargo en nombre del secretario Kofi Annan le anunciaba su fichaje.
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