Cogul fue incinerado al día siguiente de morir, pero nadie se lo comunicó al juez

Joan Cogul, el principal acusado en el caso Turismo, falleció en Manila a las 8.30 horas del 17 de diciembre y fue incinerado a las 19.00 horas del día siguiente, pero el juez encargado del caso no lo supo hasta 12 días después, el 29, cuando la viuda y también acusada en el caso, Carme Fargas, acudió al juzgado con una urna que contenía las cenizas de su marido y tres documentos para demostrar el fallecimiento y la incineración.

Cogul afrontaba una petición fiscal de 12 años de prisión por el supuesto uso irregular de unos 163 millones de pesetas repartidos entre empresas relacionadas con sus familiares o amigos. Esa presunta malversación de fondos públicos se produjo cuando el Consorcio de Turismo de Cataluña, que dirigía Cogul, dependía del consejero democristiano Lluís Alegre. El 17 de diciembre, el día en que debía llegar a Barcelona procedente de Manila (Filipinas) para entregar el pasaporte al juez, el ex teniente coronel del Ejército Joan Cogul, de 47 años, se suicidó disparándose un tiro cuando estaba en la bañera de su casa.

Al menos eso es lo que explicó la viuda, Carme Fargas, al magistrado Francisco González Maíllo el pasado día 29, cuando acudió al juzgado y presentó un certificado médico según el cual la causa de la muerte fue un disparo en el cráneo. En esa comparecencia el abogado Jordi Pina, defensor de Fargas, presentó también un certificado firmado por el canciller encargado del Consulado de España en Manila, Carlos López-Boado, en el que se explica que Cogul fue incinerado en un tanatorio de esa ciudad el 18 de diciembre a las 19.00 horas.

Sin embargo, el día anterior, el abogado de Cogul, Joan Font, había comunicado al juez que su cliente había fallecido a causa de un paro cardiaco. Dos de las acusaciones personadas en el caso, una de ellas ejercida por la propia Generalitat, pusieron en duda esa versión y pidieron al juez ese mismo día que comprobase la veracidad de la muerte a través de la embajada para que un médico identificase el cadáver y extrajera muestras para analizarlas en España. El juez accedió, pero ignoraba que Cogul ya había sido incinerado. El 19 de diciembre el juez firmó una providencia en la que explicaba que no dudaba de la muerte de Cogul, pero ordenaba a la Interpol que verificase las circunstancias en que se había producido y que la Guardia Civil procediese a identificar el cadáver con discreción cuando llegase a España.

"Nadie tiene la obligación de decirle al juez que Cogul iba a ser incinerado, ni el juzgado tiene por qué investigar la muerte de un ciudadano español en Filipinas", explicó el abogado Jordi Pina, del despacho de Pablo Molins. "Y si alguien duda de la autenticidad de los documentos que presentamos, que lo diga, porque a lo mejor tendremos un conflicto diplomático", añadió. En opinión de Pina, "resulta lamentable que algunos de los abogados acusadores insinúen que la muerte de Cogul es un montaje". Por ese motivo, el letrado ha pedido al juez que anule la orden que en su día cursó a la Interpol.

Dudas de la acusación

Sin embargo, el abogado Xavier Rotllan, que ejerce la acusación popular, mantiene otro criterio. "Un simple papel fechado en Filipinas no es ningún acto de fe y la prueba es que el juez no se acaba de creer la versión de las defensas", explicó. Rotllan aseguró también que este recelo sobre la muerte de Cogul es "muy lógico" teniendo en cuenta las "artimañas" empleadas por las defensas para demorar el regreso de Cogul. "Primero dijeron que estaba enfermo y hospitalizado en Manila; después, que no había billete para regresar, y resulta que cada día salen cuatro aviones rumbo a España, y al final, que está muerto", explicó Rotllan, un ex militante de Unió perteneciente al llamado sector crítico. "Esto no es un procedimiento político, sino una investigación penal, y hay que ser serios", replica el abogado Jordi Pina.