El tribunal, forzado a suspender una semana el macrojuicio de ETA
Los abogados amenazaron con abandonar la sala, y la presidenta, con sancionarlos
La defensa lanzó el órdago y, al menos de momento, ganó. El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga en la Casa de Campo de Madrid a 56 integrantes del entorno de ETA por presunta pertenencia a la banda terrorista se vio obligado ayer a suspender la vista del macrojuicio que se inició el 21 de noviembre. La suspensión es temporal, en principio hasta el lunes, pero ello se debió a que 10 de los 11 abogados defensores amenazaron con abandonar la sala por supuesta vulneración del derecho de defensa y reclamaron el amparo del Consejo Vasco de la Abogacía.
Ayer era un día importante en el juicio, pues se esperaba la declaración de uno de los principales implicados, Xabier Alegría, para el que el fiscal solicita un total de 51 años de cárcel. Sin embargo, Alegría no llegó a decir más que una frase. La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, le preguntó si pensaba contestar a las preguntas del fiscal y él respondió: "A un tribunal especial que avala el uso de la tortura como medio de trabajo, no voy a contestar".
Y eso que hubo hora y media de juicio, aunque, eso sí, más de cinco y media de recesos, aplazamientos y suspensiones para deliberar o buscar documentos.
Los abogados de la defensa llevan desde el principio del juicio tratando de suspender la vista y han utilizado todo tipo de estrategias. En lo que parecía que iba a ser la bomba atómica del proceso, recusaron en noviembre a los tres miembros del tribunal. La recusación fue rechazada por abuso de derecho.
Ayer, la excusa fue que no se habían incorporado a la causa con suficiente diligencia 104 cajas (100.000 folios) de otro sumario -las diligencias previas 75/89- que a juicio de la defensa son el origen de este proceso, ya que se trata de una investigación sobre las relaciones entre ETA-KAS-HB y Jarrai.
La abogada de Alegría, Arantza Zulueta, se fajó con la presidenta y exigió ver una serie de documentos que figuran en las citadas diligencias y que suponen imputaciones para su cliente. El primero fue un informe policial sobre Alegría que inicialmente no aparecía. Tras una búsqueda exhaustiva, el documento fue encontrado, pero la letrada no quedó satisfecha.
Acto seguido solicitó la suspensión del juicio y planteó una nulidad de actuaciones, porque a su entender se había vulnerado el principio de igualdad de armas en el proceso y el derecho a un juicio con todas las garantías porque el fiscal y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce la acusación, habían tenido acceso a los documentos durante mucho tiempo y ellos sólo durante escasas horas.
Los letrados fueron elevando el nivel de tensión durante toda la sesión, y ante las pretensiones del tribunal de continuar con el interrogatorio de Alegría, reclamaron el amparo del Consejo Vasco de la Abogacía. Su presidente, Nazario de Oleaga, otorgó el amparo y solicitó entrevistas con el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar y la presidenta del tribunal. Como, a pesar de todo, la presidenta quisiera seguir el juicio, los letrados amenazaron con abandonar la sala.
El tribunal acordó dar de plazo toda esta semana para que los letrados puedan estudiar los 100.000 folios incorporados a la causa y anunció que en caso de que el lunes persista su actitud, les sancionará por obstrucción a la justicia. El juicio tendría que repetirse desde el principio, pero con abogados de oficio. La pelota está de nuevo en el tejado de los imputados.
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