A la caza del fiscal

El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, ha tenido la desgracia de haber llegado a su cargo a comienzos de 2005, cuando en el Partido Popular empezaron a aflorar los asuntos turbios. Doce años de gobierno con mayorías absolutas en la Generalitat, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de las principales ciudades proporcionan demasiadas tentaciones para el negocio privado. No todos poseen la suficiente entereza moral para resistirlas. Desde el grado de escepticismo respecto a la condición humana que por edad me corresponde, el hecho -el de que haya una minoría de corruptos en cualquier formación política- me parece que entra dentro del precio a pagar por el sistema, lo que no quita que, por convicción e higiene democrática, entienda que esos comportamientos se deban perseguir y castigar con mano dura. Puesto que los socialistas y los otros partidos minoritarios han dispuesto durante este período de mucho menos poder en la Comunidad Valenciana, cabe esperar, como resultado de un mero cálculo de probabilidades, que los casos de corrupción que les afecten sean menos numerosos y, desde luego, de menor envergadura. La cuestión, nos guste o no, tiene mucho que ver con las circunstancias (ya lo dijo Ortega) y se reduce a que éstos manejan menos presupuesto, otorgan menos licencias y subvenciones, adjudican menos contratos, aprueban menos documentos de ordenación urbana y, en consecuencia, disponen de menos margen de maniobra que propicie el delito. La realidad parece avalar estas hipótesis.

No hay por parte de la Fiscalía doble vara de medir para unos y otros. Así lo han manifestado en bloque los compañeros de profesión de Ricard Cabedo, en un gesto que les honra, incluidos los nada sospechosos de favorecer a la izquierda de la Asociación profesional conservadora. Pero no importa, a algunos dirigentes del Partido Popular, a su vicesecretario regional sin ir más lejos, el hecho de que el Fiscal Jefe esté casado con una militante del partido socialista les ha parecido suficiente para abalanzarse al degüello con él, con la misma furia con la que se han echado al monte con otras cuestiones, y acusarle, incluso antes de tomar posesión, de previsible comportamiento parcial, de vulnerar la legalidad, y llegar a amenazarle, recientemente, con una extravagante comisión de "expertos" para analizar sus actuaciones. En fin, todo vale si ayuda a poner en solfa su profesionalidad.

Aunque el Fiscal Jefe es la jerarquía superior a efectos de coordinación, su competencia en lo que se refiere a los procedimientos se limita a la provincia de Valencia, y los fiscales de Castellón y Alicante, donde se dan los casos más escandalosos, gozan de autonomía para decidir qué se investiga en sus territorios. La denuncia al alcalde de Alicante por la adjudicación de unos aparcamientos subterráneos, que tanto ha irritado a los populares, fue puesta por una Asociación de vecinos y analizada por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante que encontró indicios suficientes para continuar con los trámites. Lo mismo ocurrió, anteriormente, con el caso Mercalicante que también salpica al alcalde Díaz Alperi. Por el caso Fabra, el culebrón del Presidente de la Diputación de Castellón, también fue amonestado Cabedo sin haber intervenido. Igual cabe decir del asunto de Terra Mítica, ubicada en Benidorm (Alicante), y su trama de facturas falsas puesta en evidencia por la Agencia Tributaria. ¿Por qué se ceban en el Fiscal Jefe? El ataque frontal a Cabedo tiene la pinta de un aviso para navegantes. ¿Qué pretende el PP, que los fiscales se crucen de brazos, que miren hacia otra parte, que dejen de ejercer sus funciones? Tal parece que sí. ¿Acaso los temas mencionados no tienen entidad suficiente para abrir una investigación? Y respecto a lo de Julio Iglesias y el deslucido papel del Ivex, ¿nos merecemos los valencianos que se le dé un carpetazo?, ¿nos merecemos una Administración y unas empresas públicas que admiten pagos en paraísos fiscales como si fueran normales?

La función del fiscal es tan incómoda para los partidos cuando afecta a sus militantes como necesaria, y hay que ayudar a que se ejerza con independencia y libertad. Antes que amedrentar a los fiscales sin pudor alguno con el intento, obvio, de amordazarlos, los partidos, todos, deberían ser los primeros en mostrar interés por aclarar esas conductas que colocan la actividad pública bajo sospecha, y deshacerse cuanto antes de aquellos compañeros de viaje que han sometido el servicio a la ciudadanía a los intereses particulares. Dejemos que la justicia siga su curso, en el que la participación de los fiscales juega un papel fundamental. Somos muchos los que deseamos confiar en la Justicia, así, con mayúsculas, y por ello no queremos fiscales y jueces atribulados por el pánico o la presión mediática, ni héroes, ni víctimas, sino profesionales establecidos en el sistema de forma natural, capaces de realizar sus funciones con razonable competencia. Por eso, junto a la crítica rabiosa y ciega, hacia el Fiscal Cabedo, es bueno que se dejen oír voces de apoyo. Enmudecer a los fiscales es una vil manera de debilitar la democracia.

María García-Lliberós es escritora.