Imputado por tráfico de influencias el concejal del PP de Salamanca
El juez acusa al edil de irregularidades en la concesión de una licencia a un local
El juez Santiago Torres, que instruye el caso Becara, informó ayer al concejal del distrito de Salamanca Iñigo Henríquez de Luna del delito de tráfico de influencias del que se le acusa, por su implicación en esta causa relacionada con presuntas irregularidades en la concesión de licencias de esta tienda ubicada en plena milla de oro de la capital.
Pasado más de un año de sus primeras declaraciones, el juez Santiago Torres citó tanto a Henríquez de Luna como al ex jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo, Óscar Acero, para concretarles la imputación, según indicaron a Europa Press fuentes jurídicas. En septiembre de 2008, Henríquez de Luna manifestó al juez que la competencia de las licencias era de Urbanismo del Ayuntamiento. Desde que le imputaron, el concejal popular ha achacado su implicación a "una venganza" de la familia que denunció las presuntas irregularidades del local. María Adelaida Rodríguez-Patón y Juan Mariano Goyeneche, vecinos del edificio de la calle de Juan Bravo, denunciaron irregularidades cometidas supuestamente por responsables de la Gerencia de Urbanismo en la concesión de licencias a Becara.El caso Becara es una ramificación del caso Guateque, la trama de corrupción municipal que otorgaba licencias a locales a cambio de dinero.
La titularidad del local de Becara corresponde a la mercantil BZ Asuntos de Familia, SL, cuyo apoderado es el ex diputado del PP Jorge Trias Sagnier, marido de una de las propietarias. El ex gerente de Urbanismo Luis Armada otorgó en 1998 y 1999 la licencia de obras y apertura. En marzo de 2000, Becara abrió sin licencia de funcionamiento porque se le denegó por quebrantar la normativa urbanística al ser un edificio calificado de fuera de ordenación. En la solicitud de aquel año consta que el permiso lo tramitó Mariano Carlos de la Fuente Pinillos, socio en una empresa inmobiliaria de Fernando Ruiz Torrejón, uno de los funcionarios de Urbanismo imputados por el caso Guateque y firmante de la licencia que se concedió a la tienda de muebles.
La denominación de fuera de ordenamiento obliga a la tienda a tener la misma actividad que tenía cuando se concedieron las primeras licencias. Anteriormente, la actividad era de compra y venta de vehículos.
El inicio de funcionamiento de la tienda sin licencia propició que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarase ilegal el local por infringir la norma urbanística. Por ello, el alto tribunal madrileño anuló en 2005 un permiso de funcionamiento que autorizó el Consistorio de Madrid.
"No tramité la licencia"
En su primera comparecencia ante el juez, el edil Íñigo Henríquez de Luna insistió en que la Junta Municipal no tramitó ninguna licencia para Becara que a la Gerencia de Urbanismo. Adujo entonces que el departamento que dirige Pilar Martínez se encargó en diciembre de 2006 de una solicitud de modificación del local para reestructurar las plantas del mismo. Ello, según el concejal, obligó a "Urbanismo a ocuparse del resto de las licencias", entre ellas la de funcionamiento. Admitió que la Junta de Salamanca fue informada de que la tienda no tenía licencia de actividad, si bien aclaró que esta incidencia se remitió al Área de Urbanismo del Ayuntamiento.
El concejal, por su parte, compareció el pasado año ante el pleno del Ayuntamiento y admitió que puede haber cometido "errores" en el ejercicio de sus funciones, porque en una Junta Municipal hay "exceso de trabajo" y él firma al año 10.000 expedientes.
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