Fomento quitará los peajes de las autopistas cuando acabe su concesión

El anuncio del ministro de Fomento crea también un precedente para la AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, de 479 kilómetros en su conjunto. Todos ellos expiran el 31 de agosto de 2021, aunque la decisión sobre estos tramos correspondería al Gobierno que esté en la próxima legislatura.

Ábalos anuncia, además, que auditará los costes y los plazos de la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado el Estado, y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año. El ministro de Fomento señala que tiene que evaluar la decisión sobre el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía, ya que tanto el coste de la compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias como los ingresos de una posible reprivatización afectan al déficit del Estado. Sobre este punto, Ábalos asegura que no hay una unanimidad en las cifras que debe asumir el erario público respecto a las facilitadas por el Ejecutivo del PP.

En cuanto a los planes de inversiones millonarios pendientes en carreteras y ferrocarriles —la compra de trenes de Renfe y las líneas del AVE de Adif—, el titular de la cartera de Fomento enfatiza que la voluntad de su departamento consiste en “no paralizar ni demorar nada”. Sin embargo, revisarán la información que se le ha trasladado de esos proyectos antes de ejecutarlos. Y manda un mensaje de tranquilidad a los inversores privados de Aena, participada en un 51% por el Estado.

La liberación de los peajes no solo tiene repercusiones económicas. También tiene trascendencia política. Precisamente ha sido una de las demandas de los grupos políticos catalanes, PDeCAT y ERC, y del valenciano Compromís, que han ayudado a Pedro Sánchez a auparse a la presidencia del Gobierno.

Los catalanes han sido quienes han defendido con más fiereza esta medida, al argumentar que los ciudadanos de Cataluña ya han abonado con creces la inversión realizada en estas vías y que están sufriendo un agravio respecto a otras comunidades que gozan de autovías gratuitas. El anterior ejecutivo de la Generalitat también hizo causa de los peajes y prometió que las autopistas autonómicas C-32 del Maresme y C-33 del Valles, ambas gestionadas por Abertis, serían gratuitas a partir de 2021. Además, emplazó al Gobierno central del PP a que siguiera su ejemplo en las vías de jurisdicción estatal.

Para esta misma semana, Compromís ha presentado una interpelación parlamentaria al ministro en la que le exige que elimine el peaje de la AP-7 en el tramo valenciano. Por otra parte, la supresión del pago en estas autovías ha sido bandera política de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como las de Aragón, Valencia y Andalucía. El Ejecutivo anterior nunca se pronunció sobre si eliminaría o no los peajes.

En cuanto al coste para el Estado, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, calcula que solo liberar el peaje del tramo entre Burgos y Armiñón costaría a los contribuyentes unos 300 millones de euros. Argumenta que esta carretera se colapsaría por el incremento que sufriría del tráfico pesado de camiones. Y señala que hay un gran porcentaje de usuarios de esta vía que son extranjeros y camiones que proceden de Francia y Portugal.

Según las estimaciones que ha ofrecido el ministro en su entrevista con EL PAÍS, el coste mínimo para el Estado de mantener y conservar las concesiones que vencen este año y el que viene (sin contar las de 2021 que ya estarían en la siguiente legislatura), sería, al menos, de unos 27 millones de euros al año. A esa cifra habría que añadir la cantidad no cobrada por el peaje.

Este debate se produce, además, en un momento muy delicado desde el punto de vista empresarial. Abertis, que tiene la concesión de la mayor parte de kilómetros que se van a liberar, se encuentra ya litigando contra el Estado por varias concesiones y acaba de ser adquirida conjuntamente por ACS y la italiana Atlantia.

El anterior Ejecutivo esperaba obtener por el concurso de las radiales unos 1.000 millones de euros, según cifraba en su última actualización del Plan de Estabilidad. Además, valoraba la compensación que debía pagar a las antiguas concesionarias en unos 1.800 millones. Sin embargo, las cifras que los responsables de Fomento han trasladado a Ábalos discrepan de estos números, según ha explicado el ministro en la entrevista.