Luz verde del Congreso a la suspensión de las reglas fiscales sin el apoyo del PP y el no de Vox

Congelado por una temporada el dogma de la austeridad en Europa, el Gobierno no tuvo dificultades este lunes para recibir el aval del Congreso de los Diputados en lo que supone el primer paso hacia la elaboración de los Presupuestos del próximo año. La suspensión de las reglas fiscales, el corsé impuesto por la Unión Europea e incorporado a la Constitución española en el frenesí de ajustes que siguió a la Gran Recesión, recibió un más que holgado respaldo de la Cámara. A los habituales aliados del Gobierno, la izquierda y los nacionalistas, se sumó en esta ocasión Ciudadanos para despejar el camino a unas cuentas públicas expansivas en línea con el nuevo discurso impuesto en Europa. Lo rubricaron 198 de los 350 diputados del Congreso.

Nadie, ni siquiera la derecha, discutió que, tras el brutal choque de la pandemia, la receta del ahorro compulsivo se ha quedado obsoleta y que ahora toca gastar. Pero el núcleo más duro y ruidoso de los opositores al Gobierno, que se pasa el día dando al Gabinete por muerto y reclamando elecciones, no está dispuesto a brindarle la más mínima concesión. Así que, después de reconocer que, efectivamente, ahora es tiempo de olvidarse de los rigores de la austeridad, PP y Vox negaron su apoyo al Ejecutivo. Los populares se quedaron en el refugio de la abstención. La extrema derecha se dejó de medias tintas, volvió a corear el lema preferido de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros —”ya solo queda Vox”— y votó en contra.

Era el primer pleno tras la pausa estival y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, inauguró el nuevo periodo de sesiones con un breve discurso en el que reiteró su enésima apelación a la necesidad del diálogo político. Llegar a acuerdos es “muy difícil”, admitió Batet, pero negarse a ellos, añadió de inmediato, supone “un claro incumplimiento de nuestros deberes como diputados”. Al ritual de buenos deseos que suele seguir a las vacaciones se sumó luego la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: “Que se deje a un lado la estrategia de la confrontación”. Más realista, un compañero suyo, el diputado del PSOE Guillermo Meijón, ya había expresado antes que su grupo hace tiempo que ha renunciado a cualquier esperanza de alcanzar acuerdos con el PP. Y la votación sobre la supresión de las reglas fiscales lo confirmó plenamente.

Montero defendió la propuesta invocando la necesidad de atender las emergencias sociales creadas por la pandemia y de reforzar la recuperación económica en ciernes con una fuerte inversión pública. Un esfuerzo, alimentado con la torrentera de millones de los fondos de recuperación que llegan de Bruselas, para moldear en España “una economía más propia del siglo XXI”. No hay una renuncia a la responsabilidad fiscal, aseguró la ministra, ni tampoco al propósito de que “el déficit público se vaya reduciendo de forma progresiva”. Pero el objetivo de déficit del 3%, meta sacrosanta antes de la pandemia, queda aplazado hasta 2024 o incluso 2025, señaló la titular de Hacienda.

La suspensión de las reglas fiscales era imprescindible para poner en marcha la maquinaria de los Presupuestos del próximo año. Montero así lo hizo ver a la Cámara, a la que prometió un esfuerzo especial de diálogo con todos los grupos para intentar que las cuentas reciban el mayor apoyo político posible, dadas las urgencias del momento. “No apoyar las cuentas públicas sería como negarle el pan y la sal a la sociedad que quiere dejar atrás la pandemia”, manifestó.

La derecha no tardó en reiterar que no va a estar en ningún caso por la labor. El PP sacó a una de sus portavoces de estilo menos fragoroso, Elvira Rodríguez, exministra de Mariano Rajoy. Rodríguez defendió que la suspensión de las normas fiscales exigiría ser compensada con un plan de equilibrio de las cuentas públicas, lo que el Gobierno no ha hecho hasta ahora. Denunció la “vergüenza” de que el Ejecutivo incumpla la obligación de acudir a la Cámara cada tres meses para informar de la ejecución presupuestaria. Y anunció su abstención tras deplorar la “irresponsabilidad” de la coalición de izquierdas, que dirige el país “sin reglas ni compromisos”.

Espinosa de los Monteros recordó que, hace un año, ante una votación similar, su grupo se abstuvo por entender que en una situación extraordinaria eran necesarias medidas extraordinarias. Esa necesidad persiste, admitió el portavoz de Vox, pero no tanto como para dar a Pedro Sánchez “un cheque en blanco” que le permita “gastar sin control”. De modo que esta vez Vox pasó al voto negativo ante lo que entiende como una medida “directamente suicida”. Aparte de la derecha, en el otro extremo del arco político se cosecharon algunas abstenciones más, las de Junts, CUP y BNG.

Ciudadanos apoyó la suspensión de las normas, aunque también reclamó que vaya acompañada de un plan de equilibrio de las cuentas públicas. Entre los más habituales socios del Gobierno se escuchó repetidamente el deseo de que el fin de la austeridad no se quede en un mero paréntesis y la UE se decida a flexibilizar sus reglas fiscales. Lo pidieron formaciones de izquierda como Unidas Podemos, ERC o EH Bildu, pero también, con mucha claridad, el PNV por boca de su diputada Idoia Sagastizabal.

Arremetidas por la luz

El Gobierno consiguió además superar el primer trámite de uno de los proyectos con los que intenta rebajar el precio de la luz: la creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Energética. Con él se pretende sacar de la factura eléctrica las primas a las renovables, que pasarían a repartirse entre los operadores de todas las fuentes de energía. El Gobierno calcula que en cinco años se reduciría un 13% el recibo de la luz.

Entre las voces que discordaron del proyecto se produjo una curiosa coincidencia de los dos extremos del arco parlamentario: las enmiendas a la totalidad fueron presentadas por Vox y el BNG. Ambos, así como la CUP, blandieron algunos argumentos parecidos, como el temor a que los costes que se retiren de la factura de la luz sean endosados luego por las compañías a otras fuentes de energía. El nacionalista gallego Néstor Rego y la diputada de Vox Mireia Borrás hasta recurrieron al mismo ejemplo: el coche eléctrico, sostuvieron, es ahora mismo un lujo “solo para ricos”. Hay una distancia sideral entre las posiciones sobre el cambio climático de los grupos más a la izquierda y el negacionismo que cultiva la extrema derecha. Pero ambos están de acuerdo en advertir de que los costes de la transición energética no pueden recaer sobre “las clases populares”, como dijo Albert Botran, de la CUP. El PP, a su vez, dejó claro que tampoco en esto el Gobierno puede esperar su apoyo.

El debate deparó otro chaparrón por el precio de la luz sobre la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que acudió a la Cámara a defender la creación del Fondo. Las críticas fueron copiosas desde los grupos de izquierda, que instaron a los socialistas a actuar de una vez “contra el oligopolio”. “Se nos ha acabado la paciencia”, advirtió Oskar Matute, de EH Bildu, mientras Gabriel Rufián, de ERC, atribuía la posición del PSOE a la presencia de antiguos dirigentes del partido en los consejos de las compañías energéticas. Algo parecido tuvo que escuchar antes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que defendió el decreto por el que se prorroga hasta el 31 de octubre el llamado escudo social, con la limitación de los desahucios y la prohibición de los cortes de energía. En esta caso, al menos, el Gobierno sí logró el apoyo del PP.