El Gobierno aprueba el plan para recibir 90.000 millones en subvenciones y créditos de los fondos europeos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la que pedirá a Bruselas más de 90.000 millones de euros adicionales de los fondos europeos Next Generation que se crearon para combatir las consecuencias de la pandemia. De ellos, 84.000 millones serán créditos, que estaban pendientes de solicitar, para financiar proyectos e inversiones. Otros 7.700 millones son ayudas no reembolsables que se añaden a los 69.000 millones ya asignados. Al final, la economía española cayó más por la covid que otras y eso ha elevado el cálculo de los fondos que le corresponden. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya había presentado en diciembre las líneas maestras de la adenda. Esta no la aprobará Bruselas hasta septiembre, de modo que será el Gobierno que salga de las elecciones el que la gestione.

Los préstamos por 84.000 millones se conceden con un interés bajo y plazos amplios. El Estado los recibe de la Comisión y tiene un periodo de devolución de 30 años con 10 años de carencia. El Ejecutivo calcula que esta financiación saldrá unos 30 puntos básicos más barata que la del Tesoro. La idea es que estos tipos más bajos se puedan trasladar a las Administraciones y empresas en un momento de endurecimiento de la política monetaria. La Comisión se financiará en el mercado y, dos veces al año, el Gobierno podrá solicitar el desembolso a cambio de cumplir con hitos de reformas e inversiones. El grueso de estos préstamos se dedicará a créditos que se devuelven con amplios periodos de amortización y no a financiar gastos. También pueden tomar la forma de participaciones financieras. A los 84.000 millones en créditos y los 7.700 millones en ayudas directas se suma una partida más: casi 2.600 millones de euros del nuevo mecanismo REpowerEU, un fondo creado a raíz de la guerra en Ucrania y dotado con 20.000 millones para toda la UE con el fin de facilitar la transición energética.

Con estos recursos, el Gobierno pretende impulsar la industrialización y la autonomía estratégica en los ámbitos de la energía, del sector agroalimentario, industrial, tecnológico y digital. Además, se reforzarán las inversiones de los 12 proyectos estratégicos (PERTE) que ya están en marcha. El PERTE del chip será el más beneficiado, con un total de unos 12.000 millones, de los que la mayoría será financiación que se usará o para préstamos o para entrar en el capital de los proyectos. El segundo proyecto estratégico al que se destinarán más recursos es el de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (ERHA): casi 5.500 millones (en diciembre eran 10.4295 millones). Al PERTE del vehículo eléctrico irán 1.250 millones adicionales gracias a la adenda, hasta alcanzar un total de 4.120. También se beneficiarán todos los demás proyectos estratégicos que tiene el Gobierno sobre la mesa dirigidos a construir una economía más sostenible y resiliente: descarbonización industrial (2.270 millones adicionales para sumar un total de 3.170), digitalización del ciclo del agua (3.055 millones hasta 3.458), economía de los cuidados (1.000 hasta 1.766), salud de vanguardia (830 hasta 1.640), industria agroalimentaria (610 hasta 1.357), nueva economía de la lengua (401 hasta 725), aeroespacial (340 hasta 931), economía circular (600 hasta 792) y naval (150). En total, la adenda brindará unos 28.000 millones adicionales a los PERTE.

También se destinarán 120 millones a financiar dos programas de carácter horizontal: una asistencia técnica que agilice la ejecución de las inversiones de los fondos europeos y la cualificación en universidades con microcredenciales para sectores relacionados con el Plan de Recuperación. La vicepresidenta primera ya ha avanzado que entre las novedades de esta versión definitiva de la adenda se incluirá un fondo de 1.000 millones de euros para la “modernización y sostenibilidad” del sector turístico.

El Ejecutivo lleva meses manteniendo reuniones con los gobiernos autonómicos, los grupos parlamentarios y los agentes sociales para elaborar la adenda. La fecha límite para presentarla a la Comisión es el 31 de agosto. De por medio se ha interpuesto otra cita: el adelanto de las elecciones generales que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado para el 23 de julio. En una entrevista en Onda Cero, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al Ejecutivo de aumentar la deuda de España con este plan sin haberlo pactado con la oposición. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Calviño ha contestado que el plan se conoce desde diciembre y que todos los proyectos de las comunidades que tenían sentido se han tenido en cuenta. “¿Quiere decir el señor Feijóo que no quiere continuar con el plan de inversiones y reformas?”, ha apostillado la vicepresidenta económica.

Calviño ha explicado que es importante no frenar las inversiones y que la deuda no va a aumentar de forma inmediata en 84.000 millones: “Se trata de una red de seguridad para poder mantener el impulso inversor y culminar el proyecto de modernización de la economía”, ha señalado.

12 fondos

El resto de los préstamos, unos 65.000 millones, se movilizará a través de 12 fondos, 8 de ellos nuevos y 4 creados en 2020. Se hace así como una garantía de que se devuelvan. Entre los que tiene más recursos, unos 20.000 millones, está el fondo de inversiones sostenibles de las comunidades autónomas. Con este instrumento, las comunidades podrán financiar inversiones en ámbitos como la vivienda, el agua, los residuos o la I+D. Las autonomías asumirán estos préstamos como parte de su endeudamiento y será el Banco Europeo de Inversiones (BEI) el que gestione el fondo y analice los proyectos, asegurándose de que brindan una rentabilidad. Otros 22.500 millones cubrirán los fondos ICO de apoyo a empresas y autónomos. Estos darán condiciones favorables en dos líneas: una de 7.000 millones para financiar inversión productiva y el resto para empresas que desplieguen energías renovables y mejoren la eficiencia energética. Un compartimento específico de este fondo dispondrá de los 1.000 millones para la modernización y sostenibilidad del sector turístico.

Además, se constituirá un fondo dotado con 2.500 millones para bonificaciones fiscales por inversiones verdes de hogares. Es de las pocas cosas que en realidad financiará gasto. 4.000 millones se destinarán a promoción de vivienda social en alquiler, como anunció el presidente Sánchez. Otros 2.500 millones se dedicarán a un fondo de mejora de la inclusión social ligado al ingreso mínimo vital (en diciembre eran 9.000). Este incluirá inversiones para desplegar la tarjeta social digital, mejorar el capital humano, reducir la pobreza infantil y fomentar la inclusión. Con él se escalarán los proyectos piloto con itinerarios para formar e incorporar al mercado laboral a personas excluidas.

El fondo RED, diseñado para sostener los nuevos ERTE, recibirá 3.000 millones de la adenda (antes eran 5.000). Servirán para constituir una especie de fondo de reserva que de credibilidad a las empresas sobre los recursos y que se invertirá en deuda pública y, por lo tanto, no subirá el endeudamiento. Y se duplica con 4.000 millones el fondo Next Tech para start-ups tecnológicas. Los demás fondos que se beneficiarán de los préstamos son el de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas y el de recapitalización de empresas afectadas por la covid (1.035 millones), que en realidad costea desembolsos anteriores; el destinado a coinversiones con fondos soberanos (2.000), que tendrá un grupo de expertos que seleccionará el destino de las inversiones y los socios; el de la España audiovisual (1.500), y un instrumento para ciberresiliencia y seguridad (2.200). Todos estos fondos en general pueden materializarse como préstamos o como participaciones financieras. Se retira respecto a diciembre el de incentivos fiscales en el impuesto de sociedades para fomentar la I+D y la inversión verde.

Estos recursos de la UE se recibirán a medida que se ejecuten los hitos y objetivos asociados. El proyecto incluye 18 reformas complementarias a las ya desplegadas, dirigidas a acelerar la transición ecológica y la transformación industrial, impulsar la movilidad eléctrica, reducir la dependencia energética, aumentar la inserción laboral y la cualificación de los trabajadores. Por ejemplo, se quiere mejorar cómo se casan los perfiles entre la demanda y la oferta de empleo.

Por otra parte, se prevé la modificación de un número importante de hitos y objetivos incluidos en el Plan de Recuperación. La dificultad para poner en marcha las inversiones son muy importantes. Y no solo en España. En Italia están teniendo problemas para cumplir. Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Estonia y Portugal han solicitado retrasos. El Ejecutivo español se ha aferrado a las subidas de costes, los cuellos de botella y la falta de mano de obra para justificar que se retrasen plazos intermedios siempre dentro del límite máximo de 2026. Además, se reescribirán muchos objetivos de inversión para facilitar su cumplimiento. Un ejemplo: el número de horas para considerar a un ciudadano formado en capacidades digitales se rebajará de 250 horas a 7,5. Así será más fácil cumplir la meta de formar a 2,6 millones de ciudadanos en conocimientos digitales. Según datos de la Comisión Europea, España gastó 2.400 millones en 2021 y 5.400 millones en 2022, de los más de 70.000 concedidos en ayudas del Next Generation. De acuerdo con la legislación europea, la fecha límite para haber concluido las inversiones es el 31 de agosto de 2026. Numerosas fuentes de la Administración y empresariales sostienen que haría falta más tiempo para poder ejecutar bien estos recursos.

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