El Gobierno admite que a partir de 2024 solo podrá bajar el déficit con ajustes

El Plan Presupuestario enviado a Bruselas el lunes tiene un importante mensaje de fondo: se acabó la corrección del desfase presupuestario solo confiando en la recuperación del crecimiento económico. Para desplegar cualquier iniciativa de gasto habrá a partir de ahora que tomar medidas de ingresos por otro lado. No hay margen para más sin hacer ajustes. Así se desprende de los cálculos que el Gobierno español ha remitido a la Comisión Europea. De acuerdo con sus estimaciones, el déficit de las cuentas públicas descenderá en unos 10.000 millones de euros hasta los 46.000 millones, el equivalente al 3% del PIB. Este porcentaje es justo la barrera a partir de la cual se empieza a aplicar en la UE la disciplina presupuestaria a los países, y España consigue zafarse gracias al fin de las ayudas por la guerra de Ucrania. Pero el crecimiento económico apenas aporta ya a la corrección del déficit, según se refleja en los cálculos remitidos por el Ejecutivo a Europa. España se queda justo en el límite del 3% sin espacio para mucho más. Si por el repunte de la inflación se aprueba cualquier prórroga de las medidas anticrisis, el objetivo de austeridad se incumpliría. El único alivio es que Francia e Italia han presentado planes en los que prevén una corrección del déficit y la deuda mucho más lenta. Así se podría alejar el foco de España. En cualquier caso, las implicaciones son muy importantes para la elaboración de unos presupuestos que necesitarán del apoyo de diversos partidos.

¿Cómo logra el plan español rebajar el agujero en las cuentas hasta el 3% del PIB en 2024? Al estar en funciones, el Ejecutivo plantea a Europa un presupuesto inercial en el que no puede tomar medidas nuevas, salvo actualizar pensiones y sueldos de funcionarios. Y deja que decaiga el paquete de ayudas aprobado por la crisis de Ucrania, como ya estaba previsto en la legislación. En consecuencia, se suprimen unos 5.000 millones anuales de rebajas fiscales que se aplicaron a la energía y se retiran unos 4.000 millones en subvenciones, sobre todo ayudas sectoriales a los transportistas, el campo, la industria o los refugiados. Otros 1.000 millones proceden de las subidas de cotizaciones fijadas en la reforma de pensiones. Aunque se aplican algunas rebajas de impuestos a rentas bajas y pymes, estas se compensan con las subidas ya aprobadas a rentas altas y grandes grupos empresariales.

Es decir, básicamente el déficit desciende por suprimir los cerca de 10.000 millones del paquete anticrisis. De hecho, el FMI ya recordó que había que eliminar estas medidas para recortar el déficit al 3%. Y así lo dice el Gobierno en el documento enviado a Bruselas: “Aplicando el supuesto de no policy change con el que se ha elaborado este Plan Presupuestario, en 2024 la economía española registraría un esfuerzo fiscal de en torno a 1 punto [de PIB], gracias en buena medida al levantamiento de medidas energéticas en un contexto de mayor estabilidad de precios”. El déficit baja porque se deja caer todo el paquete de medidas que se tomaron con la crisis de Ucrania y el estallido de la inflación. Pero ya no desciende por el crecimiento de la economía y la fortaleza de los ingresos. Sin hacer nada, el desfase presupuestario se estanca.

Los economistas tratan de saber cuánto del déficit presupuestario obedece al momento del ciclo económico y cuánto se corresponde con un agujero estructural y, por tanto, persistente. De modo que intentan medirlo con la brecha de producción que estiman respecto al potencial de la economía, lo que en la jerga se llama output gap. Aunque es muy difícil de calcular y con la pandemia se ha hecho aún más complicado, el propio Gobierno concluye con la metodología europea que la brecha de producción que se abrió con la pandemia se ha cerrado. “En 2023 la economía española está manteniendo un importante dinamismo que situaría el output gap en terreno positivo al final del año”, dice. Este cálculo refuerza el argumento de que ya no se puede montar en el ciclo económico para reducir el déficit. Ese proceso se está agotando porque la capacidad ociosa se ha cerrado y, por tanto, ya no se puede crecer un extra incorporando esos recursos. Dicho esto, una parte del Ejecutivo considera estas cifras muy discutibles y rechaza pensar que el paro estructural pueda enquistarse en el 10%.

Otro problema al que se enfrenta el Gobierno es que está en riesgo la base de estos cálculos: el déficit del conjunto de las administraciones está empeorando un 11% cuando debería estar bajando un 17%. Se sitúa a julio en el 2,21% del PIB, frente al 1,99% del año pasado. Hay un riesgo de que no se alcance el 3,9% que se tiene como objetivo. Si se desvía el cierre de 2023, será todavía más difícil manejar las cuentas de 2024.

Se podría llevar una política en la que el gasto sube en euros, pero crece menos que la economía. De esta forma se lograría reducir el déficit y la deuda de forma gradual en porcentaje de PIB. Pero en Europa empiezan las prisas para reducir el enorme endeudamiento contraído con la pandemia. Hasta el punto de que Bruselas ha impuesto un límite al aumento del gasto sin tener en cuenta los intereses y restando las alzas de impuestos. Este se ha situado en el 2,6%, un techo muy exigente porque no permite siquiera actualizar con la inflación las partidas de gasto. Si se revalorizan las pensiones y los sueldos de los funcionarios, el resto de rúbricas tiene que congelarse o bajar. Para 2024 se puede cumplir en la medida en que se puede suprimir el paquete anticrisis. Pero si se plantea prorrogarlas habrá que tomar medidas alternativas o arriesgarse a incumplir parapetándose en lo que hagan Francia e Italia.

Por otra parte, aunque la Autoridad Fiscal avala el cuadro de previsiones económicas del Plan Presupuestario, avisa de que este tiene algún sesgo optimista. Ve riesgos de que se incumplan los pronósticos sobre el consumo y la inversión en un entorno de subidas de tipos.

“El déficit observado se encuentra ya por debajo del estructural una vez eliminadas las medidas por la crisis de Ucrania”, sostiene Rafael Doménech, economista del BBVA. Y añade que “esto obligará a una política procíclica en un momento de menor crecimiento”. “Se debieron aprovechar los años de recuperación para mejorar más el saldo fiscal”, apunta. Ahora algunas autoridades lamentan que no se pusiera en marcha de manera gradual la reforma fiscal que se incluía en el Plan de Recuperación. En estas circunstancias, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido en sus negociaciones con el PSOE para formar Gobierno que se haga permanente el impuesto a la banca y a las energéticas.

Al mismo tiempo, algunos países europeos parten ya como alumnos aventajados en la carrera por reconducir las cuentas públicas después de la pandemia. Portugal anticipa en su Plan Presupuestario un ligero superávit fiscal para el año que viene. A pesar de sus elevados pagos por intereses, Grecia prevé un déficit de solo el 1% del PIB en 2024. Y en Alemania se proyecta un déficit del 2% del PIB. Los más rezagados de la clase son, en cambio, Francia e Italia. París no espera que el agujero fiscal se reduzca por debajo del 3% del PIB hasta el 2027. Y Roma solo plantea bajarlo a ese nivel en 2026. Pese a contar con una deuda altísima, entre 2023 y 2026 Italia solo piensa disminuir su endeudamiento en seis décimas, del 140,2% al 139,6% del PIB.

La agencia de calificaciones crediticias Fitch ya ha emitido un comunicado negativo sobre las finanzas galas: “La propuesta presupuestaria es consistente con nuestra visión de que el progreso en la consolidación fiscal permanece limitado. Una consolidación lenta y el alto nivel de deuda pública fueron los principales motivos de nuestra bajada del rating de Francia en abril”.

En este contexto, con una mayoría de países haciendo sus deberes fiscales, aumentan las posibilidades de que los halcones acaben siendo mayoría en Bruselas y exijan el mismo rigor al resto. Sería la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez tenga que navegar a contracorriente a la vez que ha de lidiar en los Presupuestos con las peticiones de sus socios.

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