Combatir la desigualdad laboral a nivel global, el desafío de nuestro tiempo

En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, en el que las crisis solapadas proliferan y la desorientación se asienta como espíritu de época, la desigualdad laboral sigue siendo un reto pendiente en multitud de sociedades.

La única forma de abordar correctamente este desafío es dejar atrás los modelos tradicionales y las respuestas fallidas, como las que favorecen la desregulación y las soluciones orientadas a los mercados, y asumir el carácter concertado y compartido que debe tener una respuesta social y expansiva.

Así, con una cooperación reforzada desde tres continentes diversos, los Ministros de Trabajo de Brasil, Sudáfrica y España nos proponemos avanzar hacia un reparto más justo de los frutos del trabajo a nivel global, con un enfoque común que aborde este problema, reflejo de nuestro compromiso colectivo para ensanchar los derechos laborales en todo el mundo.

El declive de la participación laboral en la renta nacional —o labour share— es un fenómeno observado en muchas economías del mundo, particularmente desde la ola neoconservadora de los años 80. La labour share se refiere a la proporción del ingreso nacional que se destina a las personas trabajadoras en forma de salarios, en contraposición a la proporción que reciben los propietarios del capital. Este descenso implica que una menor parte de la renta económica llega a las personas trabajadoras, canalizándose la mayor parte hacia los beneficios del capital.

Los efectos indeseados de una transición digital al servicio de unos pocos, políticas de flexibilidad y desregulación laborales o las dolorosas e ineficaces proclamas de la austeridad son solo algunas de las causas que han motivado esta preocupante tendencia. Estos fenómenos en ocasiones se traducen en la deslocalización de la producción, en ausencia de diálogo social y participación de los sindicatos, en la precarización de las condiciones de trabajo, en un desequilibro de la negociación colectiva que da lugar a salarios bajos o en políticas fiscales que priorizan el capital sobre el trabajo o restringen el crecimiento natural de los salarios.

Brasil, Sudáfrica o España no son ajenos a estas tendencias.

En Brasil, la recuperación de la economía tras la pandemia se ha visto marcada por hitos positivos, incluido un crecimiento sólido del PIB y mejoras en los indicadores de empleo. En 2023, el PIB aumentó un 2,9% respecto al año anterior, el número de ocupados alcanzó los 43 millones, el empleo formal cerró el año con la creación de 1.488.598 puestos de trabajo y la tasa de desempleo se situó en el 7,4%.

A pesar de estos resultados positivos, persisten desafíos estructurales en el mercado laboral brasileño. Según la OIT, Brasil registró un crecimiento muy leve de la productividad entre 2015 y 2023 (promedio anual del 0,1%), mientras que los salarios reales cayeron un 6,9% en 2023. El empleo informal, los bajos salarios y determinadas prácticas laborales inaceptables, como el trabajo infantil o forzoso, siguen estando extendidas. Ante esto, Brasil está promoviendo los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, está revisando los Planes Nacionales para la Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso, ha presentado su candidatura para ser país pionero en la Alianza 8.7 (asociación mundial para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de seres humanos y el trabajo infantil) y está implementando un Pacto Nacional por el Trabajo Decente en las Zonas Rurales.

El mercado laboral de Sudáfrica también es un ejemplo de disminución de la participación laboral. Los salarios reales han mostrado fluctuaciones significativas, sin poder seguir el ritmo del crecimiento constante de la productividad. Esto ha llevado a una situación en la que los trabajadores no se benefician proporcionalmente de la riqueza que ayudan a crear. La volatilidad del crecimiento de los salarios reales en comparación con la productividad pone de relieve esta disparidad, que se ha visto aún más exacerbada por crisis como la pandemia, que afectó gravemente al crecimiento, a la estabilidad del empleo y a los niveles de productividad y salarios, provocando una disminución de los niveles de vida, así como una mayor desigualdad económica para muchos sudafricanos y sudafricanas.

Estas perturbaciones ponen de relieve la vulnerabilidad de los medios de vida de las personas trabajadoras y contribuyen a ampliar la desigualdad laboral. La disminución de la participación laboral es evidente: una proporción menor del ingreso nacional llega a las y los trabajadores, mientras que los propietarios del capital reciben una proporción mayor. En consecuencia, las personas trabajadoras sudafricanas deben hacer frente a una mayor inseguridad económica y a una proporción cada vez menor de la riqueza del país. Esta situación subraya la necesidad urgente de un nuevo enfoque que dé prioridad a una distribución más justa de la riqueza y fortalezca los derechos de las personas trabajadoras a nivel mundial.

En España, el crecimiento de la productividad ha sido débil en las últimas décadas, con excepciones significativas como la subida que se experimentó en 2022. Asimismo, los salarios han crecido muy por debajo de los beneficios empresariales. Entre 1995 y 2022, la productividad laboral aumentó un 15.3%; por el contrario, los salarios reales solo subieron un 1.2%. La conclusión es evidente: hay un reparto injusto de los frutos del trabajo.

Hemos abordado este problema con un cambio de paradigma, situando en el centro los derechos de las personas trabajadoras, con la primera reforma laboral que amplía derechos en cuatro décadas de democracia en España; una transformación de las políticas laborales que ha atajado la temporalidad, generado figuras alternativas al despido en momentos de crisis o reforzado la negociación colectiva y con políticas feministas que hacen que hoy trabajen por primera vez en España 10,1 millones de mujeres. En este marco, hemos subido también los salarios, con un incremento del 54% del salario mínimo en cinco años.

Hemos, pues, desmontado los dogmas neoliberales y demostrado que, transformando el mundo del trabajo, es posible modificar el modelo de crecimiento.

Pero queda muchísimo por hacer. Nuestros países tienen, al menos, cuatro desafíos fundamentales para ensanchar los derechos laborales.

En primer lugar, debemos seguir subiendo los salarios. Los salarios reales crecen muy por debajo del crecimiento de la productividad. Como hemos demostrado, las políticas de subida salarial —particularmente de los salarios mínimos legales— contribuyen decisivamente a que las ganancias de productividad se repartan entre las personas trabajadoras, reduciendo la desigualdad y la brecha de género. Hemos, pues, de apostar por lo que sabemos que funciona.

En segundo lugar, hemos avanzado mucho en materia de igualdad y diversidad en el mundo del trabajo, pero persisten importantes desafíos que debemos superar para garantizar que todas las personas disfruten de igualdad de oportunidades, trato justo y condiciones de trabajo dignas, sin distinción de género, raza, orientación sexual o identidad de género. Todos somos conocedores, por ejemplo, de los recientes e inaceptables casos de discriminación racial en el mundo del deporte. Es sólo una muestra del largo camino que queda por recorrer.

En tercer lugar, la transición digital debe tener lugar de forma justa y blindando los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras. Debemos garantizar que la digitalización se sitúe al servicio del trabajo decente, y no al revés, asegurando que el uso de la tecnología facilita el trabajo humano. Como afirma Daron Acemoglu, la innovación tecnológica en sí misma no es un acicate para la prosperidad, “hay que ejercer un control democrático en la dirección de la tecnología”. Hay que poner la innovación tecnológica al servicio de la justicia social.

En cuarto y último lugar, debemos aunar esfuerzos para fortalecer la negociación colectiva, atajando, de una vez por todas, la continua caída de su tasa de cobertura en el mundo. Confiamos, además, en el diálogo social como poderosa herramienta para la comprensión mutua y la colaboración; como cauce para mejores condiciones de vida y trabajo.

Por todo ello, hoy, los Ministerios de Trabajo de Brasil, Sudáfrica y España hemos acordado establecer un marco permanente de colaboración e intercambio reforzado en materias sociales y laborales entre nuestros países, desbordando la tradicional brecha Norte-Sur que ya no se ajusta a la realidad actual, y que guiará nuestras políticas en defensa de un aumento de la participación compartida de las rentas salariales en la riqueza nacional.

Defenderemos en cada rincón del mundo salarios justos, más igualdad y diversidad en el trabajo y un diálogo social y una negociación colectiva reforzados, transitando las transformaciones del mundo del trabajo con la justicia social en el centro. Hoy, como afirma Alain Supiot, es más necesario que nunca avanzar hacia una nueva Declaración de Filadelfia que abra paso a la democracia económica y a un mundo del trabajo del siglo XXI.

En definitiva, Brasil, España y Sudáfrica avanzaremos hacia una nueva internacional laborista, una alianza global sabedora de que los grandes desafíos pendientes —la crisis climática, el crecimiento de las desigualdades, la erosión de las democracias— deben abordarse ampliando derechos laborales, no recortándolos.

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