La revuelta educativa neocon

La patronal de los colegios privados concertados, mayoritariamente dependientes de la jerarquía católica, ha puesto el grito “en el cielo” y ha lanzado su particular campaña de desinformación y fake news contra la nueva ley educativa (Lomloe), cuyo trámite ha pasado ya al Senado tras ser aprobada la pasada semana en el Congreso de los Diputados.

Esta patronal neoconservadora de las “Escuela Católicas”, en cuanto ha visto peligrar mínimamente algunos de los privilegios que ha acumulado durante tantos años en la España heredera del nacionalcatolicismo franquista, ha obligado a las direcciones de los colegios concertados a mandar una carta escrita a cada familia para que se sumen a la campaña de firmas contra la nueva “Ley Celaá”, asegurándoles que va en contra del profesorado, de las familias y del alumnado, así como contra los derechos constitucionales de toda la ciudadanía. Es más, informan en las misivas que el propio colegio se sumará a esa campaña de lobby y a todas las que pongan en marcha.

No aceptan que la nueva ley derogue la nefasta Ley Wert (Lomce) del PP, que tantos privilegios les otorgó para seguir adoctrinando a los escolares desde su infancia, a la vez que les facilitaba tener una selecta clientela segura y, por supuesto, hacer caja a costa del erario público, sin por ello dejar de cobrar a las familias su particular tributo, en forma de aportaciones voluntarias, por el privilegio de escolarizar a sus hijos e hijas sin mezclarse con los pobres de distinta clase y condición. Un negocio económico e ideológico redondo.

Se entiende, pues, que se revuelvan contra el “gobierno social-comunista”, como les gusta denominarlo, que parece empeñado en limitar un tanto su potestad para seguir haciendo y deshaciendo a su antojo en la educación, como así ha sido durante tanto tiempo.

El primer bulo o “falsa noticia” que lanzaron hace meses, al más puro estilo trumpiano, fue que la ley cuestiona la supervivencia de los centros de educación especial, sin molestarse siquiera en mencionar qué dice el texto normativo. Sorprende esta “fake new” cuando la ley dice literalmente: “El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”. Y añade, además, que “continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada”. Y todo ello, como también se indica, “de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”. Se trata, pues, de avanzar (a muy largo plazo, cabe objetar) en una educación inclusiva que estamos lejos de asegurar actualmente.

El segundo bulo o “falsa noticia” especialmente falaz es el que sostiene que la nueva ley pretende acabar con la enseñanza concertada. Nada más lejos de la realidad, por más que España sea una anomalía en Europa en este sentido, y que se debería haber iniciado hace mucho un proceso para poder contar con una red pública única que garantice el derecho a la educación de toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. La triste realidad es que la Lomloe mantiene tal cual la doble red “sostenida con fondos públicos”, sin atreverse siquiera a establecer el carácter subsidiario de los conciertos, para que nunca más se supriman aulas o centros públicos en las mismas zonas donde se mantienen o incluso se amplían los conciertos educativos.

Otra cosa muy distinta es que se deroguen ciertos aspectos de la Lomce que, como bien sabe la patronal de la concertada, han mantenido sus privilegios y han permitido su imparable despliegue a costa de la educación pública; sobre todo en ciertas Comunidades Autónomas (con Madrid a la cabeza). Como el establecimiento del “distrito único” para permitir mayor selección del alumnado por los centros, o la cesión de suelo público para construir colegios concertados de antemano donde faltaban plazas escolares, lo que ha postergado a la educación pública y ha propiciado incluso prácticas corruptas, como demostró el caso Púnica. La aprobación de la enmienda de Unidas Podemos para que el suelo público sólo sea para centros públicos es sin duda un avance importante en ese sentido.

Un tercer bulo o “falsa noticia” es que la ley es anticonstitucional por atentar contra el derecho a la libre elección de centro, cuando ni ese supuesto derecho está contemplado en la Constitución ni ha desaparecido, lamentablemente, de la nueva ley, que lo recoge entre sus principios (art. 1, q), así como en el articulado relativo a Escolarización (art. 84.1) y a Centros docentes (art. 108.6), entre otros. La libre elección de centro no es un derecho, sino la manifestación de una preferencia particular, que en ningún caso puede equipararse al derecho de todos y todas a la educación en condiciones de igualdad. Por lo tanto, tal preferencia de elección de un centro determinado sólo puede ser atendida si no atenta contra los criterios prioritarios que deben presidir la planificación educativa y una escolarización equitativa.

El cuarto bulo o “falsa noticia” se refiere a la acusación de que la nueva ley educativa posterga la enseñanza de la religión. Sorprende esta interpretación trumpiana de la realidad, utilizando lo que este personaje denominó “hechos alternativos” para referirse a sus mentiras. Porque la nueva ley mantiene el adoctrinamiento religioso que blindó el preconstitucional Acuerdo sobre Enseñanza con la Santa Sede y que ningún gobierno se ha atrevido a denunciar. Es más, se mantiene también el pago con fondos públicos de la legión de catequistas que imparten doctrina católica, aunque acceden a sus puestos a dedo, por la mera voluntad del obispado de turno. Lo único que hace la Lomloe es impedir el atropello que introdujo la Lomce al obligar al alumnado que no elegía religión a cursar una materia al gusto de la jerarquía eclesiástica.

Contrariamente a lo que sostiene con sus “fake news” la patronal neocon de los centros privados sostenidos con dinero público, en su conjunto el nuevo proyecto de Ley adolece de importantes insuficiencias, especialmente en lo que respecta a su tímida apuesta por la educación pública, como eje vertebrador del sistema educativo y como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad. De hecho, apenas se avanza nada en la reversión de la privatización de la enseñanza mediante la actual doble red financiada con fondos públicos, lo que conlleva el reconocimiento y la permanencia tal cual de la enseñanza privada concertada, que es además una constatada vía de segregación escolar. Por no hablar del nulo avance en la laicidad del sistema educativo en general y de la escuela pública en particular, a pesar de los compromisos adquiridos al respecto por el propio PSOE, en sede parlamentaria, a raíz de algunas iniciativas planteadas por UP, como la PNL de 21 febrero 2018, aprobada por mayoría, que instaba al gobierno a derogar los Acuerdos con el Vaticano y otras confesiones para sacar el adoctrinamiento religioso del ámbito escolar.

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