Los rectores de las universidades públicas madrileñas denuncian que la ley que prepara Ayuso invade su autonomía

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha redactado el borrador de su Ley de Enseñanzas superiores, Universidades y Ciencia de espaldas a la comunidad afectada (rectores, sindicatos y estudiantes) y antes de que se haga público el documento definitivo, con 250 artículos ―circula un resumen de ocho páginas con poca concreción―, los máximos dirigentes de los campus públicos de Madrid, reunidos en la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA), hicieron llegar el pasado jueves una respuesta muy crítica de 18 páginas al consejero Emilio Viciana.

“Las propuestas se presentan en ausencia de un hilo conductor, sin que se detalle la estrategia que se persigue para el espacio madrileño de educación superior”, lamentan en su análisis, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y le reprochan que pueda aspirar a “remediar solo la LOSU [la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la estatal de 2023]” desaprovechando la oportunidad de “fortalecer su espacio”, puede leerse en el escrito.

La respuesta de los rectores es especialmente significativa porque, en primer lugar, es muy poco habitual que los rectores de la CRUMA emprendan iniciativas como esta de forma conjunta y, además, varios de ellos son muy próximos al PP.

Los rectores de las universidades Complutense, Autónoma, Carlos III, Alcalá, Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos, que resaltan que el conocimiento que tienen de la ley es “parco”, temen que varias propuestas de la norma puedan “afectar directamente a la autonomía universitaria y a la organización de las universidades, generando situaciones inciertas y con carácter que puede considerarse invasivo sobre la autonomía universitaria”.

Los rectores consideran que la ley no aborda la mejora de la calidad de los campus, ni su internacionalización, porque se centra en Sudamérica descuidando Europa; y que se pierde la ocasión de definir cómo será la financiación plurianual ―casi todos los gobiernos autonómicos cierran acuerdos para una media de cuatro años con sus universidades, mientras en Madrid no saben de cuánto dinero van a disponer el curso siguiente― cuando en su opinión sus campus están “seriamente en riesgo”.

Madrid es la autonomía que menos invierte por alumno en España y en la que las familias más pagan de matrícula. “Por cierto que, en esta línea, no hemos sido convocados a ninguna reunión sobre el presupuesto de las universidades para el año 2025″, aprovechan los rectores para señalar, “a pesar de haber reclamado abordar este asunto”.

Distrito único de prácticas. “La Comunidad de Madrid se constituye en un distrito único a efectos de la regulación y gestión del sistema de prácticas curriculares y extracurriculares de los alumnos de educación superior”, se afirma en el borrador. Los rectores consideran que no se puede limitar a las empresas su actividad a estar en un distrito, si acaso a las públicas.

A los responsables académicos les inquieta que no se garantice primero las plazas de la pública cuando la norma habla de “igualdad de oportunidades entre todos los alumnos” sin priorizar a sus matriculados. Y en especial les alarma el caso de Medicina, pues deducen que en los hospitales concertados se les va a dar el mismo trato, “resultando una discriminación para las públicas al carecer de los instrumentos económicos y contractuales” para competir con las privadas. Recuerdan que ellos costean los sueldos de los profesores en los hospitales y no pueden impartir clase a los de las privadas.

Expansión de los campus privados. A las seis instituciones públicas, que no crecen desde 1996, les intranquiliza sobremanera la expansión de las privadas que son ya 13 y pronto 15 y la proliferación de centros adscritos a universidades en otros territorios, como el que va a abrir la Católica de Murcia en Torrejón de Ardoz. Remarcan, y lo confirman los rankings de calidad universitaria, que falta “una estrategia de requisitos”, de masa crítica (tienen un tamaño muy reducido) y solvencia docente e investigadora. A su juicio, parte de los beneficios de estas privadas deberían de revertir en la Comunidad de Madrid.

Vandalismo. El Gobierno de Ayuso quiere castigar los actos de vandalismo y los escraches y los rectores recuerdan al consejero que estos ya están sancionados en la ley de convivencia universitaria de 2022, en el caso de los estudiantes y en el Estatuto Básico del Empleado Público (1986) en el caso de la plantilla.

Elección de rector y gerente. El Ejecutivo pretende que solo puedan ser rectores los catedráticos (como era hasta la LOSU) o los acreditados a esta figura cuando la nueva ley estatal permite que lo sean profesores titulares que hayan demostrado solvencia docente, investigadora y experiencia en gestión; y los rectores recuerdan al consejero que ambas normas pueden colisionar.

Pero más que la elección a rector, les molesta que en la de gerente, el Gobierno regional pretende “fijar las características” de la selección, lo que en su opinión es una intromisión en su autonomía porque este forma parte del equipo rectoral. No les gusta tampoco a los rectores que haya siempre un interventor del Consejo Social, sostienen que debería limitarse a casos en los que se “detectasen problemas en sus presupuestos”.

Financiación. Los rectores pretenden que se aclare qué significa que la Comunidad va a cubrir el 70% del capítulo de gastos, pues quieren tener la garantía de que la financiación básica se cubre (incluida la investigación estructural), porque no se especifica qué comprende. Además, pretenden que se tenga en cuenta el tamaño y las singularidades de cada campus.

La LOSU obliga a que en 2030 los gobiernos regionales inviertan el 1% del PIB (no está claro si regional o nacional), pero la norma madrileña lo pasa por alto. Y no ponen reparos a desarrollar una contabilidad analítica que les permita, por ejemplo, saber cuánto realmente invierten.

Actividad investigadora. Los rectores reprochan a Viciana que no haya un capítulo de innovación y transferencia de conocimientos y que pongan condiciones especiales para lograr una plaza de profesor ayudante doctor (dos años de estancia en una universidad distinta), pues “puede resultar contraria a derecho” y “aboca a dejar desiertos la mayoría de los concursos”. Porque muchos asociados no han estado en otros centros y muchos posdoctorales tampoco.

El Ejecutivo no quiere desarrollar la figura de profesor permanente laboral (no funcionario) y eso los rectores creen que “coloca a los profesores madrileños en inferioridad de condiciones” respecto a otros.

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