La ola imparable de la universidad privada arrolla a la pública

Si el ritmo de creación no se frena, en unos meses habrá en España más universidades privadas que públicas. La ola de privatización parece imparable. Hay 50 campus públicos y la Administración no abre ninguno desde que en 1998 se aprobó la Politécnica de Cartagena. Mientras, la privada suma ya 46 ―31 aprobados en estos últimos 26 años― y estudia o tramita al menos otros diez. Ya hay más alumnos inscritos en másteres privados que en públicos, y en Madrid, por ejemplo, ya se cuentan más los estudiantes privados de primero de Medicina (que pagan hasta 23.000 euros por curso) que los que acuden a la pública (1.240 euros por año). El Gobierno confiesa que de esta avalancha le preocupan, sobre todo, dos aspectos: la baja calidad de muchos proyectos, y que la universidad se convierta en un simple mercado en el que los estudiantes ricos siempre dispongan de una puerta de entrada. El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, lo expresa así: “En nuestra historia reciente, la universidad ha sido el mejor ascensor social que existe, porque prepara a la gente para el futuro. Si disminuimos nuestra actividad controladora [de la calidad], haremos un flaco servicio a la sociedad”.

La titularidad de estas entidades privadas es diversa: hay una quincena larga relacionadas con la Iglesia, tres pertenecen a obispados, otras tres dependen del entorno del Opus Dei, la Asociación Católica de Propagandistas va camino de incorporar la quinta, los jesuitas disponen de cuatro y los Legionarios de Cristo, una. Los centros religiosas se gestionan por medio de fundaciones que no reparten dividendos, sino que están obligados a revertir los beneficios en su universidad. La banca tiene dos y hay dos más semipúblicas (UOC de la Generalitat y Vic). La veintena restante está en manos de empresarios particulares, como el dueño del Deportivo Alavés, o en las de grandes conglomerados empresariales (Planeta planea abrir la tercera o el grupo de comunicación Vocento es accionista de una).

Pero el debate se encuentra en la incorporación de fondos de inversión a este sector. Permira compró en 2018 por 770 millones de euros la Universidad Europea, que dispone de centros en Madrid, Valencia, Tenerife y Málaga. Tendrá pronto uno en Cáceres y ha manifestado su interés en Gijón. Este año, tras llevar a cabo el primer ERE de profesores en una universidad española, se ha quedado como socio minoritario de la Europea tras vender la mayor parte, por 2.200 millones, a otro fondo: EQT (Idealista y Parques Reunidos). Otro caso: en 2019, el 70% de la Alfonso X el Sabio, con centros en Madrid y Málaga, acabó en manos de CVC por 1.100 millones. El fondo tantea la venta de su participación por unos 2.000 millones, según Bloomberg.

Rafael Albarrán, el socio responsable de educación de la consultora Ernest Young España que asesora a estos fondos, no hablaría de nuevo furor: “Desde hace unos años se invierte en colegios, universidades, formación profesional, incluso, esto es más reciente, en formación continua”. También en residencias universitarias. “Los fondos no quieren sólo tener rentabilidad, sino aportar un beneficio a la sociedad. Se buscan activos y compañías que realmente generen un impacto social y/o medioambiental positivo, y que, con una inversión de capital privado, influyan en la sociedad”. Y ahí, según Albarrán, encaja la universidad. El atractivo de la universidad para los inversores, según este consultor, se basa también en que, como los grados duran cuatro años, se puede prever la caja. Y se vive un momento de transformación digital y tecnológica que obliga al trabajador a someterse a una formación continua “que es atendida de manera combinada por la universidad pública y privada, con una calidad excepcional en ambos casos”.

Los alumnos de la universidad privada crecen en grado ―han aumentado del 13,3% en 2015 al 21,8% de los inscritos en una carrera el pasado curso―, pero aún están lejos de la pública por el pequeño tamaño de sus campus en plena expansión en muchos casos. Es cierto que en Madrid cursan ya más alumnos privados para ser médicos que en la pública, pero eso no ocurre en el resto de España. En la capital pasa lo mismo con primero de Veterinaria (hasta 89.800 euros el título privado) u Odontología (101.500 euros). Con respecto a los másteres, ya se ha producido el sorpasso: la privada copa el 63% de las plazas ofertadas y el 50,2% de los apuntados, gracias en parte a que se ha quedado con el negocio de los posgrados a distancia habilitantes para poder ejercer de profesor de secundaria o psicólogo clínico.

“No nos preocupa que haya muchas privadas [es un derecho constitucional], sino la calidad que presentan. Hay muchos proyectos que están en marcha que hemos enjuiciado muy desfavorablemente”, denuncia el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades. Los técnicos del ministerio elaboran un informe basado, entre otros factores, en el perfil de los profesores, la financiación o las instalaciones. El dictamen luego se discute y se vota en la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), de la que forman parte los gobiernos autonómicos. Este informe es preceptivo pero no vinculante, de forma que los ejecutivos autonómicos pueden obviarlo. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 se han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios. Y tramita en la actualidad otras seis propuestas. Pese a los informes negativos, en este período se han aprobado en parlamentos regionales 11 campus. Esta semana Sumar y PSOE llevaron a la comisión de Ciencia del Congreso una proposición no de ley para que el informe se convirtiese en vinculante, pero PP, Vox y Junts votaron en contra.

Próximamente, pese al informe negativo, se aprobará en la Asamblea de Madrid la Universidad Abierta de Europa, la decimocuarta universidad privada de esta región que guarda otras tres en la recámara, y en Extremadura la Universidad Internacional para el Desarrollo (Uninde), su primer centro privado. Esta región tiene en anteproyecto de ley otras tres. Baleares, otra comunidad sin centros universitarios privados, también contará pronto con otro: la Universidad de Mallorca. Asturias asegura que solo dará su autorización a su primera privada, la Europea, si cuenta con el informe preceptivo favorable. Quien se resiste es el Gobierno de Castilla-La Mancha. Encima de la mesa tiene 10 propuestas que no estudiará antes de que se apruebe su ley de universidades. “No queremos convertirnos en una máquina de expedir títulos ni en el satélite de las universidades privadas de Madrid”, asegura José Antonio Castro, director general de Universidades de Castilla-La Mancha. “Muchas privadas dedican cero euros a investigación. Hay que determinar que un porcentaje de su presupuesto propio lo dediquen a hacer ciencia. No vale que sus investigadores hayan captado 300.000 euros del ministerio, cinco millones de Europa... No”.

Juan Cayón, rector de la decimotercera universidad privada aprobada en Madrid, UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología) y antes rector de la Antonio Nebrija, está de acuerdo en que se pidan requisitos de calidad, pero pide competir “en igualdad de condiciones con la pública” en las convocatorias de proyectos de investigación nacionales e internacionales. UDIT, que nació con el informe contrario del CGPU, va por buen camino, según Cayón. Cuentan con más de 3.000 alumnos ―antes eran una escuela de diseño prestigiosa―, están acreditando a profesores doctores y van camino de tener un programa de doctorado. “A la larga yo creo que las universidades se van a reordenar. Que va a haber fusiones y desapariciones, sin duda. Pero probablemente también entre las públicas”, añade Cayón.

En 2021, el entonces ministro Manuel Castells impulsó el decreto de creación y reconocimiento de universidades, que obliga a que el 50% de los alumnos de una universidad privada o pública sean de grado, que la mitad de los docentes hayan leído la tesis o que se oferten 10 carreras y seis másteres como mínimo. Pero ahora el ministerio quiere endurecerlo. “Nuestro principal objetivo es que la educación superior tenga los mejores niveles de calidad docente y de actividad investigadora y vamos a emplear todos los medios legales a nuestro alcance para que sea así. Es un proceso que no está acabado, sino en plena ebullición”, advierte el secretario de Estado.

“La posición de las comunidades debería estar alineada con nosotros en el sentido de no favorecer la proliferación de proyectos universitarios de baja calidad. Es decir, dirigir los recursos para la universidad pública, que es la única forma de asegurar el proyecto que tenemos de país”, prosigue Cigudosa. “Me preocupa que esto en Europa no está pasando y que se nos puede percibir como un país en el que se expenden títulos sin calidad y eso es lo que vamos a intentar quitar de raíz”, añade.

Varios países de Latinoamérica sucumbieron a una privatización de la universidad sin calidad y ahora intentan revertirla. Allí se llaman universidades garaje o patito. ”Es imposible que aguanten todas las privadas. En Chile tienen unos problemas increíbles porque han desaparecido universidades del mercado”, razona César Rendueles, científico titular en el Instituto de Filosofía del CSIC. El autor del ensayo Contra la igualdad de oportunidades sostiene que las primeras perjudicadas por este aumento de centros privados van a ser, precisamente, las privadas de larga tradición, que tienen una “docencia digna”, y ahora se van a ver rodeadas de “autoescuelas con pretensiones sin capacidad de dar un módulo de FP, a años luz de una pública”.

Rendueles diferencia varias dinámicas. Por un lado, opina que “una vez que ya se han conquistado las enseñanzas medias y primarias, hay una extensión a la universidad de un modelo privado que se apoya desde el sector público”. Y por otro lado, observa una “apuesta por la destrucción de la educación superior, tal y como la conocemos, porque se ve como un lugar de adoctrinamiento, donde se pierde el tiempo”. Y remarca el “endeudamiento enorme de las familias, que hacen un gran sacrificio económico”. En el curso 2019/2020, los hogares invirtieron 6.622 millones en educación privada universitaria, según los datos del INE.

En sus legislaciones, varias comunidades autónomas supuestamente van a tratar de fijar una calidad mínima. Ocurrirá en Madrid o en Andalucía, donde se han autorizado cuatro universidades privadas en 10 meses. En esta última comunidad, también una nueva ley exigirá a los centros privados que un 3% de sus ingresos anuales se dediquen a becas y otro 5% a investigación.

Cataluña, que alberga muchas de las mejores universidades de España, no autoriza una privada desde 2003. Ni siquiera tiene algún proyecto encima de la mesa. Mientras, un grupo de empresarios gallegos confía en convertir un centro adscrito, Cesuga, en la segunda universidad privada de la comunidad.

José Saturnino Martínez, director general de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), creyó que con su pequeño tamaño las cuatro privadas del archipiélago (una quinta no está aún activa) no iban a tener capacidad para cumplir los requisitos del decreto de Castells, pero le han sorprendido. “Tenemos universidades de 3.000 o 4.000 alumnos que son capaces de tener uno o dos programas de doctorado fuertes. Ven que se rascan el bolsillo, que han salido al mercado europeo, están trayendo gente...”, se alegra. “Lo que se están gastando de más en un doctorado es lo que les garantiza que tengan la licencia. Se dan cuenta que recuperan el dinero con los másteres”.

“Hace 25 años, cuando aún se creaba alguna universidad pública, había un debate mediático, político, sobre si había demasiadas universidades, pero ahora que solo se abren privadas, nadie lo discute. Ahí se ve dónde pueden estar los intereses”, reflexiona Martínez, profesor de sociología en la Universidad de La Laguna (pública).

Plazas a demanda

“Un estudiante que no puede acceder a una universidad pública y su familia tiene los recursos necesarios, puede ingresar en una privada. Entonces ¿por qué las públicas no ofrecemos más plazas?”, plantea Eva Alcón, presidenta de la conferencia de rectores (CRUE). “La respuesta es muy sencilla: porque no tenemos recursos públicos necesarios. Implicaría desdoblar grupos, contratar a más profesorado, se necesitan instalaciones...”.

Los expertos señalan que las facultades crecen por doquier ―también públicas― , debido a la enorme demanda, sin tener en cuenta que pueden abocar al paro a miles de veterinarios, fisioterapeutas o psicólogos que se gradúan cada año. De nada sirve por ahora que los colegios profesionales alerten públicamente de la precariedad. “Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo ese mapa de titulaciones para poder planificar la oferta académica”, prosigue Alcón. “Muchas universidades hemos hecho una revisión exhaustiva de los planes de estudios. Además de poner nuevas titulaciones con demanda social, como Robótica o Bioquímica, hemos reorganizado el resto”.

Antonio Abril, presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas, el órgano que sirve de puente entre el mundo académico público y el empresarial y cultural, es tremendamente crítico. “Las universidades públicas tienen que cambiar el sistema de gobernanza para dar entrada a la sociedad, para atender más y mejor sus deseos. Porque tenemos un 9% de paro en egresados, un 36% de sobrecualificación y mucha migración de talento”, prosigue el ex director general de Inditex. “Y en ese contexto entra el capital privado, que encuentra un nicho, porque hay algunos aspectos en los que superan a las públicas: la formación en competencias profesionales, la cercanía a la empresa, su mayor capacidad para contratar profesionales y que trabajan más el tema de la empleabilidad “.