La Universidad Complutense estudia eliminar grados, másteres y doctorados con pocos alumnos para sobrevivir a su crisis financiera
La institución, con un déficit de 65 millones en 2023, se plantea abrir estudios semipresenciales, encarecer sus colegios mayores o pedirle al Gobierno de Ayuso, que le asfixia, que suba el precio de los posgrados
La Universidad Complutense de Madrid estudia ―no hay una decisión tomada― la posibilidad de eliminar grados, másteres o doctorados con poca demanda para intentar sobrevivir a su enorme crisis financiera, que es producto del estrangulamiento económico que vive la institución desde hace 15 años, pues los sucesivos gobiernos autonómicos del PP mantienen congelados los fondos. Cerró 2023 con un déficit estructural de 65 millones de euros y una partida de la comunidad de 375,5 millones en 2025 (además hay aportaciones menores de las tasas pagadas por las familias e ingresos varios), resulta imposible cuadrar unos presupuestos nuevos y el rector, Joaquín Goyache, ya ha anunciado a su claustro que prolongará los vigentes.
Esta medida en estudio, la supresión de títulos, se incluye en el listado de propuestas para recortar gastos y lograr ingresos proporcionado al claustro de la UCM, que se reunió este viernes y al que ha accedido EL PAÍS. Entre otras iniciativas encima de la mesa, el rectorado se plantea pedir a la Comunidad de Madrid que revise el precio de los másteres y de las pruebas para conseguir la homologación de un título extranjero, y recalibrar el precio de una plaza en sus colegios mayores (950 euros este curso y una demanda enorme) o el de las actividades culturales y deportivas.
Los rectores denuncian que reciben la misma partida que en 2009, cuando en valor real han perdido un tercio porque la inflación ha subido un 34% desde entonces. El próximo martes se reunirán con Ayuso para hablar de financiación a las puertas del debate sobre modificación de presupuestos de 2025, tras la muestra de fuerza de los rectores, que lograron el jueves el apoyo unánime de sus consejos de gobierno, celebrados a la misma hora. La partida de las seis universidades (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Rey Juan Carlos y Carlos III) solo sube un 0,9% respecto a 2024 ―1.052,3 millones, 9,4 millones más―, cuando los rectores llevan meses reclamando 200 millones más (un 18%). La UCM es la más perjudicada, por su tamaño (un millón de metros cuadrados construidos), el envejecimiento de su plantilla y el mal estado de edificios muy antiguos.
Los datos oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades cifran la ocupación media de alumnos en los grados de la Complutense en el 96%, pero hay ramas del conocimiento con más alumnos de los previstos (ese pequeño exceso está autorizado). La de Ciencias tuvo un 107% de ocupación el curso pasado y un 112% la de Ciencias de la Salud. En ingenierías (98%) y ciencias sociales (93%) el porcentaje también es muy alto, pero baja de forma drástica en arte y humanidades (83%). Previsiblemente, es en esta rama en la que se centre el estudio de extinción de títulos de grado de la UCM. El campus no detalla en el estudio qué títulos se encuentran en la cuerda floja.
De facto, la eliminación podría suponer que esas titulaciones no se oferten en ningún lugar de Madrid. Porque los centros privados solo apuestan por carreras con gran demanda ―y si dejan de tenerla las quitan, como ha ocurrido con grados de ingeniería― y las públicas no las contemplaron. La UCM es la única generalista de gran tamaño. La Politécnica se centra en ingenierías, la Carlos III se ha especializado en ciencias sociales y en las carreras técnicas ―abre ahora títulos de ciencias de la salud de enorme demanda―, la Rey Juan Carlos (creada en 1996) descartó los grados que ya no tenían mucho tirón y ha cerrado grupos para hacer frente a su baja financiación.
La universidad pública se consideró tradicionalmente la cuna del saber sobre el que se asientan los principios de una sociedad democrática y, por tanto, debía estar volcada en amueblar las cabezas de los alumnos. Pero con el paso de los años y el paro universitario en aumento (aunque menor que el de los trabajadores sin estudios), se ha ido imponiendo una visión más utilitarista de los estudios, con la empleabilidad como principal objetivo. Si finalmente se eliminan grados por falta de fondos, se cumplirá el presagio de los rectores, que han alertado en una carta abierta a Ayuso de su imposibilidad de “garantizar un servicio público de calidad”.
Quitar carreras supone prescindir de profesores con contratos temporales y recolocar a los de plantilla en otras titulaciones. La eliminación de una carrera en ninguna circunstancia afectaría a los alumnos ya matriculados, que siempre mantendrían sus convocatorias y horas de clase.
En el capítulo de posible recorte de gastos, se va a hacer “un informe de situación” del personal docente Investigador funcionario y laboral y del personal de servicios; pero en ningún momento el documento habla de despidos. Fuentes de la UCM aseguran que desde el rectorado no se trasmite a las facultades la intención de reducir plantilla. No es ese el ánimo. Se quiere también “contener” el gasto en material y suministros y de las atenciones protocolarias, “amortizar” equipos o concienciar sobre el gasto en energía. La calefacción es ya un bien de lujo.
Precios externos
En paralelo a la supresión de titulaciones, la UCM se plantea la vía de inaugurar títulos a distancia o semipresenciales con mucha demanda ―lo que garantiza completar las plazas y generar más ingresos― y revisar la oferta de títulos de sus centros adscritos. El modelo de gestión y los precios de sus clínicas universitarias, que prestan servicio a la población con unas tarifas más bajas que en el mercado (análisis sanitarios, odontología, optometría, podología y psicología) se están analizando, así como potenciar cátedras extraordinarias con convenios e institutos de investigación financiadas externamente. Para las becas y los premios se pretende también contar con el respaldo del exterior.
La UCM se plantea, entre otras medidas, crear una unidad de captación de fondos externos (donaciones, patrocinios), comercializar la marca Complutense, alquilar más espacios o presentarse a más convocatorias para subvenciones para edificios BIC (Bien de Interés Cultural).
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